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La Corte Suprema de Justicia ya definió quién tendrá a cargo la ponencia en la investigación que involucra a Julio Elías Chagüi Flórez, senador del Partido de la U por el departamento de Córdoba, en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se trata de la magistrada Cristina Lombana, quien estará al frente de la nueva línea de investigación del caso.
Chagüi Flórez es investigado por presuntamente haber actuado en representación de nueve congresistas de la Comisión Primera del Senado en el direccionamiento irregular de contratos públicos.
El senador habría tenido comunicación con Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Ungrd, para coordinar las operaciones de contratación. También se habría reunido en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
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Como lo reveló El Espectador, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, entregó información a la Fiscalía sobre la presunta coordinación entre Chagüi Flórez y Velasco para comprar votos de congresistas, destrabar la discusión de los proyectos del gobierno y entregar contratos como retribución por las operaciones.
Los enredos del senador
Chagüi Flórez no es el único congresista salpicado por las declaraciones y confesiones que han llegado a la Fiscalía en el caso de la Ungrd. Otros seis funcionarios fueron mencionados por López de haber ayudado a destrabar las reformas de Petro en el Congreso, a cambio de gestionar conceptos de operaciones de crédito público emitidos por el Ministerio de Hacienda, entonces a la cabeza del exministro Ricardo Bonilla.
Los implicados, quienes hacían parte de la Comisión de Crédito Público, son los congresistas Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
Los funcionarios han sido citados ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para que declaren en diligencia de indagatoria. Sin embargo, cuatro de ellos han decidido ejercer su derecho al silencio (Manrique, Manzur, Peinado y Gallo) y solicitar la citación de López ante la Corte para ser contrainterrogado.
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Pero el caso de Chagüi Flórez será tomado por la Corte Suprema como una nueva línea de investigación, pues la Corte Suprema de Justicia no halló mérito para vincularlo por el delito de cohecho impropio sobre el que trata el caso principal.
Chagüi Flórez habría recomendado a contratistas para la ejecución de proyectos en Córdoba, especialmente uno en el municipio de Sahagún, dirigido a la construcción de obras para evitar inundaciones, por $28.000 millones.
Además de las declaraciones y señalamientos de López, entre las pruebas claves hay una serie de chats de WhatsApp entre Chagüi Flórez y Pinilla, en los que hablan sobre las operaciones de los contratos y se hace referencia también a la participación del exministro Velasco.
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La magistrada Lombana ahoratendrá a su cargo la investigación sobre la mencionada reunión del 4 de diciembre de 2023 en las oficinas del Dapre, así como otra que se habría desarrollado tres días después, en el Café Vienés, cerca al Hotel Tequendama de Bogotá. Ambas señaladas por el exdirector López en sus declaraciones a la Fiscalía.
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