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Por medio de una carta enviada a la Fiscalía, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, le pidió al ente investigador que lo cite de nuevo para ampliar su versión en los interrogatorios rendidos sobre el entramado de corrupción de la entidad pública.
En la comunicación dirigida a la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, y la fiscal auxiliar, Andrea Muñoz Arango, el exfuncionario expresó su intención de dar a conocer información que no había revelado por estar en riesgo su seguridad.
“Acudo respetuosamente ante sus despachos, con el fin de solicitar respetuosamente que se sirvan fijar una fecha y hora para ampliar los interrogatorios que han sido rendidos, frente a hechos de los cuales no me referí concretamente debido al miedo y el riesgo latente contra la seguridad mía y la de mi familia, que implicaba referirme a los mismos para la fecha en la cual declaré”, dice la carta.
Desde inicios de diciembre, el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd y el exdirector de la misma entidad, Olmedo López, están a la espera de concretar un preacuerdo para obtener beneficios sobre su pena, a cambio de entregar más información que permita terminar de esclarecer el entramado de corrupción.
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La audiencia de formulación de acusación de los dos exfuncionarios, quienes ya confesaron su responsabilidad en el desvío de recursos públicos a sus bolsillos, está programada para el 14 de enero de 2025. Se les acusará por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por su uso.
Las responsabilidades de Pinilla
En el escritor de acusación en contra de López y Pinilla, en el cual también están señalados Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez Melo, los cinco se aliaron en “una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente de las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la Ungrd”.
Por medio del direccionamiento irregular de contratos de esa entidad pública, los cinco implicados buscaban apropiarse de recursos públicos para llevarlos a sus bolsillos y a los de terceros. En el caso específico de Pinilla, este habría liderado los procesos contractuales relacionados con la adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) para atender emergencias nacionales y calamidades públicas.
Según la investigación, el exfuncionario habría gestionado un contrato de $100.000 millones liberados de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras para favorecer a empresas previamente seleccionadas y direccionar contratos a cambio de coimas.
Al tener a su cargo los procesos de contratación, Pinilla habría facilitado las contrataciones amañadas que beneficiarían a empresarios comprometidos a pagar los sobornos. También habría suscrito recibos de bienes y servicios no entregados, para que la Fiduprevisora desembolsara los pagos sin cumplir los contratos.
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Pinilla y el Congreso
Con sus declaraciones y las de López, el exfuncionario también ha salpicado a congresistas y personas del alto gobierno en el entramado de corrupción. Él habría participado en la entrega de sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
También la Fiscalía argumenta que él habría gestionado un préstamo de $4.000 millones con Pedro Castro “quien recibió intereses mensuales del 2.3%. El dinero fue entregado en tres cuotas y cancelado en enero de 2024″. Además, habría recibido $5.050 millones en efectivo a través de un contratista jurídico de la Ungrd, llamado Juan Camilo Llanos, que corresponderían a coimas enviadas por el contratista Luis Eduardo López Rosero.
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Por la entrega de sobornos a los presidentes del Congreso, Pinilla también salpicó a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien habría coordinado las reuniones y entregas de los sobornos, con el fin de destrabar la discusión de los proyectos del gobierno Petro en el legislativo.
Luego de una audiencia largamente suspendida, en la mañana de hoy una jueza de Bogotá le dictó a Ortiz medida de aseguramiento en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá. La exfuncionaria del gobierno enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
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