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Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, acaba de ser enviada a la cárcel por orden judicial en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Con esta determinación, Ortiz es la más alta ficha del gobierno de Gustavo Petro en ir a prisión por el escándalo.
Lea: “He vivido el infierno”: Sandra Ortiz durante audiencia en caso Ungrd
Durante la audiencia de este miércoles, el Juzgado Tercero de Garantías de Bogotá manifestó que Sandra Ortiz será enviada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La decisión de enviarla a prisión mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía en su contra se aplazó el pasado 11 de diciembre, cuando fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. En esa misma audiencia, solicitó una intervención y pidió a la juez poder defender su inocencia en libertad. “He vivido el infierno más grande por no haber aceptado un principio de oportunidad”, declaró la exconsejera.
En esa ocasión, Ortiz declaró que irá hasta la ultimas consecuencias, porque asegura ser “una mujer inocente de todos los delitos que me están acusando”. La exconsejera presidencial aseguró también que no ha eliminado ningún tipo de pruebas, y que su acercamiento con el presidente Gustavo Petro no se dio por ningún partido, “sino por mi trabajo”.
El abogado de Sandra Ortiz, Oswaldo Medina, afirmó que su clienta habría sido presionada por la Fiscalía para aceptar un preacuerdo y que estaría siendo utilizada para implicar al presidente Gustavo Petro en el caso. Según Medina, se le ofreció un principio de oportunidad sin aclarar los delitos específicos a los que este aplicaría. Además, señala que a su clienta le indicaron que debía aceptar el principio en un plazo de tres días, de lo contrario procederían con la radicación de un escrito de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, como finalmente decidió el Juzgado de Bogotá.
Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, rechazó estas afirmaciones y negó que se hayan ejercido presiones indebidas sobre Ortiz durante el proceso.
Las acusaciones contra Sandra Ortiz
La Fiscalía busca demostrar ante el Juzgado 03 de Control de Garantías que Sandra Ortiz desempeñó un papel determinante en el esquema de corrupción de la Ungrd. Según las investigaciones, Ortiz habría facilitado sobornos a congresistas a través de contratos inflados, con el objetivo de favorecer las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la fiscal del caso, María Cristina Patiño, las evidencias apuntan a que Ortiz habría actuado bajo instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). González habría ordenado beneficiar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle mediante contratos millonarios de la Ungrd: $60.000 millones para el primero y $10.000 millones para el segundo. Aunque estos convenios no se ejecutaron, la Fiscalía sostiene que los legisladores buscaron otras vías para recibir beneficios económicos, cambiando la estrategia a pagos en efectivo de $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.
Los recursos para los sobornos habrían provenido de un sobrecosto de $14.000 millones en un contrato para llevar 40 carrotanques de agua a La Guajira. Según la Fiscalía, las negociaciones comenzaron el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, antes de un consejo de ministros. En una declaración juramentada, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, reveló que ese día conversó con Ortiz sobre la entrega del dinero. “Ella me dijo que era solo lo de Name y que lo de Calle debía gestionarlo con González”, declaró López.
La Fiscalía presentó como prueba un video de esa reunión, en el que se observa a Ortiz y López dialogando en una esquina del Palacio de Nariño. También se organizó un desayuno el 25 de septiembre en el apartamento de Ortiz, ubicado en las Residencias Tequendama, donde supuestamente se discutió el destino del dinero, que sería utilizado para la campaña de María Clara Name, hija del senador Iván Name, aspirante al Concejo de Bogotá. María Clara Name negó cualquier vínculo con los hechos ante la Corte Suprema de Justicia, asegurando que siempre ha actuado con transparencia.
Según López, tras ese encuentro, el soborno para Name comenzó a materializarse. El dinero habría sido entregado en dos partes, los días 12 y 13 de octubre, en maletas de $1.500 millones cada una, que Ortiz llevó personalmente al apartamento del senador en el norte de Bogotá. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, afirmó que Ortiz utilizó ascensores auxiliares para evitar las cámaras de seguridad.
La Fiscalía también presentó conversaciones de WhatsApp entre Pinilla y Ortiz en las que se organizaban las entregas, destacando que la exfuncionaria eliminó varios mensajes que, según los investigadores, contenían detalles clave del soborno. Este comportamiento, argumenta la fiscal Patiño, demuestra el riesgo de que Ortiz pueda seguir destruyendo evidencia y justifica su reclusión preventiva.
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