Los nombres pendientes ante la justicia por el escándalo de Gestión del Riesgo
Asesores de la Ungrd, funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo y al menos nueve congresistas están bajo la lupa de autoridades judiciales. Algunos fueron mencionados en la reciente audiencia de medida de aseguramiento y no se descarta que deban responder ante la justicia en los próximos días.
El escándalo de contratación irregular al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene varios nombres que lo rodean, pero solo tres implicados han confesado su responsabilidad en el desfalco. Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad y Luis Eduardo López (o el Pastuso), contratista que habría pactado coimas por varios contratos con la Unidad, han aceptado haber establecido una “empresa criminal” para desviar recursos públicos para atender catástrofes con el fin de favorecer a terceros y llenar sus bolsillos.
En búsqueda de beneficios judiciales en sus procesos, los tres procesados han puesto sobre la mesa nombres de funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, así como de asesores de la Ungrd y congresistas que habrían participado del engranaje. Todos los mencionados han negado su participación. Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los exdirectivos y el Pastuso el pasado 7 de agosto, la Fiscalía señaló que “funcionarios de todos los niveles están siendo indagados. La organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estando en libertad, pueden tener contacto con los otros miembros de la organización”.
La Fiscalía enfatizó que es urgente la medida de aseguramiento, pues más de 69 cajas con pruebas de contratación de la Ungrd han desaparecido en los últimos días. Ademas, apuntó el ente de control, Sneyder Pinilla aceptó haber borrado chats de WhatsApp “que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados”. ¿Quiénes son los demás mencionados que están en el ojo de la justicia?
Nombres pendientes en la Ungrd
Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que no se descarta la posibilidad de que algunos funcionarios de la Unidad tengan que responder ante la justicia por sus menciones en el entramado. Durante la diligencia del pasado 7 de agosto, la Fiscalía volvió a pronunciar nombres como el de Pedro Rodríguez Melo, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado, y quien también aparece en el organigrama criminal del desfalco. Rodríguez Melo llegó a la entidad, al parecer, por recomendación de Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina, según le dijo Olmedo López a la Fiscalía.
El abogado se convirtió en un hombre confianza de Olmedo López y el 23 de junio de 2023 asumió como asesor jurídico de la dirección general de la Ungrd. De acuerdo con los confesos responsables de la llamada “empresa criminal”, Rodríguez Melo habría sido quien presentó a Sneyder Pinilla con el Pastuso y con quien se empezaron a gestionar los sobrecostos en el contrato para adquirir 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. El ente investigador señaló durante la audiencia tener elementos que probarían que el abogado habría recibido $1.000 millones producto del sobrecosto de ese mismo contrato, que se ejecutó por un valor total de $46.800 millones y tuvo un sobrecosto de $14.163 millones.
Los reflectores también están puestos sobre Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd. Durante la diligencia, la fiscal María Cristina Patiño, quien tiene a cargo el expediente, señaló que Barreto habría coordinado junto con César Manrique (director del departamento dela Función Pública) el “traslado de $100.000 millones de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos”, todo a cambio de coimas.
Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla le dijeron a la Fiscalía que Barreto y Manrique manifestaron que estaban en capacidad de hacer las gestiones correspondientes ante la ANT para liberar los $100.000 millones, tal como ocurrió. Este diario conoció las conversaciones entre ambos subdirectores en las que hablan sobre esos convenios. El 6 de septiembre pasado, por ejemplo, Barreto le escribió a Pinilla: “Manito, mañana le muestro lo de Guajira para arrancar. Es que ya aprobaron la reducción de ANT en acta, falta la fidu (la Fiduprevisora), pero mientras podemos avanzar en Guajira”. La Fiduprevisora es la encargada del manejo del dinero en la Ungrd y, efectivamente, solo hasta el 4 de octubre firmó el otrosí con la ANT para liberar los $100.000 millones, tal como lo había pedido Luis Carlos Barreto como supervisor del convenio. Sneyder Pinilla lo ha contado sin rodeos: Luis Carlos Barreto fue quien estructuró los contratos que se firmarían en razón de los $100.000 millones provenientes de la ANT.
Otro de los nombres en la entidad es el de Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la Ungrd, y a quien Olmedo López declaró insubsistente en febrero de 2024, cuando el escándalo de los 40 carrotanques comenzó a ocupar titulares de prensa. Meza ha mencionado que no tiene nada que ver con el contrato, pues este fue estructurado por la subdirección de Manejo de Desastres, a cargo de Sneyder Pinilla. “Nuestra participación solamente se limitó a expedir la instrucción de solicitud de pago y ratificación de esta orden de proveeduría que ya había sido ejecutada y perfeccionada por el director de la Ungrd y la empresa contratista, la cual ellos escogieron e invitaron”, dijo Meza en su momento.
¿Y en el Ejecutivo?
Olmedo López y Sneyder Pinilla durante sus interrogatorios en la Fiscalía también han señalado a varios funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, por sus menciones en el escándalo, que se volvieron a repetir durante la audiencia de medida de aseguramiento, renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González el pasado 26 de julio. Según las investigaciones de la Fiscalía, González, quien al momento de los hechos fungía como cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría sido el artífice del direccionamiento de contratos para favorecer a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
De acuerdo con el ente investigador, Carlos Ramón González, entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, le pidió a Olmedo López “cumplirle” con contratos desde la entidad a Iván Name por $60.000 millones y por un poco más de $10.000 millones a Andrés Calle. Sin embargo, estos convenios no se firmaron y los expresidentes del Congreso habrían recibido, en lugar de contratos, sobornos por $4.000 millones en total. Esos pactos, según dijo Olmedo López, se fijaron durante una reunión en la Casa de Nariño a principios de noviembre de 2023 y tenían como objetivo favorecer a los dos parlamentarios para que le dieran celeridad a las reformas del gobierno en el trámite legislativo.
Otro nombre en cuestión es el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, de acuerdo con la Fiscalía, y según los testimonios de Olmedo López, coordinó de la mano del exdirector de la Ungrd (y con ayuda de la asesora María Alejandra Benavides) el direccionamiento de contratos con falsas emergencias para los municipios de Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar) con los que se buscaba favorecer a congresistas de la comisión tercera del Congreso, encargada del crédito público. Olmedo López también mencionó que esos contratos se pidieron en unas reuniones secretas, las cuales llamó “cónclaves”, en las que, dijo, también participaron Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Gloria Inés Ramírez, titular de la cartera de Trabajo.
Este diario conoció que el jefe de la cartera de Hacienda solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que se investiguen elementos de prueba con los que se busca demostrar su inocencia. Por ejemplo, la defensa del ministro solicitó que, con autorización del tribunal, se puedan anexar los registros de ingresos y salidas de Sneyder Pinilla y Olmedo López del ministerio en las fechas en las que se dieron los supuestos “cónclaves”. Bonilla y sus apoderados buscan probar que esas reuniones habrían sido por un tema de agenda, más no un encuentro por debajo de la mesa. Bonilla, al contar con fuero legal, es investigado por la fiscalía delegada ante la Corte Suprema y, en ese caso, el juez de control de garantías en su proceso sería el Tribunal Superior de Bogotá.
Durante la audiencia también aparecieron nombres de personas cercanas al presidente Petro que habrían participado en el engranaje. Por un lado, el ente acusador volvió a señalar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, y quien según la Fiscalía habría sido la intermediaria para entregar el soborno al senador Iván Name por $3.000 millones. Y, por otra parte, César Augusto Manrique, quien dirige el departamento de la Función Pública desde agosto de 2022. Como se mencionó, Manrique habría solicitado el traslado de $100.000 millones de la ANT a la Ungrd para direccionar siete contratos y cobrar coimas de hasta el 7% por cada convenio. Todos los mencionados están bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría por sus menciones en el entramado.
Los nombres del Congreso
Además de Iván Name y Andrés Calle, y los presuntos sobornos que recibieron, la Fiscalía ha dejado en claro que son siete los parlamentarios que habrían buscado sacar réditos de contratos corruptos utilizando como puente la Ungrd. Todos pertenecientes a la comisión encargada de los presupuestos. Según López, los legisladores que estaban detrás de los convenios son: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Astrid Manrique y Julio Elías Chagüi. Contra los siete congresistas la Corte Suprema ya tiene abierta una investigación por sus presunta relación con los hechos de contratación irregular.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El escándalo de contratación irregular al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene varios nombres que lo rodean, pero solo tres implicados han confesado su responsabilidad en el desfalco. Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad y Luis Eduardo López (o el Pastuso), contratista que habría pactado coimas por varios contratos con la Unidad, han aceptado haber establecido una “empresa criminal” para desviar recursos públicos para atender catástrofes con el fin de favorecer a terceros y llenar sus bolsillos.
En búsqueda de beneficios judiciales en sus procesos, los tres procesados han puesto sobre la mesa nombres de funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, así como de asesores de la Ungrd y congresistas que habrían participado del engranaje. Todos los mencionados han negado su participación. Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los exdirectivos y el Pastuso el pasado 7 de agosto, la Fiscalía señaló que “funcionarios de todos los niveles están siendo indagados. La organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estando en libertad, pueden tener contacto con los otros miembros de la organización”.
La Fiscalía enfatizó que es urgente la medida de aseguramiento, pues más de 69 cajas con pruebas de contratación de la Ungrd han desaparecido en los últimos días. Ademas, apuntó el ente de control, Sneyder Pinilla aceptó haber borrado chats de WhatsApp “que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados”. ¿Quiénes son los demás mencionados que están en el ojo de la justicia?
Nombres pendientes en la Ungrd
Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que no se descarta la posibilidad de que algunos funcionarios de la Unidad tengan que responder ante la justicia por sus menciones en el entramado. Durante la diligencia del pasado 7 de agosto, la Fiscalía volvió a pronunciar nombres como el de Pedro Rodríguez Melo, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado, y quien también aparece en el organigrama criminal del desfalco. Rodríguez Melo llegó a la entidad, al parecer, por recomendación de Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina, según le dijo Olmedo López a la Fiscalía.
El abogado se convirtió en un hombre confianza de Olmedo López y el 23 de junio de 2023 asumió como asesor jurídico de la dirección general de la Ungrd. De acuerdo con los confesos responsables de la llamada “empresa criminal”, Rodríguez Melo habría sido quien presentó a Sneyder Pinilla con el Pastuso y con quien se empezaron a gestionar los sobrecostos en el contrato para adquirir 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. El ente investigador señaló durante la audiencia tener elementos que probarían que el abogado habría recibido $1.000 millones producto del sobrecosto de ese mismo contrato, que se ejecutó por un valor total de $46.800 millones y tuvo un sobrecosto de $14.163 millones.
Los reflectores también están puestos sobre Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd. Durante la diligencia, la fiscal María Cristina Patiño, quien tiene a cargo el expediente, señaló que Barreto habría coordinado junto con César Manrique (director del departamento dela Función Pública) el “traslado de $100.000 millones de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos”, todo a cambio de coimas.
Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla le dijeron a la Fiscalía que Barreto y Manrique manifestaron que estaban en capacidad de hacer las gestiones correspondientes ante la ANT para liberar los $100.000 millones, tal como ocurrió. Este diario conoció las conversaciones entre ambos subdirectores en las que hablan sobre esos convenios. El 6 de septiembre pasado, por ejemplo, Barreto le escribió a Pinilla: “Manito, mañana le muestro lo de Guajira para arrancar. Es que ya aprobaron la reducción de ANT en acta, falta la fidu (la Fiduprevisora), pero mientras podemos avanzar en Guajira”. La Fiduprevisora es la encargada del manejo del dinero en la Ungrd y, efectivamente, solo hasta el 4 de octubre firmó el otrosí con la ANT para liberar los $100.000 millones, tal como lo había pedido Luis Carlos Barreto como supervisor del convenio. Sneyder Pinilla lo ha contado sin rodeos: Luis Carlos Barreto fue quien estructuró los contratos que se firmarían en razón de los $100.000 millones provenientes de la ANT.
Otro de los nombres en la entidad es el de Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la Ungrd, y a quien Olmedo López declaró insubsistente en febrero de 2024, cuando el escándalo de los 40 carrotanques comenzó a ocupar titulares de prensa. Meza ha mencionado que no tiene nada que ver con el contrato, pues este fue estructurado por la subdirección de Manejo de Desastres, a cargo de Sneyder Pinilla. “Nuestra participación solamente se limitó a expedir la instrucción de solicitud de pago y ratificación de esta orden de proveeduría que ya había sido ejecutada y perfeccionada por el director de la Ungrd y la empresa contratista, la cual ellos escogieron e invitaron”, dijo Meza en su momento.
¿Y en el Ejecutivo?
Olmedo López y Sneyder Pinilla durante sus interrogatorios en la Fiscalía también han señalado a varios funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, por sus menciones en el escándalo, que se volvieron a repetir durante la audiencia de medida de aseguramiento, renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González el pasado 26 de julio. Según las investigaciones de la Fiscalía, González, quien al momento de los hechos fungía como cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría sido el artífice del direccionamiento de contratos para favorecer a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
De acuerdo con el ente investigador, Carlos Ramón González, entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, le pidió a Olmedo López “cumplirle” con contratos desde la entidad a Iván Name por $60.000 millones y por un poco más de $10.000 millones a Andrés Calle. Sin embargo, estos convenios no se firmaron y los expresidentes del Congreso habrían recibido, en lugar de contratos, sobornos por $4.000 millones en total. Esos pactos, según dijo Olmedo López, se fijaron durante una reunión en la Casa de Nariño a principios de noviembre de 2023 y tenían como objetivo favorecer a los dos parlamentarios para que le dieran celeridad a las reformas del gobierno en el trámite legislativo.
Otro nombre en cuestión es el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, de acuerdo con la Fiscalía, y según los testimonios de Olmedo López, coordinó de la mano del exdirector de la Ungrd (y con ayuda de la asesora María Alejandra Benavides) el direccionamiento de contratos con falsas emergencias para los municipios de Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar) con los que se buscaba favorecer a congresistas de la comisión tercera del Congreso, encargada del crédito público. Olmedo López también mencionó que esos contratos se pidieron en unas reuniones secretas, las cuales llamó “cónclaves”, en las que, dijo, también participaron Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Gloria Inés Ramírez, titular de la cartera de Trabajo.
Este diario conoció que el jefe de la cartera de Hacienda solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que se investiguen elementos de prueba con los que se busca demostrar su inocencia. Por ejemplo, la defensa del ministro solicitó que, con autorización del tribunal, se puedan anexar los registros de ingresos y salidas de Sneyder Pinilla y Olmedo López del ministerio en las fechas en las que se dieron los supuestos “cónclaves”. Bonilla y sus apoderados buscan probar que esas reuniones habrían sido por un tema de agenda, más no un encuentro por debajo de la mesa. Bonilla, al contar con fuero legal, es investigado por la fiscalía delegada ante la Corte Suprema y, en ese caso, el juez de control de garantías en su proceso sería el Tribunal Superior de Bogotá.
Durante la audiencia también aparecieron nombres de personas cercanas al presidente Petro que habrían participado en el engranaje. Por un lado, el ente acusador volvió a señalar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, y quien según la Fiscalía habría sido la intermediaria para entregar el soborno al senador Iván Name por $3.000 millones. Y, por otra parte, César Augusto Manrique, quien dirige el departamento de la Función Pública desde agosto de 2022. Como se mencionó, Manrique habría solicitado el traslado de $100.000 millones de la ANT a la Ungrd para direccionar siete contratos y cobrar coimas de hasta el 7% por cada convenio. Todos los mencionados están bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría por sus menciones en el entramado.
Los nombres del Congreso
Además de Iván Name y Andrés Calle, y los presuntos sobornos que recibieron, la Fiscalía ha dejado en claro que son siete los parlamentarios que habrían buscado sacar réditos de contratos corruptos utilizando como puente la Ungrd. Todos pertenecientes a la comisión encargada de los presupuestos. Según López, los legisladores que estaban detrás de los convenios son: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Astrid Manrique y Julio Elías Chagüi. Contra los siete congresistas la Corte Suprema ya tiene abierta una investigación por sus presunta relación con los hechos de contratación irregular.
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