Procuraduría pide explicaciones al Inpec por crimen contra testigo del caso Pecci
Francisco Luis Correa fue asesinado en la mañana de este 3 de enero en La Picota. Todavía no es claro quién ordenó el traslado, del búnker de la Fiscalía a esta prisión, del testigo clave en la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
Pocas horas después del asesinato de Francisco Luis Correa, testigo clave en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, la Procuraduría le pidió explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pues el homicidio ocurrió dentro de la cárcel La Picota.
“En comunicación suscrita por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se requirió al director general de esa entidad, coronel Daniel Gutiérrez, para que informe sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el asesinato de Correa, reportado en la madrugada del viernes 3 de enero de 2025″, pidió la entidad.
Además, la Procuraduría también solicitó confirmación sobre la apertura de una investigación disciplinaria interna por estos hechos y sus presuntos responsables. El asesinato ocurrió en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá, a donde fue trasladado Correa, luego de permanecer recluido en el búnker de la Fiscalía.
Las autoridades también investigan quién ordenó ese traslado de uno de los testigos más importantes para esclarecer quién mandó matar al fiscal Pecci, en hechos ocurridos el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú (Cartagena), mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, Claudia Aguilera, quien para la fecha estaba embarazada.
Correa Galeano estaba preso, cumpliendo con una condena de seis años y medio de prisión. Lo que logró probar la Fiscalía es que Correa recibió el dinero para financiar el crimen y dio la orden a Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Wendret Carrillo, Gabriel Salinas y Eiverson Zabaleta para ejecutarlo.
Además, el ente investigador demostró que Correa Galeano contactó a los sicarios, manejó las finanzas del crimen y transportó el arma con la que asesinaron al fiscal Pecci. El 3 de junio de 2022, el responsable fue capturado.
Por su participación en el crimen y su conocimiento de quién pudo haber financiado el asesinato, Correa Galeano se había convertido en un testigo clave en la investigación. Es más, con la Fiscalía firmó un preacuerdo y le entregó información de los demás implicados, incluidos integrantes de la mafia transnacional, que serían los autores intelectuales del homicidio.
El abogado Francisco Bernate, que representa a la familia Pecci en los procesos en Colombia, lamentó el hecho por lo que significa para el avance de la investigación y el esclarecimiento total del caso. Según el jurista, todo estaba listo para que el 19 de enero se le “perdonara” por el delito de homicidio.
Además, calificó el homicidio como “absolutamente lamentable”, por la información que el sujeto había entregado para esclarecer el caso. “Habíamos advertido a las autoridades sobre el peligro que corría esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”, concluyó Bernate.
El abogado agregó: “Esperamos que el Estado colombiano avance en la investigación de estos hechos y ojalá la Unidad de Protección no siga haciendo caso omiso”. Por ahora, el CTI de la Fiscalía y un fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá continúan haciendo las primeras labores investigativas para esclarecer el crimen.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Pocas horas después del asesinato de Francisco Luis Correa, testigo clave en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, la Procuraduría le pidió explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pues el homicidio ocurrió dentro de la cárcel La Picota.
“En comunicación suscrita por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se requirió al director general de esa entidad, coronel Daniel Gutiérrez, para que informe sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el asesinato de Correa, reportado en la madrugada del viernes 3 de enero de 2025″, pidió la entidad.
Además, la Procuraduría también solicitó confirmación sobre la apertura de una investigación disciplinaria interna por estos hechos y sus presuntos responsables. El asesinato ocurrió en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá, a donde fue trasladado Correa, luego de permanecer recluido en el búnker de la Fiscalía.
Las autoridades también investigan quién ordenó ese traslado de uno de los testigos más importantes para esclarecer quién mandó matar al fiscal Pecci, en hechos ocurridos el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú (Cartagena), mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, Claudia Aguilera, quien para la fecha estaba embarazada.
Correa Galeano estaba preso, cumpliendo con una condena de seis años y medio de prisión. Lo que logró probar la Fiscalía es que Correa recibió el dinero para financiar el crimen y dio la orden a Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Wendret Carrillo, Gabriel Salinas y Eiverson Zabaleta para ejecutarlo.
Además, el ente investigador demostró que Correa Galeano contactó a los sicarios, manejó las finanzas del crimen y transportó el arma con la que asesinaron al fiscal Pecci. El 3 de junio de 2022, el responsable fue capturado.
Por su participación en el crimen y su conocimiento de quién pudo haber financiado el asesinato, Correa Galeano se había convertido en un testigo clave en la investigación. Es más, con la Fiscalía firmó un preacuerdo y le entregó información de los demás implicados, incluidos integrantes de la mafia transnacional, que serían los autores intelectuales del homicidio.
El abogado Francisco Bernate, que representa a la familia Pecci en los procesos en Colombia, lamentó el hecho por lo que significa para el avance de la investigación y el esclarecimiento total del caso. Según el jurista, todo estaba listo para que el 19 de enero se le “perdonara” por el delito de homicidio.
Además, calificó el homicidio como “absolutamente lamentable”, por la información que el sujeto había entregado para esclarecer el caso. “Habíamos advertido a las autoridades sobre el peligro que corría esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”, concluyó Bernate.
El abogado agregó: “Esperamos que el Estado colombiano avance en la investigación de estos hechos y ojalá la Unidad de Protección no siga haciendo caso omiso”. Por ahora, el CTI de la Fiscalía y un fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá continúan haciendo las primeras labores investigativas para esclarecer el crimen.
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