Caso Ungrd: Corte Suprema llama a indagatoria a cinco congresistas
Por presunta participación en el esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara por el presunto delito de cohecho impropio.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd). El llamado es por el delito de cohecho impropio.
La Corte citó a Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz) y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Las indagatorias son con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
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Según un comunicado del alto tribunal, para tomar esta decisión, la Corte tuvo en cuenta más de 50 pruebas documentales “obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales”. Lo que sostiene la Sala de Instrucción es que habría pruebas suficientes para investigar la hipótesis de que los congresistas, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), “habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd”.
La Corte señaló que, a cambio de respaldar estos conceptos, los legisladores habrían acordado recibir beneficios en forma de proyectos gestionados por la Unidad para la Gestión del Riesgo en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). La investigación reveló que, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, durante los últimos 18 días del período de sesiones del Congreso, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda en 2023.
En paralelo, la alta corte abrió una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de La U) por presuntas irregularidades distintas a las mencionadas. Dado que se trata de hechos diferentes, la Sala ha decidido asignar este caso a otro magistrado para su correspondiente análisis. El llamado a indagatoria se conoce días después de que la Corte Suprema citara a indagatoria a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta responsabilidad en el caso de la Ungrd.
En contexto: Ungrd: Corte Suprema abre investigación a congresistas Iván Name y Andrés Calle
De acuerdo con la Corte, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla Álvarez, a cambio de promover reformas gubernamentales en el Congreso. Además, se investiga si estos fondos fueron utilizados para financiar campañas en las elecciones locales y regionales de octubre del año pasado. Asimismo, la investigación contra Name y Calle se basa en información recopilada por la policía judicial y testimonios obtenidos por la Corte y la Fiscalía.
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd). El llamado es por el delito de cohecho impropio.
La Corte citó a Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz) y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Las indagatorias son con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
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Según un comunicado del alto tribunal, para tomar esta decisión, la Corte tuvo en cuenta más de 50 pruebas documentales “obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales”. Lo que sostiene la Sala de Instrucción es que habría pruebas suficientes para investigar la hipótesis de que los congresistas, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), “habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd”.
La Corte señaló que, a cambio de respaldar estos conceptos, los legisladores habrían acordado recibir beneficios en forma de proyectos gestionados por la Unidad para la Gestión del Riesgo en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). La investigación reveló que, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, durante los últimos 18 días del período de sesiones del Congreso, la CICP emitió 13 de los 18 conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda en 2023.
En paralelo, la alta corte abrió una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de La U) por presuntas irregularidades distintas a las mencionadas. Dado que se trata de hechos diferentes, la Sala ha decidido asignar este caso a otro magistrado para su correspondiente análisis. El llamado a indagatoria se conoce días después de que la Corte Suprema citara a indagatoria a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta responsabilidad en el caso de la Ungrd.
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De acuerdo con la Corte, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla Álvarez, a cambio de promover reformas gubernamentales en el Congreso. Además, se investiga si estos fondos fueron utilizados para financiar campañas en las elecciones locales y regionales de octubre del año pasado. Asimismo, la investigación contra Name y Calle se basa en información recopilada por la policía judicial y testimonios obtenidos por la Corte y la Fiscalía.
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