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Este jueves, a las 9:00 de la mañana, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López (conocido como el Pastuso) serán imputados por su confesa responsabilidad en el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El juez 35 de control de garantías de Bogotá evaluará las pruebas de cada uno de los investigados, quienes han entregado a la Fiscalía una serie de archivos, conversaciones, datos de georreferencia de sus teléfonos y documentos sobre el entramado por sobrecostos en el contrato para llevar 40 carrotanques a La Guajira, y que salpicarían a congresistas y funcionarios del Ejecutivo.
Los tres investigados, según fuentes de la Fiscalía, serán imputados por cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Todos por su confesa responsabilidad en el saqueo a la entidad. En este punto de la investigación, el ente investigador ya cuenta con los elementos necesarios para determinar si acepta o no el principio de oportunidad que han pedido tanto los exdirectivos de la Unidad, así como el Pastuso. Para la defensa de cada uno, sus aportes al expediente han sido valiosos y, por tanto, se han jugado la carta de pedir algunos beneficios.
Tanto los exfuncionarios como el contratista solicitaron una rebaja en la pena que pedirá la Fiscalía este jueves ante un juez penal con función de control de garantías. Olmedo López solicitó una pena de no más de 5,9 años y espera devolver cerca de $1.024 millones de los dineros apropiados tan solo en el caso de los carrotanques, en el cual se presentaron sobrecostos de hasta $20.000 millones, en un contrato que fue firmado por más $46.500 millones en total. Sneyder Pinilla, por su parte, busca una pena de no más de cinco años y devolvería aproximadamente $292 millones por el mismo caso. Luis Eduardo López ha señalado que su pena que no debe ser mayor a cuatro años y se comprometió a devolver más de $4.000 millones.
Si bien las propuestas de los tres investigados están sobre el escritorio de María Cristina Patiño y Andrea Muñoz, las fiscales encargadas de adelantar las pesquisas sobre el caso de los carrotanques, la titular del ente investigador, Luz Adriana Camargo, señaló el pasado martes 23 de julio que esos montos solicitados por la defensa de los tres investigados “no son definitivos” y que ninguno de los tres obtendrá inmunidad total, como lo habían solicitado al inicio, cuando decidieron entregar información a la justicia en búsqueda de beneficios penales. Sin embargo, Camargo precisó que las negociaciones son, precisamente, para buscar una rebaja significativa. “Nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años”, apuntó.
En las últimas horas previas a la audiencia de imputación, tanto el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, como el exsubdirector, Sneyder Pinilla, enviaron mensajes sobre sus situaciones individuales. Por un lado, el exdirector, mediante un video, aseguró tener miedo, pues las amenazas en su contra han aumentado luego de que se filtrara su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que señala a congresistas de verse beneficiados por tres contratos que suman más de $92.000 millones y que, según dijo, fueron gestionados, entre otros, por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Así mismo, el exfuncionario señaló que algunos convenios de la Unidad terminaron en manos del ELN.
En el video, López precisó: “Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Más de 300 folios he entregado en la Fiscalía; hoy doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento (...) le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia que me brinden garantís, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad” concluyó.
Por su parte, Sneyder Pinilla envió una carta al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y al juez que atenderá la audiencia de imputación en su contra este jueves 25 de julio en la que aceptó su responsabilidad en el desfalco a la entidad y pidió perdón por su confesa participación en el entramado. En la misiva, el exsubdirector reconoció que fue parte de una estructura criminal “donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas, se le dio dádivas a altos funcionarios del Gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone. A los colombianos y a las víctimas que por favor me perdonen y a la justicia le digo que me sometí a ella porque no me queda otro camino”.
Mientras esta audiencia sigue su curso, el ente investigador adelanta una indagación preliminar en contra de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Carlos Ramón González, director Nacional de Inteligencia (y anterior director del Departamento Administrativo de la Presidencia) y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien salió del cargo en mayo pasado por su presunta participación en el engranaje de corrupción. Su nombre volvió a salir a flote este jueves 24 de julio, pues un informe de Noticias Caracol reveló que ella habría sostenido reuniones con Sneyder Pinilla para pactar la entrega de un soborno de $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado.
Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene bajo la lupa a los nueve congresistas mencionados por Sneyder Pinilla y Olmedo López, pues, aseguran, se habrían visto beneficiados con contratos irregulares con un único objetivo: votar a favor de proyectos legislativos en favor del gobierno. Los investigados por el alto tribunal son: Andrés Calle, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar (Partido Conservador); Iván Name, Juan Diego Muñoz (Alianza Verde); Julio Elías Chagüi (Partido de la U) y Karen Manrique (Circunscripciones de Paz).
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