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Continúan las reacciones tras la muerte de Francisco Luis Correa, cerebro y principal testigo del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, en mayo de 2022. Ahora fue Claudia Aguilera, viuda del fiscal, quien envió tres cartas a la justicia colombiana rechazando el hecho y solicitando una reunión para hablar sobre el tema.
Las misivas fueron dirigidas al general William René Salamanca, director general de la Policía Nacional, a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. En ellas habló en nombre propio y de su hijo menor, de quien estaba embarazada al momento de los hechos.
“Consideramos de extrema gravedad el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, condenado y privado de su libertad bajo la custodia del Estado Colombiano, teniendo en cuenta que el mismo aún tenía datos que aportar, -según había manifestado-, y que dichos elementos podrían ser relevantes para lo que resta de la investigación”, dicen las tres cartas.
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Aguilera también resaltó en su comunicación que existía la posibilidad de que Correa Galeano fuera asesinado por su importancia dentro del caso, así como por los aportes a las autoridades que llevaron a la judicialización de los demás implicados en el crimen.
Argumentó que la muerte de Correa Galeano, quien pagaba una condena de seis años y medio de prisión en la cárcel La Picota, cuando fue asesinado, indica que es “evidente que las medidas tomadas no fueron suficientes para proteger su vida, y a la fecha logran obstaculizar la investigación en curso, en relación a determinar quién o quiénes dieron la orden de ejecutar a mi esposo y padre de mi hijo”.
La esposa del fiscal Pecci cerró su comunicación pidiendo el desarrollo de una reunión con la justicia colombiana, para hablar sobre lo ocurrido. Eso sí, de carácter virtual, argumentando “el riesgo al cual nos vemos expuestos, tanto los abogados como miembros de la familia, teniendo en cuenta este último hecho y las amenazas y hechos denunciados por nuestro abogado”.
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Asesinato del Fiscal Pecci
El fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado por hombres armados en una playa de Barú (Cartagena), el 10 de mayo de 2022. Tenía 45 años y estaba allí celebrando su luna de miel con Cristina Aguilera, su esposa, quien también acababa de anunciarle que estaba embarazada.
Pecci era Agente Fiscal Delegado de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público del Paraguay. Era reconocido por su experiencia siguiéndole la pista a los negocios de narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Su asesinato se habría dado por orden de la mafia transnacional, según se conoce.
Correa Galeano habría fraguado el crimen siendo el articulador del homicidio. La investigación de la Fiscalía permitió esclarecer que él recibió el dinero para financiar el crimen y dio la orden a Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Wendret Carrillo, Gabriel Salinas y Eiverson Zabaleta para ejecutarlo.
“Somos conscientes de que este tipo de crímenes requieren financiación y una logística importante (...), pero ello no debe implicar ningún tipo de concesión ni claudicación ante la búsqueda de impunidad procurada por quienes despliegan todo su poderío, para evitar ser identificados y pagar por sus deleznables acciones”, expresó Aguilera sobre el crimen, mediante si carta.
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Un testigo clave
El asesinato de Correa Galeano el pasado 3 de enero causó revuelo por sus implicaciones para el caso. El hombre habría sido asesinado por otro recluso, identificado como Samuel Zuleta Márquez, según las autoridades. Estaba recluido en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota, de Bogotá.
Según la información inicial, ambos reclusos estaban inmersos en una riña en la que Correa Galeano fue herido con arma blanca. Pese a que personal del penal fue hasta el sitio de los hechos, el hombre murió por la gravedad de las heridas.
Correa Galeano había sido judicializado por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, y amenazas contra servidor público. Este último, tras aceptar haber amenazado de muerte a la fiscal del caso y al juez de control de garantías que estaban frente de la investigación.
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