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Sandra Ortiz es la más alta ficha del Gobierno Petro que ha terminado en la cárcel por el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Pocas horas antes de Navidad, la exfuncionaria gubernamental, que es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, fue enviada a la Estación de Carabineros de Bogotá, donde estará recluida.
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La decisión de enviar a Ortiz a prisión mientras avanza la investigación en su contra, la tomó el Juzgado Tercero de Garantías de Bogotá, pero horas después el despacho determinó que sería llevada a un cantón militar.
Dese la audiencia de imputación, Ortiz le había pedido al juez del caso poder defenderse en libertad, pero la petición finalmente no fue acogida. “He vivido el infierno más grande por no haber aceptado un principio de oportunidad”, declaró la exconsejera durante esa audiencia.
El abogado de Sandra Ortiz, Oswaldo Medina, afirmó que su clienta habría sido presionada por la Fiscalía para aceptar un preacuerdo y que estaría siendo utilizada para implicar al presidente Gustavo Petro en el caso.
Según Medina, se le ofreció un principio de oportunidad sin aclarar los delitos específicos a los que este aplicaría. Además, señala que a su clienta le indicaron que debía aceptar el principio en un plazo de tres días, de lo contrario procederían con la radicación de un escrito de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, como finalmente decidió el Juzgado de Bogotá.
Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, rechazó estas afirmaciones y negó que se hayan ejercido presiones indebidas sobre Ortiz durante el proceso.
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La Fiscalía busca demostrar ante el Juzgado 03 de Control de Garantías que Sandra Ortiz desempeñó un papel determinante en el esquema de corrupción de la Ungrd. Según las investigaciones, Ortiz habría facilitado sobornos a congresistas a través de contratos inflados, con el objetivo de favorecer las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la fiscal del caso, María Cristina Patiño, las evidencias apuntan a que Ortiz habría actuado bajo instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). González habría ordenado beneficiar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle mediante contratos millonarios de la Ungrd: $60.000 millones para el primero y $10.000 millones para el segundo. Aunque estos convenios no se ejecutaron, la Fiscalía sostiene que los legisladores buscaron otras vías para recibir beneficios económicos, cambiando la estrategia a pagos en efectivo de $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.
Los recursos para los sobornos habrían provenido de un sobrecosto de $14.000 millones en un contrato para llevar 40 carrotanques de agua a La Guajira. Según la Fiscalía, las negociaciones comenzaron el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, antes de un consejo de ministros. En una declaración juramentada, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, reveló que ese día conversó con Ortiz sobre la entrega del dinero. “Ella me dijo que era solo lo de Name y que lo de Calle debía gestionarlo con González”, declaró López.
La Fiscalía presentó como prueba un video de esa reunión, en el que se observa a Ortiz y López dialogando en una esquina del Palacio de Nariño. También se organizó un desayuno el 25 de septiembre en el apartamento de Ortiz, ubicado en las Residencias Tequendama, donde supuestamente se discutió el destino del dinero, que sería utilizado para la campaña de María Clara Name, hija del senador Iván Name, aspirante al Concejo de Bogotá. María Clara Name negó cualquier vínculo con los hechos ante la Corte Suprema de Justicia, asegurando que siempre ha actuado con transparencia.
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Según López, tras ese encuentro, el soborno para Name comenzó a materializarse. El dinero habría sido entregado en dos partes, los días 12 y 13 de octubre, en maletas de $1.500 millones cada una, que Ortiz llevó personalmente al apartamento del senador en el norte de Bogotá. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, afirmó que Ortiz utilizó ascensores auxiliares para evitar las cámaras de seguridad.
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