Caso Ungrd: Fiscalía cita a imputación de cargos y pedirá cárcel para Sandra Ortiz

Una nueva imputación en el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) fue anunciada por la Fiscalía. Se trata de Sandra Ortiz Novoa, exconsejera presidencial para las Regiones, quien es señalada por el ente investigador como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a este diario que la audiencia de imputación se realizará el próximo viernes 29 de noviembre a las 12:00 del medio día. Durante la diligencia, la Fiscalía solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exfuncionaria.

La exconsejera, cercana al partido Alianza Verde, había asistido al búnker de la Fiscalía para dar su declaración luego de ser mencionada en repetidas ocasiones dentro del expediente como la supuesta persona encargada para mediar entre funcionarios de la Ungrd y el expresidente del Senado, Iván Name, para la entrega de un soborno de $3.000 millones.

Ese dinero, según le contó Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, a las autoridades, tenía como fin que desde la posición de presidente de la cámara alta, el senador Name le diera un empujón a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por esos días se discutían en el Legislativo. Según el exfuncionario, quien se encuentra recluido en una guarnición militar, el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, también habría recibido un soborno de $1.000 millones para el mismo propósito.

Ambos sobornos habrían sido pactados por Pinilla, siguiendo órdenes de Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Las investigaciones arrojan que Sandra Ortiz fue quien se encargó de mediar entre Pinilla y Name para la entrega del dinero.

Para cuadrar la entrega del soborno, dice la Fiscalía, se agendaron reuniones en el Hotel Tequendama de Bogotá, coordinadas por Olmedo López, y en las que Pinilla y Ortiz se encontraron en dos oportunidades. En cada reunión, un día tras otro, el exsubdirector le entregó primero $1.500 millones y luego los $1.500 restantes, los cuales tenían como destino los bolsillos del expresidente del Senado.

Así desglosó la Fiscalía la participación de Ortiz en el entramado durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo el pasado 25 de julio en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla: “Usted, señor López, coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República (...) conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”.

Si bien la exfuncionaria no se ha pronunciado sobre el llamado a imputación de cargos, ha reiterado ser inocente y ha señalado ser objeto de amenazas de muerte e incluso un atentado, luego de que su vehículo de protección se quedara sin frenos.

“Yo soy una mujer sincera y yo llegué donde he llegado es por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes (a los medios) que ese perfilamiento que me han hecho, a esos pocos medios que lo han hecho, que me han perseguido, y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas”, dijo en su momento la funcionaria durante una de sus asistencias al búnker de la Fiscalía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Una nueva imputación en el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) fue anunciada por la Fiscalía. Se trata de Sandra Ortiz Novoa, exconsejera presidencial para las Regiones, quien es señalada por el ente investigador como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a este diario que la audiencia de imputación se realizará el próximo viernes 29 de noviembre a las 12:00 del medio día. Durante la diligencia, la Fiscalía solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exfuncionaria.

La exconsejera, cercana al partido Alianza Verde, había asistido al búnker de la Fiscalía para dar su declaración luego de ser mencionada en repetidas ocasiones dentro del expediente como la supuesta persona encargada para mediar entre funcionarios de la Ungrd y el expresidente del Senado, Iván Name, para la entrega de un soborno de $3.000 millones.

Ese dinero, según le contó Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, a las autoridades, tenía como fin que desde la posición de presidente de la cámara alta, el senador Name le diera un empujón a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por esos días se discutían en el Legislativo. Según el exfuncionario, quien se encuentra recluido en una guarnición militar, el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, también habría recibido un soborno de $1.000 millones para el mismo propósito.

Ambos sobornos habrían sido pactados por Pinilla, siguiendo órdenes de Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Las investigaciones arrojan que Sandra Ortiz fue quien se encargó de mediar entre Pinilla y Name para la entrega del dinero.

Para cuadrar la entrega del soborno, dice la Fiscalía, se agendaron reuniones en el Hotel Tequendama de Bogotá, coordinadas por Olmedo López, y en las que Pinilla y Ortiz se encontraron en dos oportunidades. En cada reunión, un día tras otro, el exsubdirector le entregó primero $1.500 millones y luego los $1.500 restantes, los cuales tenían como destino los bolsillos del expresidente del Senado.

Así desglosó la Fiscalía la participación de Ortiz en el entramado durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo el pasado 25 de julio en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla: “Usted, señor López, coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República (...) conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”.

Si bien la exfuncionaria no se ha pronunciado sobre el llamado a imputación de cargos, ha reiterado ser inocente y ha señalado ser objeto de amenazas de muerte e incluso un atentado, luego de que su vehículo de protección se quedara sin frenos.

“Yo soy una mujer sincera y yo llegué donde he llegado es por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes (a los medios) que ese perfilamiento que me han hecho, a esos pocos medios que lo han hecho, que me han perseguido, y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas”, dijo en su momento la funcionaria durante una de sus asistencias al búnker de la Fiscalía.

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