La jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, acaba de determinar que el proceso contra Álvaro Uribe Vélez no puede archivarse. Luego de escuchar la exposición de la Fiscalía —que pedía cerrar la investigación—, las víctimas, la Procuraduría y la defensa del expresidente, la jueza señaló que el expresidente debe seguir siendo investigado por el delito de soborno.
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Según la jueza, en el expediente hay pruebas suficientes para que Uribe Vélez siga vinculado a una investigación penal por el delito de soborno. En este momento, la togada Barrera sigue explicando si el expresidente debe seguir investigado por el delito de fraude procesal. Para Barrera, la Fiscalía no acreditó la completa inocencia del exsenador por el delito de soborno a testigo.
“Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, explicó la jueza.
Desde agosto de 2022, Barrera está a cargo del segundo intento de la Fiscalía para cerrar el expediente en el cual Uribe es investigado por supuestamente intentar torcer testigos, quienes lo señalaban de ser promotor de grupos paramilitares en Antioquia en los años 90. No es la primera vez que el ente investigador solicitaba que el caso Uribe sea archivado: en abril de 2021, el entonces fiscal del expediente, Gabriel Jaimes Durán, pidió que el caso fuera precluirlo. Sin embargo, un año más tarde, la jueza 28 de conocimiento negó la solicitud de cerrar el caso Uribe.
En este segundo intento, la Fiscalía General designó al fiscal Javier Cárdenas, quien, después de hacer su propia investigación, solicitó el cierre del proceso. En mayo de 2022, el ente investigador señaló que Uribe nunca buscó a testigos para que cambiaran su versión ni tampoco ofreció beneficios para que se retractaran. Lo único que hizo, señaló el nuevo fiscal, fue pedir que dijeran la verdad.
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Sobre las pruebas que reposan en el expediente que mostrarían que el abogado del expresidente, Diego Cadena, ofreció dádivas para que exparamilitares cambiaran sus testimonios a favor de Uribe Vélez, el fiscal señaló que no hay pruebas para asegurar que esos sobornos ocurrieron ni mucho menos que el expresidente sabía de ellos. Sin embargo, Cadena está en juicio por estos hechos y, en enero de 2023, fue suspendido por tres años para ejercer su profesión.
Las víctimas del caso, entre ellas el senador Iván Cepeda, han remarcado que la investigación de la Fiscalía fue precaria y superficial y que las intervenciones, tanto de Jaimes como de Cárdenas, estaban destinadas a demostrar la supuesta inocencia de Uribe Vélez. Para las víctimas, la Corte Suprema de Justicia, que investigaba al expresidente antes de su renuncia al Congreso, dio por concluida la investigación y tenía pruebas suficientes para adelantar un proceso en su contra por intentar torcer testigos.
¿Por qué es investigado Uribe?
El proceso contra Álvaro Uribe nació en la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia que él mismo presentó contra el senador Iván Cepeda por, supuestamente, manipular testimonios de paramilitares. En febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no había lugar a investigar a Cepeda y, en cambio, comenzó a investigar a Uribe por esa misma conducta. En cuestión de semanas, con base en interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos que denunciaron presiones del abogado Diego Cadena y otras personas cercanas a Uribe, la Corte le abrió investigación formal al expresidente.
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En un extenso documento, la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó detener en su casa a Uribe y concluyó que el expresidente había sido “con probabilidad de verdad, el gran determinador de este entramado ilegal”. Para la Corte, a través de maniobras en cabeza de Diego Cadena y otras personas cercanas, Uribe intentó incidir en algunos testigos. Por ejemplo, en el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que se retractara de sus señalamientos sobre supuestos vínculos de Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
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