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Durante más de dos meses, la entrada a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se convirtió en la pasarela de un desfile de personajes reconocidos de la vida pública nacional, desde fiscales y exmagistrados, hasta poderosos exjefes paramilitares. El alto tribunal los citó para que le contaran lo que sabían de la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal que él, supuestamente, cometió. El primero de octubre del año pasado, fue el turno del exfiscal Eduardo Montealegre y su segundo hombre durante su administración, Jorge Fernando Perdomo.
Su presencia en la Corte y en este caso tiene que ver con un supuesto montaje en contra del expresidente Uribe, pero que en la reciente decisión de Sala de Instrucción, queda en evidencia, por ahora, que para el alto tribunal nunca existió. Montealegre y Perdomo salieron al baile de esta historia de testigos falsos cuando, en 2018, el exparamilitar Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso Sierra, los acusó en dos cartas de haberle ofrecido $100 millones a cambio de “enlodar” a Uribe en investigaciones por masacres cometidas por paramilitares y por otros delitos relacionados con el conflicto armado.
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Además del supuesto ofrecimiento de ambos exfuncionarios de la Fiscalía, el Tuso Sierra señaló que similares ofertas le hicieron los congresistas Iván Cepeda y Rodrigo Lara, y la exsenadora Piedad Córdoba. Tanto Montealegre y Perdomo, como los tres parlamentarios, rechazaron las acusaciones de Sierra y le explicaron a la Sala de Instrucción que se trataba de un testigo mentiroso. Sobre el episodio de los exfiscales, cada uno se encargó de aclararle a la Corte que jamás hicieron un ofrecimiento semejante, y que tampoco es cierta la historia de que, a través del periodista Juan Carlos Giraldo, se trianguló la oferta a Sierra.
Esa versión fue confirmada por el propio comunicador, a quien el alto tribunal también llamó a declarar. Aunque Giraldo sí aceptó que conoce al Tuso Sierra, pues lo entrevistó cuando trabajaba para RCN Televisión, rechazó que fuera él una especie de intermediario entre Montealegre y el exparamilitar, extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Uribe en 2008. La versión de Sierra que apuntaba a que había recibido estos ofrecimientos fue consignada en dos cartas que la defensa técnica del senador Uribe le hizo llegar a la Corte en 2018 como prueba de que, contra su cliente, hay un montaje judicial.
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Para Montealegre, la historia es al contrario. “Aquí lo que se estaba construyendo por parte de la defensa de Álvaro Uribe y de Santiago Uribe (hermano del expresidente) era un gran montaje, pero en mi contra y en contra del vicefiscal Perdomo”, dijo, y agregó que la táctica está siendo utilizada para beneficiar a los miembros de la familia Uribe Vélez en sus investigaciones penales. El exfiscal se refiere al juicio que se adelante en contra de Santiago Uribe juicio por el homicidio de un campesino en Yarumal mientras, supuestamente, hacía parte del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
Jorge Perdomo coincide en la postura de su exjefe. Para él, es “inverosímil que un fiscal general mande una razón con un periodista a un narcotraficante”, y calificó las afirmaciones de Sierra como “deshonrosas y malintencionadas”. Ambos denunciaron al exparamilitar y al abogado del senador Uribe, Diego Cadena, quien enfrenta un proceso similar al del expresidente por fraude procesal y soborno. Según las pesquisas de la Sala de Instrucción, lo que habría ocurrido en este episodio es que el abogado Cadena “cuadró” el testimonio de Sierra, pero ni él ni Uribe verificaron la veracidad ni la seriedad de la prueba.
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Para la Corte, que la defensa técnica del expresidente le enviara este tipo de testigos a la Sala es un ejemplo de cómo las partes de un proceso buscan que los magistrados cometan errores y, por eso, consideran que se pudo haber cometido fraude procesal. Y detrás de todo el entramado para que al alto tribunal llegaran esas cartas, dice el alto tribunal, estuvieron Cadena y Uribe -quienes lo rechazan-. La Corte aclara que, a diferencia de los casos de otros testigos como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez, con el Tuso Sierra no hay pruebas para demostrar que, a cambio de su testimonio, Cadena o Uribe ofrecieron dádivas.
Iván Velásquez
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema también mencionó en el documento en el que resolvió la situación jurídica de Uribe y determinó que debía estar en detención domiciliaria el episodio que tiene que ver con el abogado Iván Velásquez. Su relación con el caso del expresidente es similar a la de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo: según el Tuso Sierra, él fue otro funcionario que se le acercó, cuando era magistrado auxiliar de la Corte Suprema (2000-2012), para pedirle que hablara en contra de Uribe. Sierra dijo lo mismo del exmagistrado José Luis Barceló, quien ya se retiró de la Corte Suprema.
Barceló fue quien le dio un giro radical a la investigación que hoy tiene al país en medio de un revuelo jurídico y político por cuenta de la detención de Uribe. En su despacho estuvo durante cuatro años una denuncia del propio expresidente en contra de Iván Cepeda, a quien acusó de estar rondado en cárceles del país en búsqueda de testimonios en su contra a cambio de promesas de dinero y asilo. Después de años de investigación, lo que Barceló encontró fue lo contrario: que, tal vez, quien estaría manipulando testigos era Uribe. En febrero de 2018, ordenó archivar el caso contra Cepeda y pidió investigar al expresidente.
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Iván Velásquez le relató a la Sala de Instrucción varios episodios de sus días como investigador de la parapolítica y la persecución que vivió por cuenta del DAS, que le hizo seguimientos ilegales (la Nación fue condenada por ello hace menos de dos semanas). Recordó, por ejemplo, el revuelo que ocasionó una declaración del entonces presidente Uribe, en octubre de 2007, quien advirtió que el exparamilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, había enviado una carta a la Casa de Nariño en la que acusaba a Velásquez de haberlo buscado en la cárcel para ofrecerle beneficios a cambio de rendir testimonio contra Álvaro Uribe.
Quien viajó a Medellín a recibir la carta de Moncada fue Martha Leal (del DAS) y quien se la entregó fue el abogado Sergio Álvarez, quien era, a su vez, defensor de Mario Uribe, primo del presidente de la época. Al final, Tasmania se retractó. Desde ese entonces, Velásquez ha sostenido que ese fue un complot en su contra y así se lo hizo saber a la Sala de Instrucción de la Corte, testimonio que quedó consignado en el documento de 1.554 páginas en el que le alto tribunal ordenó medida de aseguramiento para el expresidente Uribe. El testimonio del Tuso Sierra contra Velásquez era similar al de Tasmania.
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Para la Sala de Instrucción, no podía pasarse por alto “el gravísimo antecedente” del montaje de Tasmania. En la reciente condena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el DAS y el Departamento Administrativo de la Presidencia, en la que se reconoció a Velásquez junto con su familia como víctima de la persecución del DAS -de la que sabían y promovían funcionarios tan cercanos al entonces presidente Uribe como su secretario general, Bernardo Moreno-, se señaló, sin embargo, que el episodio Tasmania no hacía parte del plan contra Velásquez porque Uribe estaba en su derecho de indagar sobre un exparamilitar que decía que había un plan en su contra.
En el caso del Tuso Sierra, Diego Cadena viajó a Miami para reunirse con él; está libre desde 2014 y por su cooperación con la justicia estadounidense consiguió quedarse en ese país. Velásquez reiteró que la carta de Sierra es “absolutamente falsa”. La Corte señaló en su providencia que el exmagistrado auxiliar comentó que le parecía “muy llamativo la afirmación de la ‘animosidad’ que ahí (en la carta de Sierra) se consigna”. Explicó que esa palabra la ha usado Uribe, desde que ambos eran compañeros de Derecho en la Universidad de Antioquia, para referirse a él. “Quiero destacar esa parte porque me parece muy sorprendente la coincidencia”, reiteró Velásquez.
Dice la decisión de la Corte que hay evidencia para demostrar que Sierra no se contactó con Uribe y sus defensores de manera voluntaria, como sostienen ellos, sino que el contacto para poder hablar con el exparamilitar lo iniciaron Uribe y Cadena a través de intermediarios para que el narcotraficante “diera su declaración o hiciera un video”. Además, dice la Corte, aunque no es claro que esas dos cartas en las que Sierra incrimina a Montealegre, a Perdomo y a Velásquez sean ciertas o que él las haya escrito, se “aprecian sustancialmente falsas”. Sierra tampoco ha comparecido ante la Corte, razón por la cual la legitimidad de sus cartas aún está en duda.
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“En ese sentido, no se planteó el senador Uribe por qué razón Juan Carlos Sierra, después de más de 9 años, resuelve comentar que fue abordado con ofrecimientos por dos congresistas e Iván Cepeda cuando estaba recluido en una cárcel (…) Tampoco llamó la atención del senador que siendo Sierra supuestamente un desconocido en el mejor de los casos o un enemigo por haberlo extraditado, o bien por haber declarado en el pasado en su contra, ahora repentinamente quiera espontánea y gratuitamente ayudarle en su situación judicial”, cuestionó la Corte en la extensa providencia.
Un “patrón de conducta”
Para la Sala de Instrucción, las pruebas en su poder no muestran que haya un complot en contra del senador Uribe de parte congresistas (Cepeda, Lara y Córdoba), como tampoco de la Fiscalía de Montealegre y Perdomo. “La existencia de un supuesto complot en contra del hoy senador Uribe de parte de la Fiscalía o del magistrado Barceló, carece de soporte probatorio, pues más allá de la misiva remitida presuntamente por Sierra, la que no fue reconocida y ratificada por su supuesto autor, no existe prueba o evidencia que soporte esta hipótesis”, aclara la Corte, quien anota en su providencia que el senador sí habría tenido injerencia en el contenido de las cartas de Sierra.
(“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador)
La Sala de Instrucción asegura que, en lugar de un complot, lo que se evidencia es “lo que ya aparece como un patrón de conducta del aforado y de su determinado Cadena, que consiste en utilizar un hecho o un escenario cierto a partir del cual se siembra o enmascara unas circunstancias falsas”. Con esta situación aclarada, el alto tribunal señaló que las evidencias y su análisis le permite evidenciar seis características de ese “patrón de conducta”. La primera la describe como el conocimiento y dirección de parte del expresidente de todas las acciones que se implementaron, desde que obtuvo la información por parte de personas que no identificó (en este caso serían quienes le hablaron sobre el Tuso Sierra).
La segunda característica es que, cada que había un posible declarante en su favor, Uribe le encomendaba a Diego Cadena recoger el testimonio. Así fue con Juan Carlos Sierra Ramírez y con varios más, a pesar de que su abogado destacado para el proceso donde se iban a aportar esos testimonios era alguien más: Jaime Granados. A la Sala no dejó de llamarle la atención que alguien contratara con firmas de abogados reconocidos (como Granados o Jaime Lombana, defensores de Uribe) y recurriera “a otro abogado o firma de más bajo nivel (Diego Cadena), que recaude prueba con el mismo objeto”.
La tercera característica se desprende de la segunda: que aquellos abogados a quienes Uribe les dio poder para que lo representaran ante la Corte Suprema en esta investigación nada tuvieron que ver en la obtención, práctica y recolección de la pruebas. Sobre la cuarta característica, la Corte explica que el mismo senador Uribe habría “abordado a terceras personas para procurar un encuentro con el posible declarante”. La quinta tiene que ver con su constante y permanente proceso de control de todas “las actuaciones para cuyo efecto utilizó (a) su equipo asesor de la UTL”. La defensa del senador Uribe niega que su UTL haya trabajado en “gestión de pruebas” para este caso.
Y, finalmente, la sexta característica de ese “patrón de conducta” -según la Corte- está relacionada con la omisión de una labor de contraste y verificación rigurosa de la información por parte del senador Uribe y su abogado Cadena antes de entregársela a la Corte. Para el alto tribunal, estas seis características están presentes en los casos de los otros testigos cuestionados, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, alias Diana. Este patrón, que la Sala de Instrucción califica de sistemático, sirvió también de argumento para emitir la orden de captura en contra de Uribe, pues los magistrados consideraron que se podía repetir en cualquier momento.
El expresidente, por su parte, le pidió a la Corte el pasado 6 de agosto que levante la reserva del sumario y haga pública todas las pruebas que hay en el expediente, solicitud que reiteró dos días más tarde, por medio de su abogado Jaime Granados, “como un acto de transparencia frente al país”. El penalista dijo esta semana, después de que se conociera que la Corte había ordenado la detención de Uribe, que el congresista -el más votado del país en las elecciones de 2018- “no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo” y que recibía la decisión de la Corte de detener a Uribe “con profunda decepción”.
En un comunicado de prensa publicado este domingo 9 de agosto, el abogado Granados aseguró que la Corte Suprema nunca escuchó la versión Juan Carlos Sierra, ni a Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar, “personas que transmitieron, en marzo de 2018, al Presidente Uribe la versión que el propio Tuso Sierra ha reiterado de forma pública, en radio y televisión”. Granados aseguró que le ha pedido constantemente a la Sala de Instrucción que tome sus declaraciones, pero que esto no ha sido posible.
“Si el país conociera el expediente, algo en lo que hemos insistido, podrá advertir que el Presidente Uribe no fue quién buscó al Tuso Sierra, tampoco orientó el contenido de sus versiones, ni mucho menos hizo ofrecimientos a éste para que declarara en cualquier sentido. La Sala, escuchando únicamente la versión de los sindicados en la carta, se apresuró a desvirtuar de plano el contenido de la misma, sin haber escuchado el testimonio de quien la suscribió, ni quién la recolectó, lo cual demuestra un claro sesgo a la hora de reconstruir la verdad y valorar la conducta del Presidente Uribe”, señaló el abogado.
De acuerdo con el profesional del derecho, “a pesar que la propia Sala reconoce que no hay evidencia de ningún soborno, termina por censurar el derecho que le asiste al Presidente Uribe de denunciar, imponiéndole además una carga inédita de verificación, que le corresponde a la Justicia, y que nunca le es exigida a quienes a diario de forma infame lo denuncian ante las autoridades. Vemos con sorpresa que sobre la veracidad de los hechos relatados por el Tuso Sierra, ni siquiera se ha adelantado una investigación, sino que se pretende en esta indagación, que es contra el Presidente Uribe, descartarlos de plano”.