Después de tres semanas, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia logró que se privara de su libertad a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, conocido como el pastuso. Por orden de un juez de Bogotá, los dos primeros irán a reclusiones militares y el último a una policial de carabineros. Se trata de el exdirector y exsubdiretor de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y el contratista que se benefició del corrupto contrato de los 40 carrotanques para La Guajira, respectivamente, quienes ta fueron imputados por cinco delitos y ahora están en plena audiencia de medida de aseguramiento preventiva mientras avanzan sus procesos.
Antecedentes: “Son un peligro para la comunidad”: Fiscalía sobre Olmedo López y Sneyder Pinilla
López, Pinilla y López Rosero son procesados en especifico por el señalado contrato para llevar 40 carrotanques a La Guajira, de tal manera que se cubriera el déficit de agua potable en la región. Al contrario de lo que se esperaba para su cargo, los tres ya aceptaron haber firmado dicho acuerdo solo para enriquecerse a partir de sobrecostos. Incluso, como han intentado hacerle creer a la justicia los exfuncionarios López y Pinilla, de ese contrato también habrían salido coimas dirigidas a congresistas y altos funcionarios públicos, con el objetivo de que se aprobaran las reformas del gobierno durante las pasadas legislaturas.
La presente audiencia es la continuación de la diligencia presentada el pasado 7 de agosto, en la cual la Fiscalía, representada por María Cristina Patiño, puso sobre la mesa algunas de las pruebas, desde chats y documentos hasta apartados del interrogatorio de Olmedo López en las instalaciones del búnker, para darle forma al entramado de contratación irregular y desviación de recursos en la Unidad. En sus palabras, los tres imputados son “un peligro para la comunidad”, por lo que, a su juicio, deben ir a prisión mientras se define si el ente investigador les concede el beneficio de principio de oportunidad, el cual han estado buscando desde que iniciaron a entregar información para, así, obtener rebajas penales absolutas.
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La fiscal del caso ha señalado que existe la posibilidad de que las pruebas del caso pueden ser modificadas si los exdirectivos de la Ungrd y el contratista quedan en libertad, pues “se ha determinado la probabilidad de la continuidad de la labor delictiva”. Para el ente investigador, la alteración del material probatorio es un hecho que no es nuevo. Durante un interrogatorio ante la Fiscalía, Sneyder Pinilla reconoció haber borrado algunos chats de WhatsApp “que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados”. Además, la fiscal reveló que cerca de 69 cajas con documentos de la Unidad respecto a otros contratos no aparecen y denunció que estos estarían siendo refundidos por contratistas.
“Se aprovecharon de la miseria de otro ser humano”
Una vez escuchadas las partes, el juez del caso comenzó a dar sus argumentos. Entre las situaciones de mayor gravedad, según el despacho judicial, está la naturaleza de los recursos. Más allá de que se haya entregado el agua o no a La Guajira, lo grave de los hechos es que estaban administrando dinero destinado para calamidades y emergencias públicas. “Se están aprovechando de la miseria de otro ser humano. Prefirieron su interés particular, sobre el general”, explicó el juez, al dar sus consideraciones con respecto a si los exfuncionarios públicos y el contratista representan un peligro para la sociedad.
Luego de ello, al analizar el lugar de reclusión, en principio, el juez del caso entendió que las prisiones bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) están preparadas para garantizar la seguridad de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. Y aunque explicó que “los batallones no son sitios de reclusión” y los procesados no merecen tratos especiales, el juez agregó que ante las circunstancias de amenazas que enfrentan los testigos, es necesario que vayan a reclusiones militares y policiales.
Así las cosas, Olmedo López será recluido en el Cantón Militar Caldas, Sneyder Pinilla quedará en un cantón militar de Artillería y alias el pastuso pasará el proceso de la investigación en una estación de Carabineros. Asimismo, entre los argumentos clave está que la vida de todos ellos podría correr riesgo pues con sus testimonios se ha vinculado a procesos judiciales a altos funcionarios de gobierno e incluso a congresistas en ejercicio.
Asimismo, sobre el evento alertado por la Contraloría con respecto a la pérdida de decenas de cajas con información en las oficinas de la Ungrd, el juez del caso concluyó que no hay manera de atribuirle tal situación a los imputados. Aunque hubiese notas de prensa que así lo indicaran, la Fiscalía o las víctimas del proceso no cuentan con absolutamente ningún elemento material de prueba para así confirmarlo. Aun así, el jefe del despacho le reprochó a Sneyder Pinilla por haber borrado chats de su teléfono a próposito, aun cuando está en un proceso de colaboración con la justicia.
“¿Es un peligro para la sociedad, cuando ha colaborado con la justicia?”: abogado de Sneyder Pinilla
El abogado Luis Gustavo Moreno, quien ya cumplió condena por su papel en el Cartel de La Toga, es quien defiende a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd. Moreno también solicitó que su defendido permanezca en un centro de reclusión militar y pidió a las partes y a la opinión pública que dejen de tratar a Pinilla como una persona que pueda restarle a Colombia. “¿Es un peligro para la sociedad una persona que desde el principio ha colaborado con la justicia y entrega información sobre hechos de corrupción?”, le preguntó Moreno al juez del caso.
De acuerdo con Moreno, Pinilla no podría ir, por ejemplo, a patios en La Picota de Bogotá, pues con el tiempo, asegura, altos funcionarios públicos y congresistas vinculados al caso Ungrd podrían terminar recluidos allí. “Sería de alto riesgo y una forma de tortura (...). Por ello, un centro de reclusión militar entrega garantías suficientes para la seguridad del testigo y evita que sea coaccionado a cambiar su versión “, explicó. Entre otras razones, Moreno aseguró tener cómo probar que, incluso, grupos armados al margen de la ley lo estarían amenazando y que la Fiscalía lo ha catalogado como una persona en riesgo extremo.
Olmedo López, un acordeón “que se abre y que se cierra”
José Luis Moreno, abogado del exdirector de la Ungrd, apeló a razones humanas para explicar ante el juez del caso por qué, en su consideración, su defendido debería afrontar el resto del proceso en una guarnición militar. Para empezar, Moreno señaló que solo allí se podría preservar la verdad que busca contarle a la justicia, pues en un centro carcelario podría ser víctima de amenazas y hasta de asesinato. Moreno les explicó a las partes que tanto ellos como la opinión pública deberían ver el lado humano de López, pues está colaborando con la justicia. “Han popularizado a una persona de manera errónea. Es un padre, un hijo y un amigo”, señaló.
De otro lado, el defensor Moreno apeló a referencias musicales durante su intervención. Entre ellas, que Olmedo López es como un “acordeón que se abre y que se cierra” y que para “escuchar esas notas”, las verdades del caso, es necesario protegerlo. “Las notas más hermosas surgen cuando se respeta el silencio”, fue otra de las frases que quedaron marcadas durante su intervención. Moreno, en todo caso, le solicitó al juez que tenga en cuenta las matrices de colaboración que le ha entregado a la Fiscalía, lo cual demostraría su interés de ayudarle a la justicia a desenredar el caso Ungrd y lo que demostraría que no es un peligro para la sociedad y que no tiene maneras de entorpecer la investigación.
La voz desde La Guajira, los afectados de la corrupción
Moisés Elías Carreño, representante de comunidades de La Guajira, intervino durante la audiencia para poner de presente, quizás, el punto central de todo este engranaje de corrupción: la falta de agua en su región. El defensor explicó que Colombia está atada a atender la niñez en La Guajira, por órdenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, a través de la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, la cual, en 2017, establece que existe una masiva violación de derechos humanos. Y que la población más vulnerable es la niñez.
“Todo esto es lo más importante para la decisión que hoy se toma. Muchos de los contratos que aquí se leyeron eran para comprar o construir plantas desalinizadoras, carrotanques, construcción y mantenimiento de tanques de agua, construcción de pozos profundos de agua. Todo tiene que ver con el acceso al agua potable. Este es un pueblo que se encuentra en peligro de extinción. Podríamos estar en delito que rosa la lesa humanidad. Habría que preguntarnos, ¿cuántos niños han muerto por falta de esa agua? De los 40 carrotanques no ha salido una sola gota de agua”, explicó el defensor Carreño. Por ello, considera que los involucrados son un peligro para la sociedad y merecen estar en prisión.
Los nombres de César Manrique y Carlos Ramón González
El pasado 7 de agosto, previo al inicio de la audiencia, la Fiscalía presentó un organigrama de las cabezas del desfalco a la Unidad, en el que, a la par de López, aparece César Manrique Soacha, jefe del departamento de la Función Pública. Según ese esquema que dibuja a los cerebros del entramado, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo (asesor jurídico de la dirección de la Unidad) y Luis Carlos Barreto Gantiva (exsubdirector de la Ungrd), así como el propio Manrique, “habrían acordado generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd”.
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Las pesquisas determinaron que Olmedo López habría gestionado con Luis Carlos Barreto el traslado de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a raíz de un convenio con la Ungrd, un hecho que se habría adelantado con el visto bueno de Manrique. Cuando el dinero fuese aprobado, “en contraprestación, López permitiría que direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos”, todo a cambio de coimas, señaló la fiscal.
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El nombre de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien salió el pasado 26 de julio de la dirección nacional de Inteligencia, también ocupó gran parte de la diligencia. Según las investigaciones de la Fiscalía, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Dapre le solicitó a Olmedo López que se “cumpliera” con contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros convenios por más de $10.000 millones para su par en la Cámara, Andrés Calle. La Fiscalía, basándose en las pruebas e interrogatorios presentados por López, señaló que estos pactos se dieron en reuniones presenciales en la Casa de Nariño a principios de noviembre de 2023 con el exdirector del Dapre.
Los dineros
En la última audiencia, otro asunto crucial fue la ruta que siguió la Fiscalía entorno a los dineros apropiados de manera ilegal. A través de 21 órdenes de proveeduría se direccionaron contratos por cerca de $228.000 millones y uno de esos convenios fue crucial para destapar el entramado: el de los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El contrato adjudicado a la empresa del Pastuso, Impoamericana Rogers SAS por los 40 vehículos, tuvo un costo total de $46.800 millones. Luego de restarle $9.035 millones por concepto de impuestos, el total quedó en $37.764 millones. A ese valor, dice la Fiscalía, se le restaron otros $23.600 millones por costos legales para la operación y con lo que se supone no debería haber más gastos. Sin embargo, luego de restar esos conceptos, se evidencia un total de más de $14.163 millones, el cual corresponde al sobrecosto del contrato de los carrotanques. De esa suma, de acuerdo con la Fiscalía, habrían salido los recursos para coimas y sobornos.
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