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Nuevos exmiembros de las Farc fueron llamados a versión voluntaria por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del macrocaso 01, que determina las responsabilidades de antiguos miembros de esa organización en casos de secuestros cometidos durante el conflicto armado. Las versiones se realizarán de manera presencial en Bogotá y de forma escrita.
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Este nuevo llamado, según explicó la JEP en el auto en el que toma la decisión, hace parte del trabajo que realiza esa justicia especial a escala de frentes a través de la identificación de los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada. Se trata de Luis Alfredo Urbano, Arbey Pérez, Celso Antonio Serna, Eugenio Quezada, Jorge Eliécer Trejo, Jorge Enrique Rodríguez, Julio Ramos Castro, Luis Alberto Sánchez, Mauricio Vargas, Rodrigo Sepúlveda y Wilson Peña.
El órgano de justicia especial explicó además que el llamado de estos 11 exmiembros se da luego de la construcción de varias fuentes de información, como los informes entregados por las víctimas y entidades del Estado, los aportes de verdad entregados por los comparecientes tanto en versiones voluntarias individuales como colectivas, la información recaudada por la Sala en el ejercicio de su facultad probatoria y las solicitudes de acreditación y observaciones a las versiones voluntarias presentadas por parte de las víctimas. Entre ellas, víctimas de secuestro y sobrevivientes de la masacre de Urrao, así como por el crimen del exgobernador Guillermo Gaviria.
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En junio de 2023, la JEP ya había citado a declarar a exjefes del Bloque Oriental de FARC acusados de secuestro. Entre los convocados se encontraban Bernardo Mosquera Machado, conocido como El Negro Antonio, a quien se le atribuyen hasta un centenar de secuestros, también mandos medios como Víctor Tirado, quien fue comandante además en la región del Urabá, Kunta Kinte, Albeiro Córdoba, entre otros.
En esa ocasión también fueron citados Wílmer Antonio Marín Cano, conocido en la guerra como Hugo 22, y quien fue jefe del frente que lleva ese mismo número. Entre 1998 y 2003, esa estructura llegó a captar hasta 500 millones de pesos al mes, lo que la convirtió en la que más recursos acumulaba especialmente producto de los secuestros, según documentó la Comisión de la Verdad (CEV) en el caso sobre las FARC.
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