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Las investigaciones que se adelantan por el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) han abierto la puerta a nuevos llamados por parte de la Fiscalía para algunos de los presuntos implicados. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que entre finales de la semana pasada y este lunes 7 de octubre, el ente investigador citó a una diligencia de arraigo a Carlos Ramón González, exdirector nacional de Inteligencia, y a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.
Ese procedimiento, en pocas palabras, se adelanta para realizar la individualización de los investigados. Es decir, establecer el lugar de residencia de cada uno y recopilar datos de contacto. Expertos consultados confirmaron que esta diligencia es, por lo general, uno de los pasos previos a una imputación de cargos. No obstante, esa es na posibilidad que por el momento se está analizando. El llamado más reciente fue para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y última cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, que se llevó a cabo el pasado lunes, mismo día que fue citado por la Fiscalía.
Los nombres de ambos exfuncionarios salieron a relucir dentro del expediente por parte de los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad. Los dos antiguos directivos, quienes se encuentran detenidos en guarniciones militares y continúan en negociaciones con la Fiscalía para obtener una rebaja en sus condenas, han dado detalles sobre la participación de González y Ortiz en el entramado ante la Corte Suprema y en diligencias en el búnker del ente de control. Tanto el exdirector de Inteligencia como la exconsejera presidencial han dicho que son inocentes.
Por una parte, según las declaraciones de Olmedo López, este habría recibido supuestas órdenes de Carlos Ramón González (cuando fungía como director del Dapre) de “cumplirle” a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, con contratos de $60.000 millones para el primero y de $10.000 millones para el segundo. Esto, con el fin de, supuestamente, acelerar el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. No obstante, dice López, esos contratos no se adjudicaron y los réditos económicos para ambos congresistas habrían sido de $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, pagados en efectivo para el mismo fin.
Es ahí donde entra el papel de Sandra Ortiz, el cual puso en conocimiento de las autoridades Sneyder Pinilla. De acuerdo con el exsubdirector, él se habría encargado de pagar los sobornos por más de $4.000 millones que, al parecer,, había ordenado previamente el exdirector del Dapre. Y, para cumplir esa labor, recibió la ayuda de Ortiz. La Fiscalía estableció, con base en los testimonios de Pinilla, que la exfuncionaria fue el enlace entre el exsubdirector y el entonces presidente del Senado, Iván Name, para la entrega de los $3.000 millones en efectivo. Según el ente investigador, la entrega del dinero se pactó en el Hotel Tequendama en dos encuentros diferentes.
Cabe recordar que Carlos Ramón González salió de su cargo como director de Inteligencia el pasado 26 de julio, la cual anunció el presidente Petro. “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial”, dijo para entonces el jefe de Estado. Sandra Ortiz, por su parte, ha asistido en repetidas ocasiones a declaraciones en el búnker de la Fiscalía para entregar detalles del caso. A finales de septiembre, la exfuncionaria denunció que su vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección se quedó sin frenos, argumentando que se podría estar fraguando un atentado en su contra.
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