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Este 26 de julio el fiscal Gabriel Jaimes inició con su promesa de marzo pasado: explicarle a un juez por qué, para él y su equipo de trabajo, debe precluirse la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. Jaimes criticó el papel de la prensa y de los intervinientes del proceso. Además, aseguró que chequeó lo actuado en la Corte Suprema de Justicia y, sumando su “apreciación probatoria”, llegó a la conclusión de que el exmandatario sería inocente por intentar torcer testigos a su favor en procesos por presuntos vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas.
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Lo primero que Jaimes le explicó a la audiencia y a la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, encargada de darle luz verde o roja a la solicitud de preclusión, es que no estaba obligado a acusar a Uribe Vélez. Ese estado procesal seguiría si, después de su investigación, encontrara méritos para llevar a juicio al imputado, un escenario sin precedentes en la historia de Colombia. “La Fiscalía no actúa para el aplauso de la galería, ni condescendiente con intereses particulares. Simple y llanamente cumple deberes jurídicos para abonar valores y principios que enriquezcan el bien común de la sociedad”, agregó Jaimes.
Luego, Jaimes enseñó las tres declaraciones que el testigo Juan Guillermo Monsalve ha registrado ante las autoridades: dos ante la Corte Suprema de Justicia, del 23 de febrero y 6 de marzo de 2018, y una ante la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura, hoy Comisión de Disciplina Judicial, el 24 de agosto de 2020. Definió a Monsalve como la “piedra angular incriminatoria del hecho 1”, protagonista de uno de los seis hechos que la Fiscalía se propuso analizar para la eventual preclusión. Jaimes, por tiempo, solo avanzó este lunes con su primera rama.
Hecho 1 de 6: Retractación de Juan Guillermo Monsalve con intervención de Diego Cadena
Juan Guillermo Monsalve es un exmiembro de Los Rastrojos condenado a 40 años de prisión por secuestro extorsivo. Es hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, ubicada entre Yolombó y San Roque (Antioquia), propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996. Monsalve ha asegurado que allí, el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez fueron claves para la creación del Bloque Metro de las Auc. Monsalve entra a esta historia, pues ante la justicia ha dicho que emisarios de Uribe lo han buscado para cambiar su versión.
Uno de los que lo visitó fue el abogado Diego Cadena, antiguo representante de Uribe y, en contraste con su exjefe, hoy en juicio por los mismos hechos. El 22 de febrero de 2018, Cadena buscó a Monsalve en la cárcel La Picota (Bogotá) y, según la misma Fiscalía, le habría ofrecido servicios jurídicos para negociar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a cambio de retractarse de sus acusaciones contra el exmandatario a través de una carta. Cadena lo habría presionado para que dijera que el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, era quien lo había buscado y le había ofrecido beneficios. Lo mismo sostuvo Cadena en las tres audiencias expuestas por Jaimes.
Asimismo, se reprodujo la declaración de la médica Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, quien confirmó lo dicho por el testigo principal. Agregó que Cadena también la buscó, pero a ella no le habría mencionado los mismos beneficios que le dijo a Monsalve en la cárcel. Además, se reprodujo la réplica de Uribe ante la Corte Suprema, donde aseguró que jamás ordenó a sus abogados presionar a Monsalve, ni mucho menos exigirle una nueva versión. Dijo que nunca conoció al testigo y jamás ha tenido la protección de paramilitares, mucho menos siendo gobernador de Antioquia. Afirmó que dio su visto bueno a la reunión Cadena-Monsalve, pero para “verificar esa información” ¿Cuál? Que el testigo quería retractarse porque había “caído en una trampa”.
Luego de siete horas de audiencia, Jaimes explicó que en este punto hay dos versiones en disputa y, por lo tanto, se necesita confrontar esas versiones con “testigos excepcionales”. El fiscal estaba a punto de seguir reproduciendo su extenso ramillete de presentaciones, no obstante, la jueza 28 ordenó una pausa y otorgarle toda la semana al ente acusador para hacer su presentación. Desde ya se prevé una solicitud de preclusión compleja, pues Jaimes aseguró que necesita por lo menos cinco días para culminar su trabajo y explicar cada uno de los seis puntos anunciados. Aún queda por rastrear los episodios del excongresista Álvaro Hernán Prada, los testimonios de múltiples exparamilitares y hasta la versión de la exfiscal Hilda Niño.
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Por otro lado, Jaimes dejó constancia de su inconformismo con “el abuso de publicidad” que ha tenido el caso. Señaló que podría influir en la imparcialidad del juez y la dignidad, la lealtad, la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas. El expediente, para él, podría convertirse en un escenario de confrontación “simplemente mediático”. “Más delicado que las mismas filtraciones es que se viene divulgando una interpretación descontextualizada y sesgada de tales elementos probatorios, con propósitos claros de manipulación de la opinión pública para adelantar un juicio paralelo, soportado en intereses particulares”, agregó el fiscal.
El expediente en la Corte Suprema
En 2019, Álvaro Uribe atendió a una indagatoria ante el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Entonces, la alta corte le seguía la pista por presuntamente, a través de su exabogado Diego Cadena y otros terceros, haber intentado cambiar la versión de testigos como Juan Guillermo Monsalve, quien desde 2012 ha asegurado que el expresidente sería clave en la creación del Bloque Metro de las Auc. Monsalve es hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez hasta 1996, donde según el testigo hubo reuniones entre paramilitares.
Monsalve asegura que le ofrecieron prebendas y beneficios como entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si cambiaba su versión y hablaba en favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Y hay registro, al menos, de que el abogado Cadena lo visitó en varias ocasiones, así como visitó a varios exparamilitares que luego terminaron enviando cartas a la Corte Suprema en las que aseguraban tener información relevante del proceso contra Uribe. Varias de esas cartas, encontró el alto tribunal, las había escrito Cadena de su puño y letra, según él, porque los testigos no sabían escribir.
Pero las presuntas presiones no acabaron allí. El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, por ejemplo, recibió millones en dinero, él mismo y sus familiares, que según sus dichos eran un pago de Cadena para que cambiara su versión. Asimismo, personajes como el narco Juan Carlos El Tuso Sierra, confeso adversario de Uribe, porque fue él como expresidente quien lo extraditó a Estados Unidos, terminó manifestándole a la Corte Suprema que quería contarle su versión: que, supuestamente, era Cepeda quien estaba presionando a exparas para que hablaran en contra del líder del Centro Democrático.
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En agosto de 2020, tras citar a declarar a decenas de personas y practicar cientos de pruebas, la Corte resolvió la situación jurídica de Uribe y consideró necesario detenerlo preventivamente mientras continuaba el proceso. A los pocos días, desde su finca El Ubérrimo, el expresidente renunció al Senado y el alto tribunal concluyó que perdía, entonces, la competencia para continuar investigándolo. El magistrado Reyes remitió el voluminoso expediente a la Fiscalía y allí le fue asignado a Gabriel Jaimes, quien tiene el tercer cargo más importante en el búnker: coordinador de delegados ante la Corte.