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Ya son cinco los implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que deciden guardar silencio ante la Corte Suprema de Justicia. El último en hacerlo fue Juan Diego Muñoz, excongresista de la Alianza Verde, quien se presentó en la mañana del 11 de enero ante la Sala de Instrucción del alto tribunal.
Muñoz aseguró que llegó a la Corte para cumplir con la responsabilidad de explicar su inocencia, pero no se pronunciará sobre la investigación, por indicación del magistrado Misael Rodríguez, quien está investigando el caso por el presunto delito de cohecho impropio.
“Vamos a presentarnos para explicar nuestra inocencia. En ningún momento direccioné contratos, estuve interesado o me apropié de recursos del Estado”, dijo el excongresista en su diligencia en el Palacio de Justicia.
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Los enredos de Muñoz
El político de la Alianza Verde entró en la lista de salpicados en el caso de corrupción de la Ungrd, por haber hecho parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Con él también están implicados los congresistas Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado (Partido Liberal).
Todos han sido citados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, pero solo la representante Bitar Castilla entregó declaraciones. Los demás hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
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Sus nombres aparecieron en la investigación luego de que María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, le dijera a la Fiscalía que había sido utilizada por Ricardo Bonilla, anterior jefe de esa cartera de gobierno, para concretar una feria de contratos y coimas con los congresistas de la Comisión de Crédito Público.
El objetivo era lograr que los congresistas le dieran el visto bueno a los conceptos de operaciones de Crédito Público emitidos por el Ministerio de Hacienda. Olmedo López, exdirector de la Ungrd, señaló a la congresista Manrique de haber escrito de su puño y letra en una libreta los contratos y destinos a los que irían a parar los recursos de lo pactado.
Sobre la relación de Manrique como coordinadora del negocio en la Comisión de Crédito Público, el excongresista Muñoz negó cualquier tipo de relación. “No he mandado a nadie a hablar por mí y no sé por qué estoy en esa lista”, señaló.
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Los otros salpicados
A la lista de congresistas se suma también Julio Elías Chagüi Flórez, senador del Partido de la U por el departamento de Córdoba. El funcionario no fue vinculado al caso principal, porque la Corte Suprema de Justicia no halló mérito para vincularlo por el delito de cohecho impropio.
Sin embargo, el pasado 11 de diciembre se conoció que la magistrada Cristina Lombana será la ponente de su caso y estará al frente de la investigación en contra de Chagüi Flórez por presuntamente haber coordinado a nueve senadores de la Comisión Primera en una operación de redireccionamiento de contratos, que salpicaría también al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
En contexto: Caso Ungrd: magistrada Lombana será la ponente en investigación a senador Chagüi
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia ordenó también el 10 de diciembre un allanamiento a la vivienda de Andrea Ramírez, funcionaria del Ministerio de Hacienda que habría gestado parte de la coordinación con los congresistas de la Comisión de Crédito Público.
Esa inspección es clave para la recolección de pruebas dentro del caso, porque Ramírez antecedió en su cargo a Benavides y tendría conocimiento del entramado de corrupción. Pero cuando estalló el caso, estaba por fuera del Ministerio de Hacienda, en licencia de maternidad, y no sería quien ejecutó lo planeado.
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