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Han pasado más de tres meses desde que la jueza 28 penal de conocimiento suspendió la audiencia en la que la Fiscalía sustentaría por qué considera que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe debe archivarse. Este jueves 22 de julio todas las partes del caso están citadas nuevamente a una audiencia en la que, al parecer, el fiscal Gabriel Jaimes podrá leer su solicitud de preclusión, para que la funcionaria judicial decida si accede o no. Pero no han sido semanas quietas: personas mencionadas en el proceso han pedido ser reconocidas como víctimas, el fiscal Jaimes ha recopilado más evidencias y ahora parte del expediente llegó hasta la Corte Constitucional.
Álvaro Uribe es investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyera que, a través de terceros, como su exabogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, habría presionado a testigos para que cambiaran lo que han dicho sobre posibles nexos del político antioqueño con paramilitares. Uribe renunció al Congreso en agosto de 2020 y el caso pasó a la Fiscalía, que considera que el expresidente no cometió delito alguno. De cara a una diligencia central en el caso, El Espectador le cuenta las últimas movidas de uno de los expedientes judiciales más importante de la última década.
¿Distintas verdades?
En una movida similar a la de Uribe, el opita Álvaro Hernán Prada renunció a su curul en abril de este año. La Sala de Instrucción le imputa haber buscado presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve a través de un escolta, también de Huila, que lo conocía: Carlos Eduardo López, alias Caliche. Monsalve es el hombre que ha asegurado que Álvaro Uribe participó de la conformación del bloque Metro de las Autodefensas y, supuestamente, Prada quería que se retractara. Aunque se esperaba que el futuro judicial del excongresista siguiera el mismo curso que el del líder natural del Centro Democrático, no fue así: su proceso se queda en la Corte.
El alto tribunal se negó a que el expediente pasara a la Fiscalía, pues concluyó que para el momento (febrero de 2018) Prada se encontraba en campaña a la Cámara y buscaba robustecer su poder en el partido y contar con el visto bueno de su jefe: Álvaro Uribe Vélez. Y así la conducta estaría relacionada con su fuero de congresista. Asimismo, la Fiscalía le hizo saber a la Corte Suprema que no reclamarían la competencia. Es decir, el caso Uribe seguirá dos cauces distintos, lo que podría llevar a que haya dos verdades en el caso: una que halle la Fiscalía en los procesos contra Uribe y Cadena, y otra en la Corte, contra Prada.
En la Corte Constitucional
Cuando el expresidente Uribe renunció al Congreso y su proceso pasó a la Fiscalía, una de las preguntas que quedó en la cabeza de muchos abogados penalistas fue: ¿en qué fase está el proceso? Esa pregunta ahora podría resolverla la Corte Constitucional. Y es que, ante la Corte Suprema, los congresistas son investigados bajo la Ley 600 de 2000 que tiene pasos como la indagatoria, la resolución de situación jurídica y luego la acusación. Pero desde 2006 entró en funcionamiento la ley 906, que creó el sistema penal acusatorio, con el que son investigados los demás ciudadanos; y que tiene fases distintas: imputación de cargos, imposición de medida de aseguramiento y acusación.
La jueza 30 penal de garantías de Bogotá ordenó dejar en libertad a Álvaro Uribe por considerar que no eran equiparables los dos sistemas, con lo cual la Fiscalía debería iniciar prácticamente de ceros una eventual judicialización. La víctima en el caso, el senador Iván Cepeda, apeló, y en noviembre de 2020 en segunda instancia el juez 4 penal de conocimiento tumbó parcialmente esa decisión: confirmó que el expresidente debía estar en libertad, pero consideró que la indagatoria que había rendido en la Corte Suprema sí podía ser considerada una imputación de cargos, con lo cual el fiscal Jaimes debía entrar a decidir si lo llamaba a juicio o pedía una preclusión.
Álvaro Uribe interpuso una tutela buscando tumbar esa decisión y fue negada en primera instancia por el Tribunal de Bogotá. Aunque su defensa apeló y la pelota pasó a la Corte Suprema, el expresidente desistió de la tutela antes de que hubiera fallo. Pero esta misma semana la Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela, luego de que dos magistrados de la corporación y la Procuraduría así lo pidieran. El propio abogado de Uribe, Jaime Granados, solicitó que la demanda fuera seleccionada por considerar que esa zona gris de equivalencia entre los dos sistemas penales merecía un pronunciamiento del alto tribunal.
Las víctimas
Sin embargo, lo que frenó desde abril que la Fiscalía pudiera sustentar su solicitud de preclusión fueron los pedidos de dos personas mencionadas en el expediente que querían ser reconocidas como víctimas: la exesposa del testigo Monsalve, Deyanira Gómez, y el periodista Gonzalo Guillén. La jueza 28 le otorgó la calidad a Gómez y se la negó a Guillén, pero la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado de Uribe apelaron. En segunda instancia, el Tribunal de Bogotá tumbó el reconocimiento de víctimas a ambos. Gómez, entonces, interpuso una tutela en la que adicionó una medida cautelar buscando suspender la audiencia de este 22 de julio, pero el recurso también le fue negado.
La tutela, en sí, todavía está pendiente de ser resuelta por la Corte Suprema. En los últimos días, además, una tercera persona pidió ser reconocido como víctima en el caso: el abogado Luis Alfredo Castro Barón, quien asegura estar representando al sacerdote Abel de Jesús Barahona, desaparecido desde 1996. La jueza 28 le negó el reconocimiento por considerar que la desaparición del cura no tiene relación alguna con el expediente Uribe, pero el abogado interpuso un recurso de reposición. Las partes del caso están expectantes de si, después de tres meses, la Fiscalía podrá pedir formalmente la preclusión o si el expediente volverá a frenarse.