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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) suspendió de manera provisional la ejecución del laudo arbitral que condenaba a Colombia a pagar $US379 millones a Telefónica, como resultado de una disputa contractual con la multinacional española. La decisión fue tomada el pasado 6 de diciembre tras una solicitud presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Con esta medida, Telefónica no podrá cobrar el monto de la condena mientras un comité ad hoc, que será designado próximamente, evalúa la solicitud de anulación presentada por Colombia. En esta solicitud, el Gobierno argumenta que el laudo presenta graves irregularidades, como falta de motivación, extralimitación de funciones del tribunal arbitral y violaciones al debido proceso.
La controversia entre Telefónica y el Estado colombiano se remonta a la década de 1990, cuando la empresa española firmó un contrato para operar en el país. El conflicto surgió a raíz de la cláusula 33 del contrato, que establecía la “reversión de activos”, es decir, la devolución de la infraestructura otorgada por Colombia al final del acuerdo.
En 2014, el Gobierno colombiano argumentó que las leyes aprobadas en 1998 y 2009 habían eliminado esa cláusula, lo que llevó a un litigio. En 2017, la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor del Estado y determinó que Telefónica y Claro, otra empresa involucrada en un caso similar, debían pagar una multa de $4,8 billones al no poder devolver la infraestructura.
Aunque ambas compañías realizaron el pago, Telefónica apeló la decisión ante el CIADI, logrando que en su caso el tribunal internacional fallara a su favor, mientras que Claro perdió su recurso en 2021.
El impacto de la decisión del CIADI
La decisión del CIADI de beneficiar a Telefónica se basó en el Tratado Bilateral de Inversión entre Colombia y España, lo que obligaría al país no solo a reembolsar los $379 millones de dólares, sino también a pagar intereses del 5% desde 2018, lo que eleva la cifra a cerca de $500 millones de euros.
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No obstante, con la reciente suspensión provisional, Colombia gana tiempo para defender su posición ante el comité ad hoc, que deberá decidir si anula o mantiene el laudo.
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