Caso por denuncia de pederastia en Arquidiócesis de Villavicencio se traslada a Bogotá

En la Fiscalía existe una denuncia contra, al menos, 19 sacerdotes que pertenecen a la Arquidiócesis de Villavicencio y que, según una víctima hombre, abusaron de él mientras era menor de edad y también después de cumplir los 18 años. "El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, priorizó el proceso y ordenó su traslado a Bogotá para que sea asumido por la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género, Infancia y Adolescencia, adscrita al despacho de la Vicefiscal General de la Nación".

La Fiscalía explicó que el trabajo que alcanzó a adelantar el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de Villavicencio (Meta) pasará "al Nivel Central en aras de garantizar la objetividad, independencia, celeridad y eficiencia en la administración de justicia". Y que, además, se creó un "equipo interdisciplinario destacado en habilidades específicas, trayectoria, reconocimiento y abordaje de delitos sexuales que continuará con las labores investigativas".

De acuerdo con lo que le contó monseñor Óscar Urbina a El Espectador hace un par de semanas, tanto la víctima como la propia Arquidiócesis radicaron denuncias en la Fiscalía que involucra a casi dos decenas de sacerdotes. Algunos de ellos ya no están en la jurisdicción de esta dependencia: uno está en San José del Guaviare, uno pertenece a la comunidad montfortiana y otro a la franciscana, uno está en Dallas (Estados Unidos) y otro más, en Italia. Todos los 19, asegúró Urbina, fueron suspendidos de sus funciones pastorales mientras la investigación penal y canónica continúa.

Este caso se encuentra también en conocimiento de la Santa Sede, la cual indicará a Colombia cómo proseguir en el proceso interno. Por su parte, desde que Caracol Radio reveló esta denuncia -la de la víctima se presentó en febrero de este año y la de la Arquidiócesis, en marzo-, esta es la segunda decisión de fondo que toma la Fiscalía. Un caso que coincide con otro bastante sonado: el de Carlos Yepes, un reconocido sacerdote de Medellín que fue suspendido hace unos días, por orden directa del Vaticano, a raíz de denuncias en su contra por pederastia.

Por sus habilidades oratorias y comunicatias, Yepes se convirtió en una especie de fenómeno mediático desde el canal Tele Vid, de la congregación mariana de Medellín. Fue director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Colombiana y asesor espiritual de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Su suspensión cayó como un balde de agua fría entre sus feligreses, aunque las denuncias en su contra no son nuevas: las hizo el periodista Juan Pablo Barrientos a través de su libro Dejad que los niños vengan a mí. 

La primera decisión de fondo que tomó la Fiscalía en relacion con el caso de Villavicencio se ejecutó el pasado 8 de abril, que era Miércoles Santo. Ese día, agentes del CTI se presentaron en la sede de la Arquidiócesis de Medellín para hacer una inspección y retirar material que pudiera ser útil para la investigación. "No hubo ocultamiento de información ni allanamiento. Hemos estado colaborando con la Fiscalía, incluso nos reunimos el Miércoles Santo más de ocho horas para poder colaborar con las personas que están haciendo la investigación", aseguró monseñor Urbina.

En la Fiscalía existe una denuncia contra, al menos, 19 sacerdotes que pertenecen a la Arquidiócesis de Villavicencio y que, según una víctima hombre, abusaron de él mientras era menor de edad y también después de cumplir los 18 años. "El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, priorizó el proceso y ordenó su traslado a Bogotá para que sea asumido por la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género, Infancia y Adolescencia, adscrita al despacho de la Vicefiscal General de la Nación".

La Fiscalía explicó que el trabajo que alcanzó a adelantar el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de Villavicencio (Meta) pasará "al Nivel Central en aras de garantizar la objetividad, independencia, celeridad y eficiencia en la administración de justicia". Y que, además, se creó un "equipo interdisciplinario destacado en habilidades específicas, trayectoria, reconocimiento y abordaje de delitos sexuales que continuará con las labores investigativas".

De acuerdo con lo que le contó monseñor Óscar Urbina a El Espectador hace un par de semanas, tanto la víctima como la propia Arquidiócesis radicaron denuncias en la Fiscalía que involucra a casi dos decenas de sacerdotes. Algunos de ellos ya no están en la jurisdicción de esta dependencia: uno está en San José del Guaviare, uno pertenece a la comunidad montfortiana y otro a la franciscana, uno está en Dallas (Estados Unidos) y otro más, en Italia. Todos los 19, asegúró Urbina, fueron suspendidos de sus funciones pastorales mientras la investigación penal y canónica continúa.

Este caso se encuentra también en conocimiento de la Santa Sede, la cual indicará a Colombia cómo proseguir en el proceso interno. Por su parte, desde que Caracol Radio reveló esta denuncia -la de la víctima se presentó en febrero de este año y la de la Arquidiócesis, en marzo-, esta es la segunda decisión de fondo que toma la Fiscalía. Un caso que coincide con otro bastante sonado: el de Carlos Yepes, un reconocido sacerdote de Medellín que fue suspendido hace unos días, por orden directa del Vaticano, a raíz de denuncias en su contra por pederastia.

Por sus habilidades oratorias y comunicatias, Yepes se convirtió en una especie de fenómeno mediático desde el canal Tele Vid, de la congregación mariana de Medellín. Fue director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Colombiana y asesor espiritual de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Su suspensión cayó como un balde de agua fría entre sus feligreses, aunque las denuncias en su contra no son nuevas: las hizo el periodista Juan Pablo Barrientos a través de su libro Dejad que los niños vengan a mí. 

La primera decisión de fondo que tomó la Fiscalía en relacion con el caso de Villavicencio se ejecutó el pasado 8 de abril, que era Miércoles Santo. Ese día, agentes del CTI se presentaron en la sede de la Arquidiócesis de Medellín para hacer una inspección y retirar material que pudiera ser útil para la investigación. "No hubo ocultamiento de información ni allanamiento. Hemos estado colaborando con la Fiscalía, incluso nos reunimos el Miércoles Santo más de ocho horas para poder colaborar con las personas que están haciendo la investigación", aseguró monseñor Urbina.