Caso Santoyo... y todos se lavaron las manos

El inesperado acuerdo al que llegaron el general (r) de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo Velásquez con la justicia norteamericana el pasado lunes, tras aceptar ante un juez de Virginia que había abusado de su posición como oficial para beneficiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, podría costarle al general en retiro mucho más que una condena en Estados Unidos. Como un efecto dominó, su decisión ya ha empezado a remover las fichas en el panorama criollo, en donde muchos no se explican aún cómo fue que este hombre llegó tan lejos en la Fuerza Pública mientras, a la par, ayudaba a los paramilitares.

Al mismo tiempo, para muchos fue motivo de sorpresa la demanda que la defensa de Santoyo interpuso contra la Nación ante el Consejo de Estado. El general (r) exigió una indemnización de $207 millones por los daños y perjuicios causados luego de que la Procuraduría lo sancionara por su participación en interceptaciones ilegales y solicitó que dicha sanción fuera retirada.

Mientras sigue la controversia por las responsabilidades políticas que puedan tener el Senado y el gobierno Uribe en este tema –el primero por ascenderlo a pesar de haber sido destituido por la Procuraduría y el segundo por respaldarlo hasta nombrarlo agregado militar en la Embajada de Italia–, un empolvado expediente se sacude mientras él comienza a entregar información en EE.UU.: el asesinato de Claudia Monsalve Pulgarín y Ángel Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía acaba de solicitar a la justicia norteamericana copia del acuerdo con Santoyo. El caso lleva 12 años en la impunidad, pero para entenderlo hay que remitirse a la única ocasión en que Santoyo estuvo en la mira de las autoridades penales colombianas: la investigación que la Fiscalía desarrolló por las 1.808 interceptaciones ilegales que se realizaron desde el Gaula de Medellín entre 1997 y 2000, principalmente a la línea de Asfaddes, cuando Santoyo era el comandante de esa unidad.

En un documento de 26 páginas, firmado el 29 de agosto de 2003 bajo el radicado 414.170, una Fiscalía especializada de Medellín cerró la puerta a la posibilidad de que Santoyo fuera responsabilizado por aquellas ‘chuzadas’. En éste no se deja lugar a dudas de que desde el Gaula que comandaba Santoyo se interceptó el teléfono de la ONG gracias a la falsificación de la firma de varios fiscales delegados ante el Gaula Urbano de Medellín. Policías de esa unidad, se lee en el expediente, le entregaron órdenes judiciales adulteradas a as Empresas Públicas de Medellín y así pudieron cometer las irregularidades.

En la providencia del organismo investigativo se lee cómo esta investigación fue el carrusel de lavarse las manos. Siete uniformados indagados aseguraron que ellos sólo seguían las órdenes de José Emiliano Piza Reyes –sancionado por la Procuraduría al igual que Santoyo– y de Carlos Arturo Ceballos –asesinado en abril de 2001, poco antes de declarar por este tema–. Es decir, que hacían caso ciegamente a un cabo y un intendente. Los interrogantes de quién había ordenado ‘chuzar’ a Asfaddes y con qué propósito, sin embargo, no fueron resueltos en ese momento ni lo han sido a la fecha.

Según los uniformados cuestionados, sólo Piza y Ceballos lidiaban directamente con las órdenes de interceptación. Los demás ejecutaban. Santoyo, por su parte, le dijo a la Fiscalía que mientras comandaba el Gaula de Medellín hacía control de la Sala Técnica “por vía indirecta”. Es decir, que supervisaba a través de “las explicaciones que le brindaban sus subalternos”. Señaló a Piza y a Ceballos de ser los encargados de la Sala. La Fiscalía tenía en su poder solicitudes de interceptación firmadas por Santoyo, a lo que él respondió que éstas no habían sido elaboradas por él sino por Piza.

La Fiscalía expresó que el delito de las ‘chuzadas’ era “indiscutible”. No deja de llamar la atención, sin embargo, que la investigación no haya pasado del nivel básico. “Alguien determinó esta conducta”, alcanzó a anotar el ente. ¿Quién o quiénes más allá de los operadores, todos policías de bajo rango? Esa es la pregunta que la Fiscalía nunca contestó. El fiscal del caso señaló que lo ocurrido no había sido de ninguna manera casual pero, en vez de indagar más sobre los cerebros tras bambalinas, centró su discusión en uniformados como Wilson Hernández Arana, cabo primero.

La Fiscalía sabía que el número de órdenes para interceptar era enorme y que las ‘chuzadas’ sucedieron “por un espacio de tiempo muy prolongado”. Incluso, indicó que posiblemente “algunos oficiales de alto rango se pusieran de acuerdo para realizar una labor de inteligencia policial contraria al Derecho”. No obstante, la Fiscalía cerró la investigación a favor de los oficiales de más alto rango investigados en este proceso, los entonces coroneles Mauricio Santoyo y Germán Flórez Sánchez y el capitán Harvey Grijalba Suárez, todos sancionados por la Procuraduría.

Así fue como Santoyo se salvó de ir a juicio en Colombia. Para las autoridades estadounidenses, sin embargo, el general (r) hizo varias cosas para ayudar a los paramilitares, entre ellas interceptar líneas telefónicas. Lo que la Fiscalía colombiana busca ahora establecer es qué relación hay entre los crímenes admitidos por el general (r) Santoyo en ese país y la muerte de Claudia Monsalve Pulgarín y Ángel Quintero Mesa, quienes desaparecieron el 6 de octubre de 2000 en el centro de Medellín.

Según los cargos que la Fiscalía de EE.UU. le formuló a Santoyo y que éste aceptó al admitir que había ayudado a las AUC, el alto oficial de la Policía recibía sobornos de los paramilitares a cambio de entregar información sobre personas que los ‘paras’ posteriormente asesinaban. Para el ente investigativo colombiano, este es el momento clave para intentar dejar de lado la impunidad que durante 12 años ha carcomido el expediente de Ángel Quintero y Claudia Monsalve y descifrar de una buena vez si Santoyo fue responsable de alguna manera de esas muertes.

“Reconstrucción moral”: Gómez

Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado, calificó de “lamentable” la actuación del general (r) Santoyo y afirmó que este episodio debe servir para reconstruir la integridad de las instituciones y del país. El presidente del alto tribunal, que en este momento define la situación disciplinaria del general (r) Mauricio Santoyo, afirmó que esta investigación será realizada con celeridad debido a la importancia del caso. Gómez Aranguren también manifestó que es vergonzoso que otro país esté juzgando al uniformado por crímenes que éste cometió en Colombia. De acuerdo con el alto funcionario, “es muy lamentable la extradición como primera dosis de respuesta frente a los delitos de los colombianos que infringen la ley y violan los códigos. La primera respuesta la tenemos que dar los jueces colombianos”.

El inesperado acuerdo al que llegaron el general (r) de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo Velásquez con la justicia norteamericana el pasado lunes, tras aceptar ante un juez de Virginia que había abusado de su posición como oficial para beneficiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, podría costarle al general en retiro mucho más que una condena en Estados Unidos. Como un efecto dominó, su decisión ya ha empezado a remover las fichas en el panorama criollo, en donde muchos no se explican aún cómo fue que este hombre llegó tan lejos en la Fuerza Pública mientras, a la par, ayudaba a los paramilitares.

Al mismo tiempo, para muchos fue motivo de sorpresa la demanda que la defensa de Santoyo interpuso contra la Nación ante el Consejo de Estado. El general (r) exigió una indemnización de $207 millones por los daños y perjuicios causados luego de que la Procuraduría lo sancionara por su participación en interceptaciones ilegales y solicitó que dicha sanción fuera retirada.

Mientras sigue la controversia por las responsabilidades políticas que puedan tener el Senado y el gobierno Uribe en este tema –el primero por ascenderlo a pesar de haber sido destituido por la Procuraduría y el segundo por respaldarlo hasta nombrarlo agregado militar en la Embajada de Italia–, un empolvado expediente se sacude mientras él comienza a entregar información en EE.UU.: el asesinato de Claudia Monsalve Pulgarín y Ángel Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía acaba de solicitar a la justicia norteamericana copia del acuerdo con Santoyo. El caso lleva 12 años en la impunidad, pero para entenderlo hay que remitirse a la única ocasión en que Santoyo estuvo en la mira de las autoridades penales colombianas: la investigación que la Fiscalía desarrolló por las 1.808 interceptaciones ilegales que se realizaron desde el Gaula de Medellín entre 1997 y 2000, principalmente a la línea de Asfaddes, cuando Santoyo era el comandante de esa unidad.

En un documento de 26 páginas, firmado el 29 de agosto de 2003 bajo el radicado 414.170, una Fiscalía especializada de Medellín cerró la puerta a la posibilidad de que Santoyo fuera responsabilizado por aquellas ‘chuzadas’. En éste no se deja lugar a dudas de que desde el Gaula que comandaba Santoyo se interceptó el teléfono de la ONG gracias a la falsificación de la firma de varios fiscales delegados ante el Gaula Urbano de Medellín. Policías de esa unidad, se lee en el expediente, le entregaron órdenes judiciales adulteradas a as Empresas Públicas de Medellín y así pudieron cometer las irregularidades.

En la providencia del organismo investigativo se lee cómo esta investigación fue el carrusel de lavarse las manos. Siete uniformados indagados aseguraron que ellos sólo seguían las órdenes de José Emiliano Piza Reyes –sancionado por la Procuraduría al igual que Santoyo– y de Carlos Arturo Ceballos –asesinado en abril de 2001, poco antes de declarar por este tema–. Es decir, que hacían caso ciegamente a un cabo y un intendente. Los interrogantes de quién había ordenado ‘chuzar’ a Asfaddes y con qué propósito, sin embargo, no fueron resueltos en ese momento ni lo han sido a la fecha.

Según los uniformados cuestionados, sólo Piza y Ceballos lidiaban directamente con las órdenes de interceptación. Los demás ejecutaban. Santoyo, por su parte, le dijo a la Fiscalía que mientras comandaba el Gaula de Medellín hacía control de la Sala Técnica “por vía indirecta”. Es decir, que supervisaba a través de “las explicaciones que le brindaban sus subalternos”. Señaló a Piza y a Ceballos de ser los encargados de la Sala. La Fiscalía tenía en su poder solicitudes de interceptación firmadas por Santoyo, a lo que él respondió que éstas no habían sido elaboradas por él sino por Piza.

La Fiscalía expresó que el delito de las ‘chuzadas’ era “indiscutible”. No deja de llamar la atención, sin embargo, que la investigación no haya pasado del nivel básico. “Alguien determinó esta conducta”, alcanzó a anotar el ente. ¿Quién o quiénes más allá de los operadores, todos policías de bajo rango? Esa es la pregunta que la Fiscalía nunca contestó. El fiscal del caso señaló que lo ocurrido no había sido de ninguna manera casual pero, en vez de indagar más sobre los cerebros tras bambalinas, centró su discusión en uniformados como Wilson Hernández Arana, cabo primero.

La Fiscalía sabía que el número de órdenes para interceptar era enorme y que las ‘chuzadas’ sucedieron “por un espacio de tiempo muy prolongado”. Incluso, indicó que posiblemente “algunos oficiales de alto rango se pusieran de acuerdo para realizar una labor de inteligencia policial contraria al Derecho”. No obstante, la Fiscalía cerró la investigación a favor de los oficiales de más alto rango investigados en este proceso, los entonces coroneles Mauricio Santoyo y Germán Flórez Sánchez y el capitán Harvey Grijalba Suárez, todos sancionados por la Procuraduría.

Así fue como Santoyo se salvó de ir a juicio en Colombia. Para las autoridades estadounidenses, sin embargo, el general (r) hizo varias cosas para ayudar a los paramilitares, entre ellas interceptar líneas telefónicas. Lo que la Fiscalía colombiana busca ahora establecer es qué relación hay entre los crímenes admitidos por el general (r) Santoyo en ese país y la muerte de Claudia Monsalve Pulgarín y Ángel Quintero Mesa, quienes desaparecieron el 6 de octubre de 2000 en el centro de Medellín.

Según los cargos que la Fiscalía de EE.UU. le formuló a Santoyo y que éste aceptó al admitir que había ayudado a las AUC, el alto oficial de la Policía recibía sobornos de los paramilitares a cambio de entregar información sobre personas que los ‘paras’ posteriormente asesinaban. Para el ente investigativo colombiano, este es el momento clave para intentar dejar de lado la impunidad que durante 12 años ha carcomido el expediente de Ángel Quintero y Claudia Monsalve y descifrar de una buena vez si Santoyo fue responsable de alguna manera de esas muertes.

“Reconstrucción moral”: Gómez

Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado, calificó de “lamentable” la actuación del general (r) Santoyo y afirmó que este episodio debe servir para reconstruir la integridad de las instituciones y del país. El presidente del alto tribunal, que en este momento define la situación disciplinaria del general (r) Mauricio Santoyo, afirmó que esta investigación será realizada con celeridad debido a la importancia del caso. Gómez Aranguren también manifestó que es vergonzoso que otro país esté juzgando al uniformado por crímenes que éste cometió en Colombia. De acuerdo con el alto funcionario, “es muy lamentable la extradición como primera dosis de respuesta frente a los delitos de los colombianos que infringen la ley y violan los códigos. La primera respuesta la tenemos que dar los jueces colombianos”.