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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad, irán a juicio disciplinario en la Procuraduría General debido a su participación en el desfalco a la Unidad para atender desastres. Así lo dio a conocer el Ministerio Público, pues los investigados han aplazado las audiencias ante ese órgano en repetidas ocasiones, mientras sus casos avanzan desde la orilla penal.
El ente de control disciplinario formuló cargos en contra de ambos exfuncionarios en mayo de 2024, cuando recién se conoció que tanto López como Pinilla habrían fraguado un plan para apropiarse de recursos públicos a través de un contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira que firmó la Ungrd con la empresa Impoamericana Rogers SAS, propiedad de Luis Eduardo López Rosero, más conocido como El Pastuso.
Al mismo tiempo, la Fiscalía avanzaba en las investigaciones del caso con ambos funcionarios entregando información del entramado a cambio de un principio de oportunidad que les brindara beneficios judiciales en sus procesos. Aunque las diligencias ante el ente investigador se movían a buen tiempo, en la entidad dirigida por Margarita Cabello las cosas parecían enfriarse. Por eso mismo, y tras aplazar las audiencias ante ese órgano, la Procuraduría decidió no dar más tiempo para las diligencias y concretar el juicio disciplinario en contra de López y Pinilla.
El camino a recorrer por parte de ambos exfuncionarios en la Procuraduría era su confesión dentro del entramado, un hecho que no pasó, pues tanto López como Pinilla esperaron a que el ente investigador resolviera si daba luz verde o no a sus principios de oportunidad. Es decir, los investigados no confesarían ante una entidad sin asegurar beneficios en la otra. No obstante, el Ministerio Público buscaba una confesión e información relevante del caso sobre otros participantes del entramado, más no adelantaba una negociación con los exfuncionarios.
Una fuente cercana al proceso le dijo a este diario que “ellos acá no negocian, no tienen nada que negociar, ellos tienen es que confesar, y si confiesan tienen un beneficio de rebaja de la inhabilidad en este caso, que puede ser hasta de la tercera parte”. Además, las multas que reciban los funcionarios podrían ser incluso mayores a las impuestas por la Fiscalía, pese a que ambos exdirectivos han reiterado que devolverán los recursos públicos apropiados.
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