Caso Uribe: las diferencias entre la Fiscalía de Barbosa y la de Camargo

El 17 y el 24 de mayo está todo previsto para que Álvaro Uribe Vélez se convierta en el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio penal. La cita histórica con la justicia se conoció esta semana, luego de que la Fiscalía, liderada por Luz Adriana Camargo, confirmara que el expresidente será acusado por los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión, que tomó por sorpresa al país, se estaba cocinando desde hace semanas, pues al ente investigador se le estaba acabando el tiempo para resolver qué hacía con el proceso que es, para muchos, el más importante de la historia reciente del país. El asombro, sin embargo, fue pasajero, pues desde que comenzó la investigación, hace seis años, 12 jueces han reiterado que hay méritos suficientes para que el caso avance.

El 17 y el 24 de mayo está todo previsto para que Álvaro Uribe Vélez se convierta en el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio penal. La cita histórica con la justicia se conoció esta semana, luego de que la Fiscalía, liderada por Luz Adriana Camargo, confirmara que el expresidente será acusado por los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión, que tomó por sorpresa al país, se estaba cocinando desde hace semanas, pues al ente investigador se le estaba acabando el tiempo para resolver qué hacía con el proceso que es, para muchos, el más importante de la historia reciente del país. El asombro, sin embargo, fue pasajero, pues desde que comenzó la investigación, hace seis años, 12 jueces han reiterado que hay méritos suficientes para que el caso avance.

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Si desde hace seis años todo está tan claro, ¿cuál ha sido la demora? ¿Qué cambió en esta administración de la Fiscalía que llevó a llamar a juicio a al expresidente? ¿Qué es realmente lo que reposa en el expediente que tiene tan enredado el caso? ¿Qué sigue y cuál es el futuro de la investigación? Preguntas como estas son constantes cada vez que el expediente de Uribe tiene cualquier movimiento, por pequeño que sea. Por eso es clave entender qué está pasando, qué pasó durante la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía y qué viene para el expresidente, quien, de nuevo, respondió al llamado de la justicia afirmando que todo es una persecución política, que lo único que hizo fue defender su inocencia y nada de ilegal hay en que quiera buscar la verdad.

Fiscalía de Barbosa vs. Corte Suprema

La decisión de acusar y llamar a juicio al expresidente Uribe se conoció el pasado 9 de abril, luego de seis años, desde que la Corte Suprema de Justicia pidió investigarlo, y cuatro desde que ese mismo alto tribunal decidió capturar al expresidente y resolver su situación jurídica. El asunto empezó en febrero de 2018, cuando la Corte compulsó copias contra Uribe; en 2020, los magistrados de la Sala de Instrucción de esa instancia judicial ya estaban listos para llamar a juicio al expresidente. Lo que explicó el alto tribunal es que Uribe Vélez habría sido el cerebro de un esquema ilegal en el que, a cambio de dádivas o favores, él y su abogado, Diego Cadena, consiguieron testimonios a su favor en la investigación por supuestos vínculos con grupos paramilitares del expresidente y su hermano, Santiago Uribe.

Sin embargo, luego de su captura, en agosto de 2020, Uribe renunció al Senado para que la Corte perdiera la potestad para investigarlo (era un aforado y a ellos los investiga el alto tribunal), asegurando que allí no tenía garantías. Así, el caso aterrizó en la Fiscalía. A la cabeza estaba Francisco Barbosa, cuya mano derecha, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, asumió el proceso, que tampoco escapó de discusiones jurídicas que plantearon, incluso, la necesidad de empezar toda la investigación desde ceros e ignorar lo hecho por la Corte. Entre recursos judiciales, el proceso se empezó a alargar. Solo en marzo de 2021 la Fiscalía tomó una decisión de fondo que, de nuevo, permitió que la investigación se dilatara.

El fiscal Jaimes Durán explicó que, según sus pesquisas, no había pruebas para investigar a Uribe y por eso le pidió a la jueza del caso que cerrara la investigación. Esa posición de la Fiscalía de Barbosa se estrelló inevitablemente con lo que ya había precisado la Corte Suprema, que es lo que retomó ahora la administración de Luz Adriana Camargo. En palabras sencillas: lo que sustentó Gabriel Jaimes Durán durante siete días de audiencias es que había seis hechos en los que había dudas y pocas pruebas sobre la responsabilidad de Uribe Vélez en los delitos de soborno y fraude procesal. Además, que todos los testimonios que había desechado la Corte, por mentirosos, sí eran válidos y se debían tener en cuenta.

La sustentación del fiscal se concentró en explicar que la Corte no valoró de forma correcta los testimonios que había tenido en cuenta para investigar al expresidente. Por ejemplo, sobre el testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve, lo que el alto tribunal encontró es que fue presionado por Cadena, quien le había ofrecido ayuda en sus procesos a cambio de que hablara a favor de Uribe ante la Corte. Además, que el expresidente estuvo al tanto de los acercamientos de su abogado con el testigo. Sin embargo, lo que explicó la Fiscalía Barbosa es que Cadena nunca presionó a Monsalve, que sí se reunieron, pero no le ofreció nada y que había inconsistencias en las pruebas (las grabaciones que hizo Monsalve con un reloj espía no estaban completas).

Otro ejemplo de los hechos que mencionó el fiscal Jaimes es la historia de los otros testigos, como alias Fosforito, Racumín, Jopra y Diana, quienes dieron relatos a favor de Uribe. Hasta la Corte llegaron sus testimonios y lo que sostuvo durante años el alto tribunal es que todos fueron conseguidos por Diego Cadena mediante dádivas. Para corroborarlo, la Corte echó mano de interceptaciones a las comunicaciones del abogado, de testimonios mentirosos de los autores de esos relatos, quienes negaron conocer a Cadena, y de informes que probaron que las cartas no las habían escrito quienes las firmaron. No obstante, para la Fiscalía de Barbosa, todo lo dicho por ellos fue cierto.

El fiscal Gabriel Jaimes Durán explicó que las versiones de los testigos fueron “constantes, sólidas individualmente y consistentes”, por lo que debían ser tenidas en cuenta en el proceso. En resumen, todo lo que sostuvo la Fiscalía pasada durante dos años es que la Corte se había equivocado en la valoración de las pruebas y que no había cómo llevar ante la justicia al expresidente. Sin embargo, la justicia lo puso en su lugar el 27 de abril de 2022, cuando la jueza Carmen Ortiz dictaminó que la Fiscalía no había hecho un buen trabajo investigativo, que tampoco hizo el mínimo esfuerzo por estudiar el trabajo de la Corte y que, incluso, había omitido pruebas o las había usado parcialmente a su favor solo para argumentar el cierre del proceso.

La segunda demora

La derrota de Jaimes Durán fue también un llamado a la Fiscalía, pues no solo el fiscal que sustentó la preclusión era uno de los de más alto perfil, sino porque se empezaba a escuchar con más fuerza el ruido sobre el supuesto beneficio que quería darle la administración Barbosa al expresidente. El asunto empeoró cuando, el 29 de julio de 2022, otro fiscal, Javier Cárdenas, volvió a pedir lo mismo que Jaimes Durán: el cierre del caso. Para sorpresa de las partes del proceso, lo hizo con los mismos argumentos del anterior fiscal, pero con problemas más graves. Por ejemplo, presentó un audio manipulado por la misma Fiscalía y, durante nueve días de audiencia, confundió los hechos, los nombres de los protagonistas y presentó pruebas que no tenían relación con sus argumentos.

La justicia reiteró lo que le había dicho a Jaimes Durán: que la Fiscalía de Barbosa ignoró pruebas, las tergiversó, no investigó lo suficiente y que, en últimas, sí hay pruebas para investigar al expresidente. Esta segunda decisión la tomó la jueza Laura Barrera y fue apelada por la defensa de Uribe. Así, el expediente aterrizó en el Tribunal Superior de Bogotá. El pasado 29 de septiembre, tres de sus magistrados insistieron en que el expresidente debe ser procesado por los delitos de fraude procesal y soborno. Así, con las dos juezas, los tres magistrados del Tribunal, más los siete de la Corte Suprema de Justicia, son 12 togados los que insisten en que el caso debe avanzar. Así lo cree la Fiscalía de Luz Adriana Camargo que, en pocas palabras, retomó todas las teorías del alto tribunal.

Fiscalía de Camargo y el regreso al punto inicial

En el escrito de acusación contra Uribe, que el nuevo fiscal del caso, Gilberto Villarreal Pava, ya radicó ante el Juzgado 44 de Bogotá, el ente investigador sostiene que el expresidente estuvo al tanto de toda la consecución de testimonios a su favor y le dio instrucciones al abogado Cadena para lograrlo. Lo mismo que encontró la Corte hace cuatro años. Sobre el testigo Monsalve, por ejemplo, la Fiscalía volvió a darle toda la credibilidad y afirmó que tiene pruebas para demostrar que Cadena sí le ofreció dádivas a cambio de su retractación. Sobre los testimonios de Fosforito, Racumín, Jopra y Diana, lo que sostiene la Fiscalía de Camargo es que el abogado los consiguió, “conforme a lo direccionado e indicado” por el expresidente Uribe, con la promesa en dinero y otros beneficios.

Sobre el resto de testimonios —por ejemplo, los de Juan Carlos el “Tuso” Sierra, Carlos Enrique Vélez, Carlos Eduardo López Callejas (alias Caliche) y la exfiscal condenada Hilda Niño—, la Fiscalía de Camargo volvió a darles la misma evaluación de la Corte Suprema: son prueba para demostrar que el expresidente sabía qué estaba haciendo su abogado Cadena. El escrito de acusación contra Uribe señala que el exmandatario “determinó al abogado para que directamente o por interpuesta persona, entregara o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Al mismo tiempo, indujo en error a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.

A renglón seguido, la Fiscalía de Camargo determinó que “Uribe Vélez, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad y les sirvieran para falsear o poner en duda versiones contra él y su hermano Santiago”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación. Además, explicó que Uribe hizo parte de esta estrategia “abusando o desconociendo la posición distinguida que ocupaba en la sociedad, especialmente por los cargos que había ostentado, su posición económica, ilustración, poder y autoridad política”.

¿Y ahora qué?

Si ninguna de las partes del proceso presenta un nuevo recurso judicial, el 17 y el 24 de mayo, la Fiscalía acusará formalmente a Álvaro Uribe en una audiencia ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá. Tras ese encuentro, la defensa del expresidente puede pedir aclaraciones, así como las víctimas acreditadas y la Procuraduría. No obstante, como ya se ha visto en este proceso, cualquiera de las partes puede sacar de la manga una estrategia para impedir que el caso avance. Si el asunto se desarrolla con normalidad, el siguiente paso sería la preparación del juicio; etapa donde las partes descubren todas sus evidencias, solicitan otras pruebas y solo después de esos pormenores del proceso penal empezaría el juicio contra Uribe.

¿Cuándo comenzaría? El cálculo es difícil de hacer y ningún penalista consultado por este diario se atrevió a dar una fecha. La razón es sencilla: el expresidente tiene dos abogados: Jaime Lombana y Jaime Granados; hay cuatro víctimas acreditadas (el senador Iván Cepeda, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, y Deyanira Gómez), además de un delegado de la Procuraduría. Y aunque no es obligatorio, todos podrían intervenir en las audiencias, presentar recursos y alargar aún más el proceso. En todo caso, el reloj ya está corriendo. El cálculo que sí se atreven a hacer los penalistas es el de la prescripción, pero no hay una sola respuesta.

Según las cuentas de algunos, si en octubre de 2025 la justicia no ha absuelto o condenado a Uribe, el caso se tendrá que cerrar por vencimiento de términos para tomar una decisión de fondo, pues ya habrán pasado seis años desde la indagatoria de Uribe. Sin embargo, hay otros abogados que sostienen que la fecha de prescripción es noviembre de 2026, pues la indagatoria solo vino a declararse válida en el proceso en 2020. Como todo el trasegar del proceso contra el expresidente, hasta este cálculo, que para muchos no tiene interpretación, dará de qué hablar y levantará polémica. Por ahora, su avance y términos están en manos de los jueces y de su eficacia y habilidad para resolver, sin más demoras, el futuro de Uribe en el ocaso de su carrera política.