Caso Telefónica: gobierno pidió anular laudo que perdió Colombia por US$300 millones
Los intereses del 5% generados desde 2018, cuando inició el arbitraje internacional, sumados a la suma solicitada, dan aproximadamente 500 millones de euros que el país tendrá que pagarle a Telefónica.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) solicitó esta mañana la anulación del laudo por el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a Colombia a pagar la suma de US$379.804 millones. El país argumenta que el tribunal internacional tomó decisiones sobre un caso de tipo contractual que ya se había discutido en la justicia colombiana y ya había sido resuelto.
Según la Agencia, el Ciadi no tuvo en cuenta los argumentos de defensa del país frente a una “ausencia de expectativas legítimas de Telefónica” en el litigio. Además, responsabilizó al organismo internacional por las demoras en el proceso jurídico, lo que habría llevado al pago de intereses altos en la multa a favor de la empresa extranjera.
“En la solicitud de anulación Colombia alega que el tribunal ignoró el derecho aplicable a la controversia. Adicionalmente, en contraversión del derecho internacional, el tribunal actuó como una corte de apelación sobre asuntos de derecho colombiano decididos por la Corte Constitucional y se pronunció sobre una controversia meramente contractual ya resuelta en el arbitraje CCB”, comunicó la Andje.
Los líos con Telefónica
La controversia entre el gigante español de las comunicaciones y Colombia se remonta a los años 90, cuando ambas partes firmaron un contrato para la llegada al país de la empresa conocida como Telefónica.
Los negocios entre ambas partes terminaron en 2014, luego de que Colombia hubiese firmado dos leyes de 1998 y 2009 que eliminaban la “reversión de activos” contemplada en la cláusula 33 del contrato, según la cual Movistar debía devolver toda la infraestructura concedida por Colombia para su operación en el país.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CBB) fue la primera mediadora en el lío contractual y en 2017 falló a favor de Colombia. Como la devolución de la infraestructura era imposible, Movistar y Claro, que también tenía otro contrato con el país, tendrían que pagar una multa de $4,8 billones.
Ambas empresas pagaron, pero no conformes con la decisión, la llevaron al Ciadi. Claro perdió el laudo en 2021 y no recibió el reembolso del dinero pagado a Colombia. Pero la más reciente decisión del tribunal internacional fue a favor de Telefónica y en contra del país.
Además del reembolso del dinero, el Estado deberá reconocer los intereses del 5% generados desde 2018, cuando se apeló la primera decisión. Eso corresponde a cerca de 500 millones de euros. La razón del Ciadi para beneficiar a Telefónica y no a Claro con su decisión es que ejecutó el laudo a partir de lo que está consignado en el Tratado Bilateral de Inversión con España.
La negativa del gobierno
Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro dejó ver su inconformidad con el fallo y le ordenó a los ministros de Comercio y TIC, Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano, revisar las condiciones de los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos.
“¿Por qué nosotros no tenemos la soberanía de exigir que si hay conflictos, sea bajo la justicia colombiana o bajo la justicia latinoamericana de litigios?”, cuestionó el presidente durante un evento la semana pasada en la Casa de Nariño.
Ahora, tras la solicitud de la Andje de anular la decisión, va también un requerimiento de suspensión de la ejecución del laudo entre Colombia y Telefónica, mientras no se organice un comité ad hoc del Ciadi para que desenrede de nuevo el entramado de solicitudes de Colombia en el proceso jurídico.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) solicitó esta mañana la anulación del laudo por el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a Colombia a pagar la suma de US$379.804 millones. El país argumenta que el tribunal internacional tomó decisiones sobre un caso de tipo contractual que ya se había discutido en la justicia colombiana y ya había sido resuelto.
Según la Agencia, el Ciadi no tuvo en cuenta los argumentos de defensa del país frente a una “ausencia de expectativas legítimas de Telefónica” en el litigio. Además, responsabilizó al organismo internacional por las demoras en el proceso jurídico, lo que habría llevado al pago de intereses altos en la multa a favor de la empresa extranjera.
“En la solicitud de anulación Colombia alega que el tribunal ignoró el derecho aplicable a la controversia. Adicionalmente, en contraversión del derecho internacional, el tribunal actuó como una corte de apelación sobre asuntos de derecho colombiano decididos por la Corte Constitucional y se pronunció sobre una controversia meramente contractual ya resuelta en el arbitraje CCB”, comunicó la Andje.
Los líos con Telefónica
La controversia entre el gigante español de las comunicaciones y Colombia se remonta a los años 90, cuando ambas partes firmaron un contrato para la llegada al país de la empresa conocida como Telefónica.
Los negocios entre ambas partes terminaron en 2014, luego de que Colombia hubiese firmado dos leyes de 1998 y 2009 que eliminaban la “reversión de activos” contemplada en la cláusula 33 del contrato, según la cual Movistar debía devolver toda la infraestructura concedida por Colombia para su operación en el país.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CBB) fue la primera mediadora en el lío contractual y en 2017 falló a favor de Colombia. Como la devolución de la infraestructura era imposible, Movistar y Claro, que también tenía otro contrato con el país, tendrían que pagar una multa de $4,8 billones.
Ambas empresas pagaron, pero no conformes con la decisión, la llevaron al Ciadi. Claro perdió el laudo en 2021 y no recibió el reembolso del dinero pagado a Colombia. Pero la más reciente decisión del tribunal internacional fue a favor de Telefónica y en contra del país.
Además del reembolso del dinero, el Estado deberá reconocer los intereses del 5% generados desde 2018, cuando se apeló la primera decisión. Eso corresponde a cerca de 500 millones de euros. La razón del Ciadi para beneficiar a Telefónica y no a Claro con su decisión es que ejecutó el laudo a partir de lo que está consignado en el Tratado Bilateral de Inversión con España.
La negativa del gobierno
Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro dejó ver su inconformidad con el fallo y le ordenó a los ministros de Comercio y TIC, Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano, revisar las condiciones de los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos.
“¿Por qué nosotros no tenemos la soberanía de exigir que si hay conflictos, sea bajo la justicia colombiana o bajo la justicia latinoamericana de litigios?”, cuestionó el presidente durante un evento la semana pasada en la Casa de Nariño.
Ahora, tras la solicitud de la Andje de anular la decisión, va también un requerimiento de suspensión de la ejecución del laudo entre Colombia y Telefónica, mientras no se organice un comité ad hoc del Ciadi para que desenrede de nuevo el entramado de solicitudes de Colombia en el proceso jurídico.
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