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La Corte Suprema de Justicia convocó a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, para rendir declaración este jueves 5 de diciembre a las 2:00 p.m. ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez. Su testimonio es considerado clave dentro de las investigaciones por el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y a altos funcionarios del Gobierno Nacional.
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Benavides, quien ya había comparecido ante la Fiscalía, aseguró que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba al tanto de las irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos. En audios revelados por Noticias Caracol, la exasesora señaló que el jefe de la cartera económica utilizó su posición para facilitar acuerdos ilícitos: “El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”.
Según la investigación, estos contratos, valorados en $92.000 millones, habrían sido direccionados hacía proyectos en tres municipios específicos: Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). El objetivo de estas adjudicaciones, presuntamente, era garantizar el apoyo de varios congresistas en la Comisión de Crédito Público, quienes, a cambio, respaldarían la aprobación de préstamos de alto valor para el Gobierno en diciembre de 2023.
Además, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, implicó directamente a la Casa de Nariño en el caso. En su declaración ante la Corte Suprema, López afirmó que altos funcionarios del Gobierno, incluidos ministros como Bonilla, participaron en reuniones donde se acordó la compra de votos de congresistas a cambio de contratos públicos. De acuerdo con López, el cónclave eran varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido para conseguir votos en el Congreso a cambio de contratos y beneficios dirigidos.
Benavides, quien habría sido testigo de las coimas ofrecidas a los legisladores, detalló a la Fiscalía cómo estos acuerdos eran conocidos y autorizados por Bonilla. Según su versión, los congresistas entregaban los contactos de sus contratistas al Ministerio de Hacienda, que se encargaba de gestionar los proyectos en beneficio de los parlamentarios.
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Algunos de los congresistas señalados, como Karen Manrique y Wadith Manzur, han optado por guardar silencio en sus declaraciones ante la Corte Suprema, esperando conocer los testimonios de Benavides y otros implicados, como Olmedo López.
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