Fiscalía pidió que Olmedo López, Sneyder Pinilla y el “Pastuso” vayan a prisión

La audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cual también cobija al empresario nariñense Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, ha dejado rastros de nuevas fichas que estuvieron detrás del desfalco a la entidad. Durante la diligencia, la Fiscalía ha puesto sobre la mesa diferentes documentos con los que señala directamente a César Manrique Soacha, director del departamento de la Función Pública, de solicitar traslados por más de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través de un convenio con la Ungrd. Parte de ese dinero, según el ente investigador, habría terminado en los bolsillos de contratistas y funcionarios de la entidad. De hecho, en un organigrama presentado por la Fiscalía, Manrique aparece referenciado a la cabeza de la “empresa criminal” junto a Olmedo López.

Otro nombre clave es el de Carlos Ramón González, quien para el momento de los hechos ejercía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hasta hace pocos días cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues renunció a su puesto por las menciones en el entramado de corrupción al interior de la Ungrd. Como contó El Espectador el 25 de julio pasado, luego de la audiencia de imputación de cargos en contra de López, Pinilla y el Pastuso -cargos que no fueron aceptados por ninguno de los tres implicados- el nombre de González tiene que ver con las supuestas órdenes que le habría dado a Olmedo López para gestionar contratos en favor de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

De acuerdo con el ente investigador, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Dapre le solicitó a Olmedo López que se “cumpliera” con los contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado y otros convenios por más de $10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, todo en medio de una reunión presencial entre ambos funcionarios del Ejecutivo. No obstante, en lugar de contratos, los legisladores habrían recibido sobornos por $3.000 millones (para Iván Name) y $1.000 (para Andrés Calle). Esto, dice la Fiscalía, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González a Olmedo López. Cabe recordar que, según exfuncionarios de la Ungrd, estos sobornos fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad al trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Por otra parte, la Fiscalía confirmó al inicio de la diligencia que pedirá medida cautelar de detención preventiva en centro carcelario en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. La investigadora del caso, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, señaló, además, que por el delito de peculado por apropiación podrían recibir penas de prisión de hasta 22 años. Por el delito de concierto para delinquir, la pena podría elevarse hasta 18 años de prisión. En el caso del Pastuso, al no ser funcionario público, la pena sería rebajada en una cuarta parte. La fiscal Patiño, en este apartado, aseguró que los tres imputados “son un peligro para la comunidad”.

Los tres procesados fueron imputados el pasado 25 de julio por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor propio o de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Ninguno aceptó los cargos, por lo que se abre la puerta para que mantengan una negociación con la Fiscalía en busca de beneficios judiciales en sus procesos. Tanto los exdirectivos de la entidad, así como el contratista, han pedido cumplir sus condenas en bases militares y se han comprometido a devolver los dineros apropiados ilegalmente producto del engranaje.

Siga el minuto a minuto de la audiencia de la medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López:

El juzgado 35 de control de garantías de Bogotá fijo la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento para el próximo sábado 31 de agosto a las 8:00 de la mañana.

Luego de solicitar la medida de aseguramiento preventiva de la libertad en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, la fiscal Patiño le pidió al juez 35 de Bogotá que esta sea efectiva en guarniciones militares debido a la situación de riesgo de los tres imputados. “Les asignamos un esquema de seguridad robusto”, añadió la jurista.

La Fiscalía solicitó que los tres imputados deberán ir a prisión de manera preventiva, pues, al “ser un peligro para la comunidad”, podrían manipular las pruebas en su contra. Con esta solicitud, la Fiscalía señala que se busca evitar obstrucciones a la justicia. Así mismo, la fiscal Patiño señaló que los procesados tienen una “incidencia en la opinión pública” por cuenta de sus salidas a los medios de comunicación. “La urgencia de la imposición de la medida de aseguramiento requerida surge en el caso concreto de la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas”, señaló la fiscal.

De acuerdo con la fiscal Patiño, la manipulación de pruebas es una conducta que ya se había visto anteriormente. Recordó, entonces, una confesión de Sneyder Pinilla, quien reconoció haber borrado conversaciones de WhastApp con Luis Eduardo López “que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados”. También se han presentado pérdidas de documentos clave. Según el ente investigador, 69 cajas de documentación de la Ungrd no aparecen.

De acuerdo con la fiscal Patiño, esta medida se pide, a su vez, para que los imputados no tengan contacto con algunos de los miembros que aun trabajan en la Ungrd con el fin de eliminar material probatorio.

En contexto: Fiscalía pone a la par a Olmedo López y a César Manrique en el caso Ungrd

La fiscal Patiño volvió a poner sobre la mesa lo mencionado en la audiencia del pasado 25 de julio, cuando por primera vez puso en el entramado el nombre de César Manrique. De acuerdo con la fiscal, desde septiembre de 2023, Olmedo López, Luis Carlos Barreto Gantiva y César Manrique Soacha gestionaron el “traslado de $100.000 millones de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”. El ente investigador puso de presente que Manrique habría pactado coimas de hasta 7% por siete contratos firmados en razón del convenio por $100.000 millones.

“Sneyder Pinilla y Olmedo López se interesaron en los recursos reducidos de la ANT (los $100.000 millones), los direccionaron a Luis Carlos Barreto, quien en compañía de César Manrique Soacha, conseguiría los contratistas a cambio de una coima equivalente al 7% del valor de cada contrato para Olmedo López, quien a su vez lo repartiría con Sneyder Pinilla y los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita”, resumió la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema.

Con base en el sobrecosto de $14.163 millones, la Fiscalía precisó que un total de $7.821 millones fueron a parar a los bolsillos del Pastuso y $6.342 millones fueron destinados para el pago de coimas a servidores públicos. De esos $6.342 millones, estableció la Fiscalía, un total de $3.000 millones fueron entregados al expresidente del Senado, Iván Name (a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones); $1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle (a través de Sneyder Pinilla); $724 millones para Olmedo López; $342 millones para Sneyder Pinilla y otros $276 millones como intereses de un préstamo solicitado por el mismo Pinilla. Eso suma un total de $5.342 millones. Los $1.000 restantes, entonces, fueron entregados a Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del despacho de Olmedo López, y quien recomendó al Pastuso para el contrato de los carrotanques.

Durante la diligencia, el grupo de fiscales encabezados por María Cristina Patiño puso en evidencia la estrategia para generar sobrecostos en el contrato de los carrotanques. De acuerdo con las pesquisas sobre la trazabilidad del dinero adelantadas por la Fiscalía, el contrato adjudicado a la empresa del Pastuso, Impoamericana Rogers SAS, por 40 carrotanques tuvo un costo total de $46.800 millones. Luego de restarle $9.035 millones por concepto de impuestos, el total quedó en $37.764 millones. A ese valor, dice el ente investigador, se le restaron otros $23.600 millones por costos necesarios para la operación y los que, dice, fueron legales, y con lo que se supone no debería haber más gastos.

Sin embargo, luego de restar esos conceptos, se evidencia un total de más de $14.163 millones, el cual corresponde al sobrecosto del contrato de los 40 carrotanques. De esa suma, de acuerdo con la Fiscalía, habrían salido los recursos para coimas y sobornos.

En una serie de diapositivas, la fiscal Patiño dejó entrever que el desfalco se habría gestado con base en 21 órdenes de proveeduría, por lo que se firmaron contratos hasta por $228.000 millones. Estos convenios tenían como objetivo beneficiar a varios contratistas y funcionarios de la Ungrd, así como a Luis Eduardo López. Además, el ente investigador precisó que fueron 10 territorios los más afectados por el engranaje: los departamentos de La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia; la ciudad de Bogotá; y los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó), Guapi (Cauca) y San Pablo (Nariño).

La fiscal María Cristina Patiño pidió reproducir un audio que, aunque no se pudo escuchar durante la diligencia, sería la confesión de Olmedo López en la que reconoce su participación y la de Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y César Manrique en el desfalco a la Unidad.

Según los documentos de la Fiscalía, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, le pidió al exdirector de la Ungrd Olmedo López que se “cumpliera” con los contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name y más de $10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. No obstante, en lugar de convenios, los legisladores habrían recibido sobornos por $3.000 millones para Name y $1.000 para Calle. Esto, dice la Fiscalía, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González a Olmedo López y del mismo López a Sneyder Pinilla. Cabe recordar que, según los exfuncionarios de la Ungrd, estos sobornos fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad al trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

La representante del ente investigador evidenció apartados del interrogatorio de Olmedo López ante el grupo de fiscales investigadores, en los que se mencionó cómo el exdirector de la Ugrd habría pactado con el entonces director del Dapre el direccionamiento de esos contratos. “Hay que cumplirles, entregarles contratos, (Carlos Ramón González) me habló de montos”, señaló López al grupo de fiscales. La Fiscalía le preguntó, entonces, sí se habían mencionado contratos en sus conversaciones con González, a lo que López respondió que sí, y confirmó que en ese entonces se pactaron los montos de $60.000 millones para Iván Name y $10.000 millones para Andrés Calle en convenios. Esos pactos, dijo López en su interrogatorio en la Fiscalía, se dieron en una reuniones presenciales con el exdirector del Dapre.

La fiscal Patiño insistió que desde la dirección de la Ungrd, en cabeza de Olmedo López, se coordinó, junto a Pinilla, el titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla y su asesora de despacho María Alejandra Benavides, el direccionamiento de contratos para Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) “en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso: Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”.

De acuerdo con el ente investigador, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo (asesor jurídico de la dirección) y Luis Carlos Barreto Gantiva (exsubdirector de la Unidad), y funcionarios de otras entidades estatales como César Manrique Soacha, director del departamento de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la Ungrd, junto con particulares entre los cuales tenemos a Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, quien (...) controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas Impoamericana Rogers SAS (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd”.

El ente acusador, en representación de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, confirmó al inicio de la diligencia que pedirá medida cautelar de detención preventiva en centro carcelario en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. La investigadora señaló, además, que por el delito de peculado por apropiación podrían recibir penas de prisión de hasta 22 años. Por el delito de concierto para delinquir, la pena podría elevarse hasta 18 años de prisión. En el caso del Pastuso, al no ser funcionario público, la pena sería rebajada en una cuarta parte. La fiscal Patiño, en este apartado, aseguró que los tres imputados “son un peligro para la comunidad”.

Antes del inicio de la diligencia, Francisco Bernate, abogado defensor del Pastuso, precisó que la medida de aseguramiento en contra de López Rosero es también una forma de iniciar a pagar su deuda. El penalista confirmó que buscarán que el contratista pague su condena en una guarnición militar en Pasto (Nariño). También señaló que el hecho de que se acepte un principio de oportunidad será una determinación de la Fiscalía y los jueces. Así le responder al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, quien mencionó que el beneficio de principio de oportunidad podría no ser efectivo, pues las empresas del Pastuso son más de 17 y, durante sus declaraciones, habría mencionado únicamente tres compañías de su propiedad, involucradas en el entramado.

Además, el penalista confirmó que tanto la esposa como la hija de López Rosero, también están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, pues sus nombres aparecen como representantes de algunas empresas que participaron en el concurso para obtener el contrato de los carrotanques.

El abogado José Luis Moreno Caballero, defensor del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, aseguró frente a los micrófonos de la prensa que se espera que con la solicitud de medida de aseguramiento, el exfuncionario pueda continuar colaborando con las autoridades judiciales. “Esperamos que no hayan víctimas que no sean realmente víctimas (...) el señor Olmedo López está dispuesto a reparar y asumir las consecuencias de sus actos”.

Así mismo, el abogado se refirió al lugar de reclusión de Olmedo López: “Es fundamental el tema de la guarnición militar, toda vez que el señor Olmedo López tiene un grave riesgo a su integridad y a su vida. Eso no es un privilegio, es una necesidad para que él pueda continuar diciendo la verdad”.

El grupo de investigadores del caso, en cabeza de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pondrá sobre la mesa las pruebas documentales con las que buscará pedir medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cual también cobija al empresario nariñense Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, ha dejado rastros de nuevas fichas que estuvieron detrás del desfalco a la entidad. Durante la diligencia, la Fiscalía ha puesto sobre la mesa diferentes documentos con los que señala directamente a César Manrique Soacha, director del departamento de la Función Pública, de solicitar traslados por más de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través de un convenio con la Ungrd. Parte de ese dinero, según el ente investigador, habría terminado en los bolsillos de contratistas y funcionarios de la entidad. De hecho, en un organigrama presentado por la Fiscalía, Manrique aparece referenciado a la cabeza de la “empresa criminal” junto a Olmedo López.

Otro nombre clave es el de Carlos Ramón González, quien para el momento de los hechos ejercía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hasta hace pocos días cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues renunció a su puesto por las menciones en el entramado de corrupción al interior de la Ungrd. Como contó El Espectador el 25 de julio pasado, luego de la audiencia de imputación de cargos en contra de López, Pinilla y el Pastuso -cargos que no fueron aceptados por ninguno de los tres implicados- el nombre de González tiene que ver con las supuestas órdenes que le habría dado a Olmedo López para gestionar contratos en favor de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

De acuerdo con el ente investigador, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Dapre le solicitó a Olmedo López que se “cumpliera” con los contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado y otros convenios por más de $10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, todo en medio de una reunión presencial entre ambos funcionarios del Ejecutivo. No obstante, en lugar de contratos, los legisladores habrían recibido sobornos por $3.000 millones (para Iván Name) y $1.000 (para Andrés Calle). Esto, dice la Fiscalía, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González a Olmedo López. Cabe recordar que, según exfuncionarios de la Ungrd, estos sobornos fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad al trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Por otra parte, la Fiscalía confirmó al inicio de la diligencia que pedirá medida cautelar de detención preventiva en centro carcelario en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. La investigadora del caso, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, señaló, además, que por el delito de peculado por apropiación podrían recibir penas de prisión de hasta 22 años. Por el delito de concierto para delinquir, la pena podría elevarse hasta 18 años de prisión. En el caso del Pastuso, al no ser funcionario público, la pena sería rebajada en una cuarta parte. La fiscal Patiño, en este apartado, aseguró que los tres imputados “son un peligro para la comunidad”.

Los tres procesados fueron imputados el pasado 25 de julio por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor propio o de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Ninguno aceptó los cargos, por lo que se abre la puerta para que mantengan una negociación con la Fiscalía en busca de beneficios judiciales en sus procesos. Tanto los exdirectivos de la entidad, así como el contratista, han pedido cumplir sus condenas en bases militares y se han comprometido a devolver los dineros apropiados ilegalmente producto del engranaje.

Siga el minuto a minuto de la audiencia de la medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López:

El juzgado 35 de control de garantías de Bogotá fijo la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento para el próximo sábado 31 de agosto a las 8:00 de la mañana.

Luego de solicitar la medida de aseguramiento preventiva de la libertad en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, la fiscal Patiño le pidió al juez 35 de Bogotá que esta sea efectiva en guarniciones militares debido a la situación de riesgo de los tres imputados. “Les asignamos un esquema de seguridad robusto”, añadió la jurista.

La Fiscalía solicitó que los tres imputados deberán ir a prisión de manera preventiva, pues, al “ser un peligro para la comunidad”, podrían manipular las pruebas en su contra. Con esta solicitud, la Fiscalía señala que se busca evitar obstrucciones a la justicia. Así mismo, la fiscal Patiño señaló que los procesados tienen una “incidencia en la opinión pública” por cuenta de sus salidas a los medios de comunicación. “La urgencia de la imposición de la medida de aseguramiento requerida surge en el caso concreto de la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas”, señaló la fiscal.

De acuerdo con la fiscal Patiño, la manipulación de pruebas es una conducta que ya se había visto anteriormente. Recordó, entonces, una confesión de Sneyder Pinilla, quien reconoció haber borrado conversaciones de WhastApp con Luis Eduardo López “que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados”. También se han presentado pérdidas de documentos clave. Según el ente investigador, 69 cajas de documentación de la Ungrd no aparecen.

De acuerdo con la fiscal Patiño, esta medida se pide, a su vez, para que los imputados no tengan contacto con algunos de los miembros que aun trabajan en la Ungrd con el fin de eliminar material probatorio.

En contexto: Fiscalía pone a la par a Olmedo López y a César Manrique en el caso Ungrd

La fiscal Patiño volvió a poner sobre la mesa lo mencionado en la audiencia del pasado 25 de julio, cuando por primera vez puso en el entramado el nombre de César Manrique. De acuerdo con la fiscal, desde septiembre de 2023, Olmedo López, Luis Carlos Barreto Gantiva y César Manrique Soacha gestionaron el “traslado de $100.000 millones de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”. El ente investigador puso de presente que Manrique habría pactado coimas de hasta 7% por siete contratos firmados en razón del convenio por $100.000 millones.

“Sneyder Pinilla y Olmedo López se interesaron en los recursos reducidos de la ANT (los $100.000 millones), los direccionaron a Luis Carlos Barreto, quien en compañía de César Manrique Soacha, conseguiría los contratistas a cambio de una coima equivalente al 7% del valor de cada contrato para Olmedo López, quien a su vez lo repartiría con Sneyder Pinilla y los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita”, resumió la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema.

Con base en el sobrecosto de $14.163 millones, la Fiscalía precisó que un total de $7.821 millones fueron a parar a los bolsillos del Pastuso y $6.342 millones fueron destinados para el pago de coimas a servidores públicos. De esos $6.342 millones, estableció la Fiscalía, un total de $3.000 millones fueron entregados al expresidente del Senado, Iván Name (a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones); $1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle (a través de Sneyder Pinilla); $724 millones para Olmedo López; $342 millones para Sneyder Pinilla y otros $276 millones como intereses de un préstamo solicitado por el mismo Pinilla. Eso suma un total de $5.342 millones. Los $1.000 restantes, entonces, fueron entregados a Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del despacho de Olmedo López, y quien recomendó al Pastuso para el contrato de los carrotanques.

Durante la diligencia, el grupo de fiscales encabezados por María Cristina Patiño puso en evidencia la estrategia para generar sobrecostos en el contrato de los carrotanques. De acuerdo con las pesquisas sobre la trazabilidad del dinero adelantadas por la Fiscalía, el contrato adjudicado a la empresa del Pastuso, Impoamericana Rogers SAS, por 40 carrotanques tuvo un costo total de $46.800 millones. Luego de restarle $9.035 millones por concepto de impuestos, el total quedó en $37.764 millones. A ese valor, dice el ente investigador, se le restaron otros $23.600 millones por costos necesarios para la operación y los que, dice, fueron legales, y con lo que se supone no debería haber más gastos.

Sin embargo, luego de restar esos conceptos, se evidencia un total de más de $14.163 millones, el cual corresponde al sobrecosto del contrato de los 40 carrotanques. De esa suma, de acuerdo con la Fiscalía, habrían salido los recursos para coimas y sobornos.

En una serie de diapositivas, la fiscal Patiño dejó entrever que el desfalco se habría gestado con base en 21 órdenes de proveeduría, por lo que se firmaron contratos hasta por $228.000 millones. Estos convenios tenían como objetivo beneficiar a varios contratistas y funcionarios de la Ungrd, así como a Luis Eduardo López. Además, el ente investigador precisó que fueron 10 territorios los más afectados por el engranaje: los departamentos de La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia; la ciudad de Bogotá; y los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó), Guapi (Cauca) y San Pablo (Nariño).

La fiscal María Cristina Patiño pidió reproducir un audio que, aunque no se pudo escuchar durante la diligencia, sería la confesión de Olmedo López en la que reconoce su participación y la de Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y César Manrique en el desfalco a la Unidad.

Según los documentos de la Fiscalía, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, le pidió al exdirector de la Ungrd Olmedo López que se “cumpliera” con los contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name y más de $10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. No obstante, en lugar de convenios, los legisladores habrían recibido sobornos por $3.000 millones para Name y $1.000 para Calle. Esto, dice la Fiscalía, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González a Olmedo López y del mismo López a Sneyder Pinilla. Cabe recordar que, según los exfuncionarios de la Ungrd, estos sobornos fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad al trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

La representante del ente investigador evidenció apartados del interrogatorio de Olmedo López ante el grupo de fiscales investigadores, en los que se mencionó cómo el exdirector de la Ugrd habría pactado con el entonces director del Dapre el direccionamiento de esos contratos. “Hay que cumplirles, entregarles contratos, (Carlos Ramón González) me habló de montos”, señaló López al grupo de fiscales. La Fiscalía le preguntó, entonces, sí se habían mencionado contratos en sus conversaciones con González, a lo que López respondió que sí, y confirmó que en ese entonces se pactaron los montos de $60.000 millones para Iván Name y $10.000 millones para Andrés Calle en convenios. Esos pactos, dijo López en su interrogatorio en la Fiscalía, se dieron en una reuniones presenciales con el exdirector del Dapre.

La fiscal Patiño insistió que desde la dirección de la Ungrd, en cabeza de Olmedo López, se coordinó, junto a Pinilla, el titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla y su asesora de despacho María Alejandra Benavides, el direccionamiento de contratos para Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) “en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso: Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”.

De acuerdo con el ente investigador, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo (asesor jurídico de la dirección) y Luis Carlos Barreto Gantiva (exsubdirector de la Unidad), y funcionarios de otras entidades estatales como César Manrique Soacha, director del departamento de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la Ungrd, junto con particulares entre los cuales tenemos a Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, quien (...) controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas Impoamericana Rogers SAS (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd”.

El ente acusador, en representación de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, confirmó al inicio de la diligencia que pedirá medida cautelar de detención preventiva en centro carcelario en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. La investigadora señaló, además, que por el delito de peculado por apropiación podrían recibir penas de prisión de hasta 22 años. Por el delito de concierto para delinquir, la pena podría elevarse hasta 18 años de prisión. En el caso del Pastuso, al no ser funcionario público, la pena sería rebajada en una cuarta parte. La fiscal Patiño, en este apartado, aseguró que los tres imputados “son un peligro para la comunidad”.

Antes del inicio de la diligencia, Francisco Bernate, abogado defensor del Pastuso, precisó que la medida de aseguramiento en contra de López Rosero es también una forma de iniciar a pagar su deuda. El penalista confirmó que buscarán que el contratista pague su condena en una guarnición militar en Pasto (Nariño). También señaló que el hecho de que se acepte un principio de oportunidad será una determinación de la Fiscalía y los jueces. Así le responder al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, quien mencionó que el beneficio de principio de oportunidad podría no ser efectivo, pues las empresas del Pastuso son más de 17 y, durante sus declaraciones, habría mencionado únicamente tres compañías de su propiedad, involucradas en el entramado.

Además, el penalista confirmó que tanto la esposa como la hija de López Rosero, también están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, pues sus nombres aparecen como representantes de algunas empresas que participaron en el concurso para obtener el contrato de los carrotanques.

El abogado José Luis Moreno Caballero, defensor del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, aseguró frente a los micrófonos de la prensa que se espera que con la solicitud de medida de aseguramiento, el exfuncionario pueda continuar colaborando con las autoridades judiciales. “Esperamos que no hayan víctimas que no sean realmente víctimas (...) el señor Olmedo López está dispuesto a reparar y asumir las consecuencias de sus actos”.

Así mismo, el abogado se refirió al lugar de reclusión de Olmedo López: “Es fundamental el tema de la guarnición militar, toda vez que el señor Olmedo López tiene un grave riesgo a su integridad y a su vida. Eso no es un privilegio, es una necesidad para que él pueda continuar diciendo la verdad”.

El grupo de investigadores del caso, en cabeza de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pondrá sobre la mesa las pruebas documentales con las que buscará pedir medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

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