Caso Uribe: Procuraduría apeló decisión que permite pruebas contra el expresidente
Según el Ministerio Público, la decisión de la juez 44 de Conocimiento de Bogotá de admitir las interceptaciones telefónicas con el abogado Diego Cadena “violaron las garantías” de Álvaro Uribe.
En medio de las audiencias que se adelantan en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la Procuraduría le dio un espaldarazo al exjefe de Estado y pidió que no se tuvieran en cuenta las interceptaciones telefónicas que hizo la Corte Suprema al abogado Diego Cadena, exdefensor del exmandatario. Según el Ministerio Público, con esas grabaciones se “violaron las garantías” procesales.
En contexto: Avalan grabaciones entre Álvaro Uribe y Diego Cadena como pruebas para el juicio
La Procuraduría apeló este jueves la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien aceptó las grabaciones de llamadas realizadas en 2018, tras orden de la Corte Suprema de Justicia. El caso se remite a cuando ese alto tribunal ordenó interceptar las comunicaciones del excongresista Nilton Córdoba, en medio de una investigación en su contra. Por error, el CTI de la Fiscalía terminó grabando las llamadas del expresidente Uribe Vélez en escuchas que duraron casi un mes.
El Ministerio Público en la audiencia contra Uribe, dijo que “solicita respetuosamente al Honorable Tribunal de Bogotá en su sala de decisión penal que intervenga en la decisión objeto de disenso para revocar la decisión (...) referido a la exclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones que se suscitaron entre abogado y cliente y que fueron relacionadas en la solicitud de exclusión en detalle por parte de este delegado del Ministro de Público”.
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Entre la información que se recogió durante las grabaciones había conversaciones con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, sobre quien Uribe Vélez ha dicho que no fue emisario suyo para que privados de la libertad declararan a su favor por sobornos de hasta $200 millones. Sin embargo, Cadena tiene un proceso activo por presunta manipulación de testigos relacionada con el mismo caso.
A la hora de tomar su decisión, la jueza Heredia argumentó, partiendo de que no hay lugar a considerar ilegales las interceptaciones porque fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, que son importantes para avanzar al juicio oral en contra del expresidente. “Se habilita a este estrado para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena, Juan José Salazar, Fabián Rojas, Luz Marina Pineda (mamá de Juan Guillermo Monsalve) y Álvaro Uribe”, señaló la juez.
Además del material recolectado en las interceptaciones, la juez avaló como testigos a los investigadores Óscar Álvarez Muñoz, Carolina Vargas Villamil y Lina María Solano Cuellar de la Fiscalía, quienes explicarán el detalle sobre cómo se realizaron las grabaciones y el procedimiento técnico para obtener y procesar la información de las comunicaciones del expresidente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En medio de las audiencias que se adelantan en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la Procuraduría le dio un espaldarazo al exjefe de Estado y pidió que no se tuvieran en cuenta las interceptaciones telefónicas que hizo la Corte Suprema al abogado Diego Cadena, exdefensor del exmandatario. Según el Ministerio Público, con esas grabaciones se “violaron las garantías” procesales.
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La Procuraduría apeló este jueves la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien aceptó las grabaciones de llamadas realizadas en 2018, tras orden de la Corte Suprema de Justicia. El caso se remite a cuando ese alto tribunal ordenó interceptar las comunicaciones del excongresista Nilton Córdoba, en medio de una investigación en su contra. Por error, el CTI de la Fiscalía terminó grabando las llamadas del expresidente Uribe Vélez en escuchas que duraron casi un mes.
El Ministerio Público en la audiencia contra Uribe, dijo que “solicita respetuosamente al Honorable Tribunal de Bogotá en su sala de decisión penal que intervenga en la decisión objeto de disenso para revocar la decisión (...) referido a la exclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones que se suscitaron entre abogado y cliente y que fueron relacionadas en la solicitud de exclusión en detalle por parte de este delegado del Ministro de Público”.
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Entre la información que se recogió durante las grabaciones había conversaciones con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, sobre quien Uribe Vélez ha dicho que no fue emisario suyo para que privados de la libertad declararan a su favor por sobornos de hasta $200 millones. Sin embargo, Cadena tiene un proceso activo por presunta manipulación de testigos relacionada con el mismo caso.
A la hora de tomar su decisión, la jueza Heredia argumentó, partiendo de que no hay lugar a considerar ilegales las interceptaciones porque fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, que son importantes para avanzar al juicio oral en contra del expresidente. “Se habilita a este estrado para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena, Juan José Salazar, Fabián Rojas, Luz Marina Pineda (mamá de Juan Guillermo Monsalve) y Álvaro Uribe”, señaló la juez.
Además del material recolectado en las interceptaciones, la juez avaló como testigos a los investigadores Óscar Álvarez Muñoz, Carolina Vargas Villamil y Lina María Solano Cuellar de la Fiscalía, quienes explicarán el detalle sobre cómo se realizaron las grabaciones y el procedimiento técnico para obtener y procesar la información de las comunicaciones del expresidente.
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