Caso Ungrd: esta es la sanción de la Procuraduría a Olmedo López y Sneyder Pinilla
Además de López y Pinilla, el Ministerio Público sancionó a Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sumadas a la destitución, enfrentarán inhabilidades de entre 10 y 20 años, por detrimento al patrimonio público.
La Procuraduría General de la Nación tomó las tres primeras decisiones disciplinarias relacionadas con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para a Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Ministerio Público decidió destituir e inhabilitar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, por su responsabilidad en el caso de desvío de recursos públicos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira.
En su fallo de primera instancia, la Procuraduría determinó que la sanción para López será de 18 años de inhabilidad para ejercer en cargos públicos y para Pinilla será de 20 años, además de la destitución. El tercer funcionario sancionado es Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la entidad, destituido e inhabilitado por diez años.
Contenido relacionado: Caso Ungrd: La versión de la secretaria privada de Olmedo López ante la justicia
“Los entonces funcionarios participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos pagando sobrecostos que superaron los $16.000 millones, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado y de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques”, señaló la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento al frente del caso.
La responsabilidad de los sancionados
Pinilla, quien tiene la sanción más extensa del Ministerio Público, fue señalado como responsable de dos acciones irregulares. La primera está relacionada con haber omitido que tres cotizaciones para la compra de carrotanques tenían valores inflados, cuando él hacía parte de la gestión del negocio y tenía a su cargo los asuntos jurídicos. “Avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos”, dijo la Procuraduría.
Por otro lado, la entidad confirmó que Pinilla recibió los 40 vehículos destinados al suministro de agua en La Guajira, como parte de la respuesta al Decreto 2113 de 2022, “sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral”, pues estos “no fueron utilizados para los fines previstos”.
En el caso de López, la Procuraduría confirmó su responsabilidad en el cargo de detrimento del patrimonio público en la celebración del contrato. Esto, por “suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista”, dijo la entidad.
Lea también: Tres disidentes capturados y dos menores rescatados en operación militar en Nariño
Finalmente, Meza Galván también habría incidido en la misma acción irregular, pues “rubricó la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora efectuara el pago al contratista, participando así en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público”.
Por los argumentos expuestos por la Procuraduría, el accionar de los tres funcionarios fue calificado como una “falta gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental de sus deberes como exdirector general de la UNGRD”, señaló la entidad.
Contratos y salpicados
El caso de los 40 carrotanques en el que se perdieron al menos $46 mil millones del erario público, fue solo la punta del hilo en un entramado de corrupción en el que han resultado enredados también congresistas y altos funcionarios del gobierno Petro.
En el proceso Penal, López llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que se comprometía a volver $7.722 millones y pagar una pena de seis años de prisión, a cambio de su colaboración con la justicia y la entrega de información importante para el caso.
Sus declaraciones y las de Pinilla salpicaron también a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien fue señalada de haber mediado la entrega de coimas provenientes de la Ungrd a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, para que ayudaran a destrabar los proyectos del gobierno en el Congreso.
Ahora Ortiz se encuentra en una guarnición militar de Bogotá, luego de que el pasado 18 de diciembre una juez le dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanza la investigación en la que se le acusa por su participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Le puede interesar: Ungrd: exconsejera Sandra Ortiz fue trasladada a Estación de Carabineros de Bogotá
También salieron salpicados cinco congresistas y un excongresista que integraban la Comisión de Crédito Público del Congreso, por presuntamente haberle dado el visto bueno a conceptos de operaciones de crédito presentados por el Ministerio de Hacienda, en ese entonces a la cabeza de Ricardo Bonilla.
Los implicados son Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
Todos se presentaron ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio y solicitaron la citación de López para ser contrainterrogado. Solo Bitar Castilla declaró sobre el caso ante el alto tribunal.
Contenido relacionado: Caso UNGRD: representante Julián Peinado guardó silencio ante la Corte Suprema
Las declaraciones de los implicados ante la Fiscalía, en las que también están mencionadas las funcionarias María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez, apresuraron la salida del exministro Bonilla por un caso en el que la lista de implicados e investigados sigue creciendo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría General de la Nación tomó las tres primeras decisiones disciplinarias relacionadas con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para a Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Ministerio Público decidió destituir e inhabilitar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, por su responsabilidad en el caso de desvío de recursos públicos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira.
En su fallo de primera instancia, la Procuraduría determinó que la sanción para López será de 18 años de inhabilidad para ejercer en cargos públicos y para Pinilla será de 20 años, además de la destitución. El tercer funcionario sancionado es Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la entidad, destituido e inhabilitado por diez años.
Contenido relacionado: Caso Ungrd: La versión de la secretaria privada de Olmedo López ante la justicia
“Los entonces funcionarios participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos pagando sobrecostos que superaron los $16.000 millones, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado y de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques”, señaló la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento al frente del caso.
La responsabilidad de los sancionados
Pinilla, quien tiene la sanción más extensa del Ministerio Público, fue señalado como responsable de dos acciones irregulares. La primera está relacionada con haber omitido que tres cotizaciones para la compra de carrotanques tenían valores inflados, cuando él hacía parte de la gestión del negocio y tenía a su cargo los asuntos jurídicos. “Avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos”, dijo la Procuraduría.
Por otro lado, la entidad confirmó que Pinilla recibió los 40 vehículos destinados al suministro de agua en La Guajira, como parte de la respuesta al Decreto 2113 de 2022, “sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral”, pues estos “no fueron utilizados para los fines previstos”.
En el caso de López, la Procuraduría confirmó su responsabilidad en el cargo de detrimento del patrimonio público en la celebración del contrato. Esto, por “suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista”, dijo la entidad.
Lea también: Tres disidentes capturados y dos menores rescatados en operación militar en Nariño
Finalmente, Meza Galván también habría incidido en la misma acción irregular, pues “rubricó la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora efectuara el pago al contratista, participando así en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público”.
Por los argumentos expuestos por la Procuraduría, el accionar de los tres funcionarios fue calificado como una “falta gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental de sus deberes como exdirector general de la UNGRD”, señaló la entidad.
Contratos y salpicados
El caso de los 40 carrotanques en el que se perdieron al menos $46 mil millones del erario público, fue solo la punta del hilo en un entramado de corrupción en el que han resultado enredados también congresistas y altos funcionarios del gobierno Petro.
En el proceso Penal, López llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que se comprometía a volver $7.722 millones y pagar una pena de seis años de prisión, a cambio de su colaboración con la justicia y la entrega de información importante para el caso.
Sus declaraciones y las de Pinilla salpicaron también a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien fue señalada de haber mediado la entrega de coimas provenientes de la Ungrd a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, para que ayudaran a destrabar los proyectos del gobierno en el Congreso.
Ahora Ortiz se encuentra en una guarnición militar de Bogotá, luego de que el pasado 18 de diciembre una juez le dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanza la investigación en la que se le acusa por su participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Le puede interesar: Ungrd: exconsejera Sandra Ortiz fue trasladada a Estación de Carabineros de Bogotá
También salieron salpicados cinco congresistas y un excongresista que integraban la Comisión de Crédito Público del Congreso, por presuntamente haberle dado el visto bueno a conceptos de operaciones de crédito presentados por el Ministerio de Hacienda, en ese entonces a la cabeza de Ricardo Bonilla.
Los implicados son Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
Todos se presentaron ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio y solicitaron la citación de López para ser contrainterrogado. Solo Bitar Castilla declaró sobre el caso ante el alto tribunal.
Contenido relacionado: Caso UNGRD: representante Julián Peinado guardó silencio ante la Corte Suprema
Las declaraciones de los implicados ante la Fiscalía, en las que también están mencionadas las funcionarias María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez, apresuraron la salida del exministro Bonilla por un caso en el que la lista de implicados e investigados sigue creciendo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.