Caso Uribe: Cepeda y Montealegre ponen tutela contra Fiscalía por dilatar proceso

La decisión del fiscal Francisco Barbosa de asignar un nuevo fiscal en el llamado caso Uribe y que el nuevo funcionario haya ordenado actividades investigativas es, para dos de las víctimas del caso, una violación a sus derechos fundamentales. Así lo afirmaron en una tutela que acaban de presentar el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, acreditados como víctimas, en el proceso penal que se adelante en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

(En contexto: En el caso Uribe ya hay nuevo fiscal: le quitaron el expediente a Gabriel Jaimes)

El recurso judicial es en contra de la Fiscalía General. Según un comunicado firmado por Cepeda y Montealegre, el entidad que dirige Francisco Barbosa estaría violando sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y verdad, justicia, y reparación. En concreto, las víctimas explican que el hecho de que el nuevo fiscal, Javier Cárdenas Pérez, haya ordenado nuevas actividades de investigación, es ilegal, pues ya pasó el tiempo para hacerlo.

Además, dicen que esa decisión de la Fiscalía busca revivir la posibilidad de solicitar nuevamente la preclusión, algo que la justicia ya le negó. Esa decisión ocurrió hace dos semanas, cuando la jueza 28 del circuito de Bogotá explicó que no podía cerrar el expediente, como lo había pedido el ente investigador. Por eso, Cepeda y Montealegre alegan que la Fiscalía también estaría desconociendo la decisión de ese juzgado.

(Le puede interesar: “Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo”: Álvaro Uribe habla sobre su caso)

“Con esta decisión, la Fiscalía ha transgredido el principio de legalidad y, en consecuencia, ha vulnerado el derecho de las víctimas al debido proceso, toda vez que: ha ampliado el término para investigar, apoyado en una norma inaplicable en el caso en concreto; ha dispuesto la práctica de nuevos actos de investigación, para revivir la posibilidad de solicitar nuevamente la preclusión” dice el comunicado.

Para Cepeda y Montealegre, lo que legalmente debía suceder con el caso era que la Fiscalía debía llamar a juicio a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal. Por el contrario, lo que ordenó el fiscal Cárdenas fue practicar nuevas pruebas y hacer algo que no había hecho su predecesor en la investigación, el fiscal Gabriel Jaimes Durán: escuchar al expresidente en interrogatorio.

Además de esa determinación, Cárdenas ordenó 26 nuevas entrevistas a diferentes testigos y siete inspecciones. La jueza que rechazó la petición de la Fiscalía de cerrar el caso cuestionó que el fiscal Gabriel Jaimes, uno de los hombres de mayor confianza del fiscal Barbosa, hubiera omitido la “sencilla, pero muy útil” tarea de interrogar a Álvaro Uribe. Según el documento, esa labor habría servido “para indagar sobre todas las inconsistencias, reales o aparentes, entre las múltiples versiones de hechos que han brindado testigos a lo largo del proceso”.

(Lea también: Caso Uribe: Los cinco episodios por los que la jueza no cerró el proceso)

Sin embargo, para Cepeda y Montealegre ese interrogatorio, las 26 entrevistas y las siete inspecciones ya no se pueden hacer, pues la Fiscalía agotó el tiempo para hacerlas. “El propósito es el de dilatar injustificadamente la actuación procesal”, expresaron ambos, quienes consideran que lo que corresponde ahora es que el ente investigador llame a juicio al expresidente. Sin embargo, por ahora, esa decisión está en veremos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La decisión del fiscal Francisco Barbosa de asignar un nuevo fiscal en el llamado caso Uribe y que el nuevo funcionario haya ordenado actividades investigativas es, para dos de las víctimas del caso, una violación a sus derechos fundamentales. Así lo afirmaron en una tutela que acaban de presentar el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, acreditados como víctimas, en el proceso penal que se adelante en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El recurso judicial es en contra de la Fiscalía General. Según un comunicado firmado por Cepeda y Montealegre, el entidad que dirige Francisco Barbosa estaría violando sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y verdad, justicia, y reparación. En concreto, las víctimas explican que el hecho de que el nuevo fiscal, Javier Cárdenas Pérez, haya ordenado nuevas actividades de investigación, es ilegal, pues ya pasó el tiempo para hacerlo.

Además, dicen que esa decisión de la Fiscalía busca revivir la posibilidad de solicitar nuevamente la preclusión, algo que la justicia ya le negó. Esa decisión ocurrió hace dos semanas, cuando la jueza 28 del circuito de Bogotá explicó que no podía cerrar el expediente, como lo había pedido el ente investigador. Por eso, Cepeda y Montealegre alegan que la Fiscalía también estaría desconociendo la decisión de ese juzgado.

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“Con esta decisión, la Fiscalía ha transgredido el principio de legalidad y, en consecuencia, ha vulnerado el derecho de las víctimas al debido proceso, toda vez que: ha ampliado el término para investigar, apoyado en una norma inaplicable en el caso en concreto; ha dispuesto la práctica de nuevos actos de investigación, para revivir la posibilidad de solicitar nuevamente la preclusión” dice el comunicado.

Para Cepeda y Montealegre, lo que legalmente debía suceder con el caso era que la Fiscalía debía llamar a juicio a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal. Por el contrario, lo que ordenó el fiscal Cárdenas fue practicar nuevas pruebas y hacer algo que no había hecho su predecesor en la investigación, el fiscal Gabriel Jaimes Durán: escuchar al expresidente en interrogatorio.

Además de esa determinación, Cárdenas ordenó 26 nuevas entrevistas a diferentes testigos y siete inspecciones. La jueza que rechazó la petición de la Fiscalía de cerrar el caso cuestionó que el fiscal Gabriel Jaimes, uno de los hombres de mayor confianza del fiscal Barbosa, hubiera omitido la “sencilla, pero muy útil” tarea de interrogar a Álvaro Uribe. Según el documento, esa labor habría servido “para indagar sobre todas las inconsistencias, reales o aparentes, entre las múltiples versiones de hechos que han brindado testigos a lo largo del proceso”.

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Sin embargo, para Cepeda y Montealegre ese interrogatorio, las 26 entrevistas y las siete inspecciones ya no se pueden hacer, pues la Fiscalía agotó el tiempo para hacerlas. “El propósito es el de dilatar injustificadamente la actuación procesal”, expresaron ambos, quienes consideran que lo que corresponde ahora es que el ente investigador llame a juicio al expresidente. Sin embargo, por ahora, esa decisión está en veremos.

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