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En la mañana de hoy, durante la audiencia preparatoria del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, aceptó las grabaciones de llamadas realizadas en 2018, tras orden de la Corte Suprema de Justicia.
El caso se remite a cuando ese alto tribunal ordenó interceptar las comunicaciones del excongresista Nilton Córdoba, en medio de una investigación en su contra. Por error, el CTI de la Fiscalía terminó grabando las llamadas del expresidente Uribe Vélez en escuchas que duraron casi un mes.
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Entre la información que se recogió durante las grabaciones había conversaciones con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, sobre quien Uribe Vélez ha dicho que no fue emisario suyo para que privados de la libertad declararan a su favor por sobornos de hasta $200 millones. Sin embargo, Cadena tiene un proceso activo por presunta manipulación de testigos relacionada con el mismo caso.
Pese a que el exmandatario y su defensa, el abogado Jaime Granados, solicitaron recientemente que las grabaciones no se tuvieran en cuenta en el caso, ahora esa información tendrá peso de material probatorio en el juicio oral en contra de Uribe Vélez.
La juez Heredia argumentó, partiendo de que no hay lugar a considerar ilegales las interceptaciones porque fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, que son importantes para avanzar al juicio oral en contra del expresidente.
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“Se habilita a este estrado para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena, Juan José Salazar, Fabián Rojas, Luz Marina Pineda (mamá de Juan Guillermo Monsalve) y Álvaro Uribe”, señaló la juez.
Además del material recolectado en las interceptaciones, la juez avaló como testigos a los investigadores Óscar Álvarez Muñoz, Carolina Vargas Villamil y Lina María Solano Cuellar de la Fiscalía, quienes explicarán el detalle sobre cómo se realizaron las grabaciones y el procedimiento técnico para obtener y procesar la información de las comunicaciones del expresidente.
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