Caso Mintic: Testigo dice que se negoció 50/50 en el convenio con Emilio Tapia
Juan Carlos Ángel Cáceres, uno de los testigos claves en el entramado de corrupción, le contó a la Fiscalía que el dinero del anticipo de $70 mil millones se repartió en varias empresas de Tapia, una de ellas en Dubái y otras más en Estados Unidos.
Juan Carlos Ángel Cáceres, uno de los testigos estrella de la Fiscalía en el entramado de corrupción que se suscitó con el contrato que tenía la finalidad de llevar internet a los niños ubicados en zonas alejadas del país, ya contó su versión de los hechos. Durante un poco más de una hora, reveló ante una fiscal delegada, la forma en la que se registró el convenio que lo tiene ya en una investigación judicial en la que está buscando beneficios. El caso se remonta a la adjudicación de un billonario contrato en el que habrían presentado garantías bancarias falsas y en la posterior pérdida de $70 mil millones de un anticipo. El caso ya le costó la salida del Ministerio de la Tecnología y la Comunicación (Mintic) a la hoy exministra Karen Abudinen.
En la declaración, Cáceres dijo que está dispuesto a firmar un principio de oportunidad a cambio de contar la verdad sobre cómo se llevó a cabo la contratación y quiénes fueron os cerebros del entramado. “Quiero dejar claridad que yo vine aquí solo hablar de la verdad de todo lo que ustedes quieran saber. Yo quiero que se esclarezca todo lo que están diciendo, por eso yo vengo y me presento voluntariamente y que ojalá con toda la información que yo les dé, si llegan a ver que cometí alguna falta, pueda tener la oportunidad de tener un principio de oportunidad y que yo pueda aclarar más las cosas”, dijo el empresario.
Lea aquí: El camino hacia las primeras capturas del escándalo del Mintic
Cáceres, en su declaración, echó al agua a Emilio Tapia, conocido como el zar de la contratación. En el pasado, el cordobés ya estuvo ante los estrados judiciales y fue condenado por las irregularidades que se registraron con el carrusel de la contratación de Bogotá. En ese entramado de corrupción, Tapia le ayudó a la Fiscalía, con sus versiones, a esclarecer lo que ocurrió en esa época cuando Samuel Moreno, también condenado por esos hechos, fungía como alcalde de Bogotá. Una década después de lo sucedido en la capital, Tapia se encuentra nuevamente ante la justicia.
El papel de Cáceres en toda esta situación, a su juicio, no fue otra que generar una alianza entre empresas. Según ha expuesto, Tapia lo buscó por su experiencia en temas de tecnología con su empresa Novotic (que terminó siendo una de las integrantes de la unión temporal Centros Urbanos, consorcio que se quedó con el contrato de Mintic). A la fiscal delegada, Cáceres le explicó que es una organización “especializada en llevar millas e integrar proyectos de tecnología. Antes solo era internet, pero ahora son plataformas, aplicaciones, energías renovables. Todo está unido. Todo eso hace Novotic”.
Lea también: Caso MinTIC: cárcel para Emilio Tapia e investigación para funcionarias
La organización parecía ser la empresa ideal que buscaba Tapia con la que pretendía ganar la licitación que abrió el Mintic en 2020 porque, además de la experticia en temas tecnológicos, desde hacía un poco más de tres años, Cáceres, con Novotic, figuraba en la base de datos de la cartera como uno de los proveedores de servicios con contratos de aporte.
Sobre la alianza entre Novatic y Tapia, el testigo dijo que se registró luego de que, durante la pandemia generada por Covid-19, hicieran algunos convenios de exportación de tapabocas. Respecto de la negociación que lo tiene en la cuerda floja, Cáceres dijo que se gestó en la casa de Tapia, ubicada en Barranquilla. No obstante, aclaró que veían el negocio como “algo inalcanzable”. Sin embargo, decidieron intentarlo.
Contexto: Caso Mintic: Procuraduría pide cárcel para Emilio Tapia y otros implicados
Cáceres expuso que él se encargó de adelantar las labores técnicas y que cuando estaban en “la recta final” de conocer cuál empresa se quedaba con la licitación, acordaron un 50/50. “El acuerdo se hizo cuando estábamos para ganar. Cuando ya habíamos entrado a la recta final. El día que nos la ganamos fue una cosa extraordinaria (…) para mí fue una sorpresa y fue satisfactorio”, resaltó el testigo a quien durante su intervención se le cuestionó la forma en la que hicieron el negocio.
El empresario que busca beneficios con esta versión que le contó a la Fiscalía, agregó que el día que ganaron el contrato hubo júbilo en una oficina en el norte de Bogotá. Lloró al conocer la noticia. Abrazó a los presentes, entre ellos, Tapia. “Llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert (Gómez) y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky”, relató.
La fiscal delegada lo increpó en más de una ocasión sobre la forma en la que se llevó a cabo el convenio, aún cuando Cáceres conocía que Tapia no tenía empresa alguna que respaldara los servicios tecnológicos y, sobre todo, cuando conocía que Tapia había tenido antecedentes judiciales por irregularidades en contratación.
Le puede interesar: ‘Documentos falsos de Centros Poblados indujeron al error al MinTIC’: Fiscalía
Cáceres señaló que Tapia le explicó que estaba libre de deudas judiciales y que podía avanzar con la licitación que prometía tener ganancias a largo plazo porque el contrato se firmaría por 11 años y seis meses. Durante ese tiempo, según el testigo, debían entregar equipos y redes tecnológicas que no solo beneficiarían a la comunidad, sino también los bolsillos de quienes se habían ganado la licitación.
El testigo de la Fiscalía también explicó que Tapia sabía que se había contemplado alquilar camionetas y equipos de tecnología de los cuales sacarían provecho sobre su valor real. Cáceres, quien está colaborando en la investigación, agregó que, antes de la captura de Tapia, ocurrida el pasado 21 de septiembre, se reunió con él y le mencionó que se presentaría ante las autoridades para entregar su versión sobre lo ocurrido. “Yo voy a ir y me voy a presentar. Él me dijo: ‘No hay ningún delito. (…) Yo sé que no hemos hecho absolutamente nada malo. Yo soy fiel de lo que se compró, se instaló aquí en Colombia’”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Sobre el anticipo
Una vez “coronado el contrato” por la unión temporal Centros Urbanos, la siguiente tarea fue pedir un anticipo al Mintic para arrancar con la supuesta ejecución del contrato. Los contratistas lograron acceder a un pago de un poco más de $70 mil millones con los que, según quedó registrado en la documentación del ministerios, serviría para comprar los primeros equipos tecnológicos y demás herramientas para instalar los puestos de internet.
Sin embargo, lo que Cáceres le contó a la Fiscalía fue distinto. Según la revista Semana, el empresario explicó que él mismo le entregó parte de ese dinero a Emilio Tapia, porque así se lo había pedido el cordobés, quien le dio instrucciones clarar de en dónde consignar el dinero. Todo, según Cáceres, fue en dólares. Una de las empresas fue Safe Cargo Internacional, a donde envió US$120.000 dólares. Otra fue Cimexp FZ-LLC, al parecer con sede en Dubái, que recibió US$73.000 dólares, aunque Tapia le reprochó que ese monto no lo recibió. Además de esta empresa en exterior, el empresario le aseguró a la Fiscalía que hubieron más.
“2wings Aircraft, por US$150.000 dólares; OLT Logistic, por US$300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por US$50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, explicó el empresario.
El interrogatorio que rindió Cáceres ante la Fiscalía sirvió para que el ente acusador llevara ante los estrados judiciales a Tapia, a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y a Juan José Laverde, agente de seguros. Un juez de garantías de Bogotá los envió a la cárcel como medida preventiva mientras avanza el proceso de investigación en el caso que ya es un nuevo episodio de corrupción en el país.
En mayo pasado, a través de un documento de 29 páginas, el representante legal de Cimexp FZ-LLC, Bruno Miguel Branco, le solicitó a la Fiscalía información respecto de si sobre su nombre o la entidad que preside reposa una investigación penal por ser mencionada en el escándalo de corrupción que buscaba llevar internet a zonas alejadas del país y en el que se habría perdido $70 mil millones. La entidad fue mencionada por el contratista y, ahora, testigo estrella de la Fiscalía, Juan Carlos Ángel Cáceres.
En su declaración, Cáceres dijo que parte de los $70 mil millones se los entregó al empresario Emilio Tapia, salpicado en el escándalo, y condenado años atrás por el Carrusel de la Contratación. Los dineros, según su versión, llegaron a dos empresas, entre ellas, Cimexp FZ-LLC. Con base en esa declaración, Branco le solicitó al fiscal general revelar información sobre si existe una investigación puesto que no recibieron ningún tipo de dinero, producto de esa negociación.
La empresa con sede en Dubai se dedica a la venta, importación y exportación de vehículos y llegó a ser mencionada en el escándalo porque en su momento requirieron una cotización para adquirir unos vehículos que transportarían los equipos tecnológicos a diferentes zonas de difícil acceso. “En razón de ello la sociedad constituida en Colombia, bajo el nombre comercial de Omega Building solicitó a la sociedad Cimexp la cotización de un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser Zara”.
Según el documento que reposa en la Fiscalía, desde la organización hicieron llegar una cotización por $70 mil millones, pero quedó sin piso porque no volvieron a recibir respuesta. “Cabe reiterar que luego de la cotización antes mencionada, no hubo más comunicación con el solicitante, por lo que no hubo venta del vehículo y menos entrega, como tampoco se produjo el pago”.
Para Bruno Branco, la declaración de Cáceres en la que salpica a la entidad que preside ha traído una amenaza al buen nombre e imagen comercial, por lo que consideró pertinente acudir a las autoridades nacionales para que se aclare su situación. En un oficio de dos páginas, la Fiscalía le respondió aduciendo que “no aparecen registros de vinculación a procesos penales”.
Nota de la editora: Este artículo se actualizó con información nueva que allegó la empresa Cimexp en el que la Fiscalía le respondió que no había vinculación penal sobre la entidad ni sus representantes.
Juan Carlos Ángel Cáceres, uno de los testigos estrella de la Fiscalía en el entramado de corrupción que se suscitó con el contrato que tenía la finalidad de llevar internet a los niños ubicados en zonas alejadas del país, ya contó su versión de los hechos. Durante un poco más de una hora, reveló ante una fiscal delegada, la forma en la que se registró el convenio que lo tiene ya en una investigación judicial en la que está buscando beneficios. El caso se remonta a la adjudicación de un billonario contrato en el que habrían presentado garantías bancarias falsas y en la posterior pérdida de $70 mil millones de un anticipo. El caso ya le costó la salida del Ministerio de la Tecnología y la Comunicación (Mintic) a la hoy exministra Karen Abudinen.
En la declaración, Cáceres dijo que está dispuesto a firmar un principio de oportunidad a cambio de contar la verdad sobre cómo se llevó a cabo la contratación y quiénes fueron os cerebros del entramado. “Quiero dejar claridad que yo vine aquí solo hablar de la verdad de todo lo que ustedes quieran saber. Yo quiero que se esclarezca todo lo que están diciendo, por eso yo vengo y me presento voluntariamente y que ojalá con toda la información que yo les dé, si llegan a ver que cometí alguna falta, pueda tener la oportunidad de tener un principio de oportunidad y que yo pueda aclarar más las cosas”, dijo el empresario.
Lea aquí: El camino hacia las primeras capturas del escándalo del Mintic
Cáceres, en su declaración, echó al agua a Emilio Tapia, conocido como el zar de la contratación. En el pasado, el cordobés ya estuvo ante los estrados judiciales y fue condenado por las irregularidades que se registraron con el carrusel de la contratación de Bogotá. En ese entramado de corrupción, Tapia le ayudó a la Fiscalía, con sus versiones, a esclarecer lo que ocurrió en esa época cuando Samuel Moreno, también condenado por esos hechos, fungía como alcalde de Bogotá. Una década después de lo sucedido en la capital, Tapia se encuentra nuevamente ante la justicia.
El papel de Cáceres en toda esta situación, a su juicio, no fue otra que generar una alianza entre empresas. Según ha expuesto, Tapia lo buscó por su experiencia en temas de tecnología con su empresa Novotic (que terminó siendo una de las integrantes de la unión temporal Centros Urbanos, consorcio que se quedó con el contrato de Mintic). A la fiscal delegada, Cáceres le explicó que es una organización “especializada en llevar millas e integrar proyectos de tecnología. Antes solo era internet, pero ahora son plataformas, aplicaciones, energías renovables. Todo está unido. Todo eso hace Novotic”.
Lea también: Caso MinTIC: cárcel para Emilio Tapia e investigación para funcionarias
La organización parecía ser la empresa ideal que buscaba Tapia con la que pretendía ganar la licitación que abrió el Mintic en 2020 porque, además de la experticia en temas tecnológicos, desde hacía un poco más de tres años, Cáceres, con Novotic, figuraba en la base de datos de la cartera como uno de los proveedores de servicios con contratos de aporte.
Sobre la alianza entre Novatic y Tapia, el testigo dijo que se registró luego de que, durante la pandemia generada por Covid-19, hicieran algunos convenios de exportación de tapabocas. Respecto de la negociación que lo tiene en la cuerda floja, Cáceres dijo que se gestó en la casa de Tapia, ubicada en Barranquilla. No obstante, aclaró que veían el negocio como “algo inalcanzable”. Sin embargo, decidieron intentarlo.
Contexto: Caso Mintic: Procuraduría pide cárcel para Emilio Tapia y otros implicados
Cáceres expuso que él se encargó de adelantar las labores técnicas y que cuando estaban en “la recta final” de conocer cuál empresa se quedaba con la licitación, acordaron un 50/50. “El acuerdo se hizo cuando estábamos para ganar. Cuando ya habíamos entrado a la recta final. El día que nos la ganamos fue una cosa extraordinaria (…) para mí fue una sorpresa y fue satisfactorio”, resaltó el testigo a quien durante su intervención se le cuestionó la forma en la que hicieron el negocio.
El empresario que busca beneficios con esta versión que le contó a la Fiscalía, agregó que el día que ganaron el contrato hubo júbilo en una oficina en el norte de Bogotá. Lloró al conocer la noticia. Abrazó a los presentes, entre ellos, Tapia. “Llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert (Gómez) y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky”, relató.
La fiscal delegada lo increpó en más de una ocasión sobre la forma en la que se llevó a cabo el convenio, aún cuando Cáceres conocía que Tapia no tenía empresa alguna que respaldara los servicios tecnológicos y, sobre todo, cuando conocía que Tapia había tenido antecedentes judiciales por irregularidades en contratación.
Le puede interesar: ‘Documentos falsos de Centros Poblados indujeron al error al MinTIC’: Fiscalía
Cáceres señaló que Tapia le explicó que estaba libre de deudas judiciales y que podía avanzar con la licitación que prometía tener ganancias a largo plazo porque el contrato se firmaría por 11 años y seis meses. Durante ese tiempo, según el testigo, debían entregar equipos y redes tecnológicas que no solo beneficiarían a la comunidad, sino también los bolsillos de quienes se habían ganado la licitación.
El testigo de la Fiscalía también explicó que Tapia sabía que se había contemplado alquilar camionetas y equipos de tecnología de los cuales sacarían provecho sobre su valor real. Cáceres, quien está colaborando en la investigación, agregó que, antes de la captura de Tapia, ocurrida el pasado 21 de septiembre, se reunió con él y le mencionó que se presentaría ante las autoridades para entregar su versión sobre lo ocurrido. “Yo voy a ir y me voy a presentar. Él me dijo: ‘No hay ningún delito. (…) Yo sé que no hemos hecho absolutamente nada malo. Yo soy fiel de lo que se compró, se instaló aquí en Colombia’”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Sobre el anticipo
Una vez “coronado el contrato” por la unión temporal Centros Urbanos, la siguiente tarea fue pedir un anticipo al Mintic para arrancar con la supuesta ejecución del contrato. Los contratistas lograron acceder a un pago de un poco más de $70 mil millones con los que, según quedó registrado en la documentación del ministerios, serviría para comprar los primeros equipos tecnológicos y demás herramientas para instalar los puestos de internet.
Sin embargo, lo que Cáceres le contó a la Fiscalía fue distinto. Según la revista Semana, el empresario explicó que él mismo le entregó parte de ese dinero a Emilio Tapia, porque así se lo había pedido el cordobés, quien le dio instrucciones clarar de en dónde consignar el dinero. Todo, según Cáceres, fue en dólares. Una de las empresas fue Safe Cargo Internacional, a donde envió US$120.000 dólares. Otra fue Cimexp FZ-LLC, al parecer con sede en Dubái, que recibió US$73.000 dólares, aunque Tapia le reprochó que ese monto no lo recibió. Además de esta empresa en exterior, el empresario le aseguró a la Fiscalía que hubieron más.
“2wings Aircraft, por US$150.000 dólares; OLT Logistic, por US$300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por US$50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, explicó el empresario.
El interrogatorio que rindió Cáceres ante la Fiscalía sirvió para que el ente acusador llevara ante los estrados judiciales a Tapia, a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y a Juan José Laverde, agente de seguros. Un juez de garantías de Bogotá los envió a la cárcel como medida preventiva mientras avanza el proceso de investigación en el caso que ya es un nuevo episodio de corrupción en el país.
En mayo pasado, a través de un documento de 29 páginas, el representante legal de Cimexp FZ-LLC, Bruno Miguel Branco, le solicitó a la Fiscalía información respecto de si sobre su nombre o la entidad que preside reposa una investigación penal por ser mencionada en el escándalo de corrupción que buscaba llevar internet a zonas alejadas del país y en el que se habría perdido $70 mil millones. La entidad fue mencionada por el contratista y, ahora, testigo estrella de la Fiscalía, Juan Carlos Ángel Cáceres.
En su declaración, Cáceres dijo que parte de los $70 mil millones se los entregó al empresario Emilio Tapia, salpicado en el escándalo, y condenado años atrás por el Carrusel de la Contratación. Los dineros, según su versión, llegaron a dos empresas, entre ellas, Cimexp FZ-LLC. Con base en esa declaración, Branco le solicitó al fiscal general revelar información sobre si existe una investigación puesto que no recibieron ningún tipo de dinero, producto de esa negociación.
La empresa con sede en Dubai se dedica a la venta, importación y exportación de vehículos y llegó a ser mencionada en el escándalo porque en su momento requirieron una cotización para adquirir unos vehículos que transportarían los equipos tecnológicos a diferentes zonas de difícil acceso. “En razón de ello la sociedad constituida en Colombia, bajo el nombre comercial de Omega Building solicitó a la sociedad Cimexp la cotización de un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser Zara”.
Según el documento que reposa en la Fiscalía, desde la organización hicieron llegar una cotización por $70 mil millones, pero quedó sin piso porque no volvieron a recibir respuesta. “Cabe reiterar que luego de la cotización antes mencionada, no hubo más comunicación con el solicitante, por lo que no hubo venta del vehículo y menos entrega, como tampoco se produjo el pago”.
Para Bruno Branco, la declaración de Cáceres en la que salpica a la entidad que preside ha traído una amenaza al buen nombre e imagen comercial, por lo que consideró pertinente acudir a las autoridades nacionales para que se aclare su situación. En un oficio de dos páginas, la Fiscalía le respondió aduciendo que “no aparecen registros de vinculación a procesos penales”.
Nota de la editora: Este artículo se actualizó con información nueva que allegó la empresa Cimexp en el que la Fiscalía le respondió que no había vinculación penal sobre la entidad ni sus representantes.