Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá programó para el 14 de enero de 2025, la audiencia de formulación de acusación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, y Sneider Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la misma, serán acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por su uso.
También serán acusados por estos delitos Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez Melo, quienes, al igual que López y Pinilla, se encuentran actualmente privados de la libertad en diferentes centros de reclusión a la espera de un preacuerdo con la Fiscalía. De acuerdo con el escrito de acusación, las autoridades han señalado que las conductas imputadas habrían resultado en un grave perjuicio económico para el Estado, así como en la afectación de la confianza pública en las instituciones.
Según el escrito de acusación conocido por este diario, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, los cinco hombres procesados en este caso “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la Ungrd”. Lo que la Fiscalía sostiene es que, a través de ese entramado corrupto, los investigados lograron consolidarse como “una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos, sobre el general”.
El escrito de acusación agrega que López Martínez, Pinilla, López Rosero, Barreto y Rodríguez direccionaron contratos a dedo, eligiendo ellos mismos los empresarios a quienes se les adjudicarían los negocios “a cambio del pago de coimas para sí o para terceros, e incurrieron en diversas falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación. La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta”.
¿Qué hizo Olmedo López en el escándalo de la Ungrd?
Por ejemplo, sostiene la Fiscalía, Olmedo López dirigió a Sneyder Pinilla para que consiguiera dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a congresistas y lideró la operación para dirigir contratos de la Unidad “para que fueran adjudicados a determinados congresistas u otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos”. Además, dice el ente investigador, delegó en Pinilla “la consecución de contratistas a quienes se les adjudicaría las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros”.
El escrito de acusación da detalles de cómo se habrían dado estos pagos ilícitos y, a manera de ejemplo, señala que el mismo Olmedo López coordinó con Sneyder Pinilla la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name. Se trató, dice la Fiscalía, de una operación que se habría realizado a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien también habría mediado para entregar otros $1.000 millones al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. A Ortiz la Fiscalía ya le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, Tanto Name, como Ortiz y Calle han negado cualquier participación en este entramado criminal.
Sobre esa supuesta entrega de dinero, el ente investigador explicó en el escrito de acusación que hubo otro personaje clave en la coordinación de esos pagos ilícitos: el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, quien por ahora no ha sido llamado a imputación de cargos, pero sí ha negado su participación en el escándalo. Sobre Olmedo López, la Fiscalía no paró allí. Según la investigación, el exdirector de la Ungrd también acordó con Pinilla dirigir “contratos y órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos”.
Algo similar al caso de los carrotanques habría ocurrido con contratos para plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, jagüeyes y pozos subterráneos. Lo que explica la Fiscalía en el escrito de acusación es que Olmedo gestionó con Luis Carlos Barreto y su jefe político, César Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, la modificación de un convenio (el 9677-CV020- 021-2023) entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y la Agencia Nacional de Tierras, “con el propósito de reducir su valor en $100.000 millones de pesos, liberar y trasladar los recursos restantes a favor del Fondo”.
En contraprestación, dice la Fiscalía, Olmedo López permitió que los funcionarios Barreto Gantiva y Manrique Soacha direccionaran a empresarios cercanos a cambio de coimas. El ente investigador incluyó en el escrito de acusación uno de los casos más sensibles para el gobierno Petro: la supuesta participación en este entramado criminal del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En el documento, la Fiscalía señala que Olmedo López “coordinó con Bonilla y María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Según la Fiscalía, los interesados indebidamente en estos negocios fueron los senadores y representantes Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo. Todos menos Chagüi ya fueron llamados a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sin excepción, los congresistas han dicho que nada tuvieron que ver en este caso de corrupción.
¿Cómo fue la participación de Sneyder Pinilla?
Por su parte, como exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, la Fiscalía sostiene que Sneyder Pinilla estuvo encargado de liderar los procesos contractuales relacionados con la adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) para responder a emergencias nacionales o calamidades públicas. La investigación señaló que Pinilla gestionó la contratación de $100.000 millones, liberados del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras, asegurándose de agilizar los trámites con mínimos requisitos y favoreciendo a empresas previamente seleccionadas. Asimismo, habría coordinado con otros funcionarios, como Olmedo López, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto y César Manrique, el direccionamiento de los contratos a cambio de sobornos.
Para la Fiscalía, Pinilla fue el encargado de organizar procesos de selección aparentando transparencia, pero las empresas invitadas ya habían sido alertadas sobre los requisitos y cotizaciones necesarias para incluir los sobornos. Es decir, una contratación amañada. Esta estrategia garantizaba que los contratos fueran adjudicados a los empresarios previamente seleccionados, quienes debían pagar las coimas acordadas. Otro delito por el que se le acusa es la suscripción de documentos públicos con información falsa, como recibos de bienes y servicios no entregados, para que la Fiduprevisora desembolsara los pagos sin cumplir los contratos.
Sobre el caso de los presidentes del Congreso, el ente investigador señaló que, en octubre de 2023, el exsubdirector participó directamente de la entrega del supuesto soborno a Name y Calle. Puntualmente sobre la gestión de Pinilla, la Fiscalía señala que fue él quien se encargó de gestionar un préstamo de $4.000 millones con Pedro Castro, “quien recibió intereses mensuales del 2.3%. El dinero fue entregado en tres cuotas y cancelado en enero de 2024″. Asimismo, el esrito de acusación señala que Pinilla, aparte de reclutar funcionarios y particulares para integrarlos a la estructura ilícita, recibió $5.050 millones en efectivo a través de Juan Camilo Llanos, contratista jurídico de la Ungrd, provenientes de coimas entregadas por el contratista Luis Eduardo López Rosero o sus delegados.
La participación de el Pastuso, Barreto Gantiva y Rodríguez Melo
Estos tres procesados, dice la Fiscalía, actuaron en conjunto con otros funcionarios para manipular contratos millonarios y desviar recursos destinados a la gestión del riesgo y la atención de emergencias. Luis Eduardo López Rosero, alias el Pastuso, se habría apropiado de más de $7.821 millones producto del sobrecosto del contrato para llevar 40 carrotanques a La Guajira, el cual fue entregado a una de sus empresas, Impoamericana Rogers SAS. Según el ente investigador, López Rosero pactó con Olmedo López, Sneider Pinilla y Pedro Rodríguez el pago de sobornos para adjudicar órdenes de proveeduría y agilizar pagos pendientes. Además, habría manipulado los procesos de selección incluyendo tres de sus empresas como oferentes para simular licitaciones aleatorias, y habría incrementado los precios de las cotizaciones para cubrir el valor del contrato y las coimas, generando sobrecostos ilegales.
En cuanto a Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Ungrd entre junio de 2023 y mayo de 2024, la Fiscalía sostiene que desempeñó un rol clave al gestionar la reducción de $100.000 millones del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Estas acciones, se lee en el escrito de acusación, permitieron redirigir fondos al Fondo, con contratos controlados por la red criminal. Entre sus funciones, agrega el ente investigador, se destacan la supervisón al convenio entre el Fondo y la Agencia Nacional de Tierras, asignado por Olmedo López.
Además, habría acordado contratar proyectos como carrotanques, plantas desalinizadoras y mantenimiento de pozos en La Guajira a cambio de sobornos, y habría dirigido contratos a empresas seleccionadas previamente junto a César Augusto Manrique Soacha, labores ilícitas que le habrían servido para recibir un 12% del valor de cada contrato como soborno. Finalmente, Pedro Rodríguez Melo, exasesor Jurídico del Director General de la UNGRD entre junio y diciembre de 2023, habría facilitado y organizado el direccionamiento de contratos a cambio de pagos ilícitos. Para la Fiscalía, Rodríguez entregó información privilegiada a el Pastuso para que este preparara cotizaciones de carrotanques antes de iniciar procesos contractuales. Por sus maniobras ilegales, habría recibido $1.000 millones.
Mientras el caso avanza, Olmedo López Martínez permanece privado de la libertad en el Cantón Militar Caldas, mientras que Sneyder Pinilla Álvarez está recluido en el Batallón de Artillería Fernando Landazábal Reyes. Por su parte, Luis Eduardo López Rosero se encuentra en la Estación de Policía de Carabineros E-26, y tanto Luis Carlos Barreto Gantiva como Pedro Andrés Rodríguez Melo están detenidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota, en Bogotá.
Audiencia y próximos pasos
El juez encargado del caso programó la audiencia de formulación de acusación para el próximo 14 de enero de 2025 a las 9:00 a.m. Durante esta diligencia, la Fiscalía acusará formalmente a los procesados y se dará inicio al juicio penal. El juzgado instruyó al Centro de Servicios Judiciales para notificar a las partes e intervinientes, así como para gestionar la remisión de los acusados desde sus lugares de reclusión.
En el marco del proceso, también se ordenó a la Defensoría asignar abogados a aquellos procesados que carezcan de representación legal, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 906 de 2004. Además, se estableció el uso de medios electrónicos y digitales para agilizar las comunicaciones y garantizar que las citaciones lleguen de manera oportuna a todas las partes involucradas, tal como lo permite la Ley 2213 de 2022.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.