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Este jueves 3 de octubre, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela que busca proteger los derechos fundamentales del exmandatario, que, según su abogado, Jaime Granados, han sido vulnerados durante las audiencias preparatorias antes del juicio en su contra por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Granados afirmó que la jueza Sandra Liliana Heredia no ha permitido a la defensa revisar pruebas clave del expediente, como el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, testigo central del caso.
Contexto: Defensa de Uribe radicará tutela por supuesta violación de sus derechos fundamentales
El abogado señaló que la negativa de la jueza Heredia, quien lidera el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, de otorgar una extensión de siete días para analizar el material probatorio, viola los derechos de defensa y el debido proceso. Heredia rechazó la solicitud argumentando que no deben continuar los retrasos en el proceso y que la defensa ya ha tenido tiempo suficiente para examinar las pruebas. Esto se suma a la audiencia del 6 de septiembre, en la que Granados había solicitado un plazo de 30 días para dicha revisión.
La defensa del expresidente argumenta que se le negó una prórroga justificada que había sido solicitada para verificar evidencia digital clave, a la cual solo tuvo acceso completo el lunes 30 de septiembre a las 6:53 p.m. Granados señaló que el juzgado no solo rechazó dicha prórroga, sino que también forzó “a la defensa, en esas condiciones, a presentar su descubrimiento probatorio a pesar de los requerimientos fundamentados y de la proporcionalidad de lo pedido, en tanto se pedían escasos siete días para poder hacer la labor de verificación”, relata el documento.
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Asimismo, la defensa se abstuvo de presentar su descubrimiento, lo que, según el equipo legal de Uribe, dejó al exmandatario en desventaja y sin la posibilidad de enunciar o solicitar pruebas, afectando su derecho a una defensa adecuada. Por lo tanto, la tutela solicita la suspensión provisional del proceso judicial que se adelanta en su contra en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, “hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional”.
Además, el equipo legal pidió que se declare que el juzgado en cuestión transgredió su derecho al debido proceso al negar una prórroga solicitada por la defensa, y que se anulen todas las decisiones tomadas a partir de la orden judicial emitida el pasado 2 de octubre.
En el documento de al menos 58 páginas, el jurista alega que, aunque la defensa activó el mecanismo de queja durante la audiencia, “el riesgo que se advierte en el presente asunto es la inusitada prisa que el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá tiene para adelantar este trámite, pues una cosa es la celeridad procesal máxime cuando existe un riesgo de prescripción y otra es que so pretexto del fenómeno de la prescripción se desconozca el bacilar derecho que tiene una persona en un juicio penal de acceder y analizar elementos materiales probatorios con miras a desvirtuar la tesis acusatoria”.
Respecto a la labor de la Fiscalía en medio del expediente, la defensa del expresidente argumenta una supuesta “falta de imparcialidad” del ente investigador, “especialmente porque en una falta de buena fe ofertó al juzgado una prueba que no tenía disponible, ni en acceso, y que obligó a la defensa tener que acudir a la fuente donde está prueba se encontraba, lo que dificultó el proceso de su obtención y extracción de la información”.
La tutela completa
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