Caso Uribe: Procuraduría ya interviene y empieza la recta final para una decisión

Se completan un poco más de 10 sesiones de audiencia de preclusión en el proceso judicial que se surte contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos. Aunque aún falta por intervenir el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del exsenador, y el delegado del Ministerio Público, el caso promete entrar en su etapa final.

Este jueves, el turno fue para el procurador delegado, Jorge Sanjuán Gálvez, quien en un poco más de dos horas, explicó la relación que existe entre la indagatoria (Ley 600 de 2000) y la imputación de cargos (Ley 906 del 2004). La puja sobre este caso, básicamente, empezó porque el exsenador Uribe inicialmente fue investigado por la Corte Suprema de Justicia que tiene en su ordenamiento jurídico la Ley 600 de 2000 que rige a los aforados y que, una vez se abre un proceso judicial, son llamados a indagatoria.

El expresidente, a su juicio, por falta de garantías renunció a su curul en el Congreso y el expediente quedó en manos de la Fiscalía. Desde ese entonces se cuestionó si Uribe tenía la condición de imputado y si la indagatoria rendida en octubre de 2019 le daba calidad de procesado por los delitos de fraude procesal y soborno.

Lea aquí: Caso Uribe: Corte Suprema inadmitió denuncia contra senador Iván Cepeda

La Corte Constitucional en un reciente fallo de tutela le dio la razón a varios expertos que aseguraban que la indagatoria se podía equiparar a la imputación de cargos. El magistrado Alejandro Linares presentó su ponencia y con una reñida votación le dio la calidad de imputado. Mientras eso ocurría, el proceso penal en el que piden cesar la investigación penal en su contra avanzaba. Intervinieron los representantes de las víctimas, entre ellos, el abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda; el abogado Miguel Ángel del Rio, que representa a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en contra de Uribe.

También expusieron sus argumentos el exfiscal Eduardo Montealegre y su coequipero en su paso por el búnker, el exvicefiscal Jorge Perdomo. Y este jueves, en el turno del procurador Sanjuán le explicó a la juez que en la imputación de cargos debe haber coherencia con el escrito de acusación y este a su vez con el fallo. Resaltó que, aunque la indagatoria y la formulación de cargos no se puede equiparar las precisiones que se hagan sobre las mismas siguen teniendo validez.

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Señaló, entre otras cosas, que “nos apartamos a una de las consideraciones de la Fiscalía en su postulación de preclusión al señalar que: según decisión judicial se ha perdido vigencia en esta decisión de medida de aseguramiento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez”.

Sanjuán explicó que la equiparación entre la indagatoria y la imputación da margen de validez entre lo que se adelantó en el proceso judicial en la Ley 600 y que lo equipara la Ley 906. “Entonces no es cierto que la resolución jurídica (proceso judicial) haya perdido vigencia. Lo único que perdió vigencia fue la medida de aseguramiento que dejó sin piso el juzgado de garantías una vez el proceso quedó en manos de la Fiscalía”, sostuvo.

Lea también: Caso Uribe: Fiscalía habría ayudado al exsenador, dice representante de víctimas

El procurador que pidió suspender la diligencia para este viernes a las 8:00 de la mañana, aseguró ante el Juzgado 28 de Conocimiento que tiene alrededor de tres puntos más en los que definirá su postura sobre la determinación de la Fiscalía de solicitar el cese de la investigación en contra del expresidente Uribe.

Previo a decretar la suspensión y en el marco de la diligencia que completó alrededor de ocho horas, la Juez decidió compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá contra la abogada Laura Valentina Muñoz Osorio, por pretender “entorpecer” y “retardar” la audiencia.

La abogada pedía declararse como víctima en el proceso debido a que, siendo defensora de Enrique Pardo Hasche, otro de los testigos en el proceso contra el expresidente, ha sido perseguida en múltiples ocasiones. La juez negó sus pretensiones por considerar que su intención no tenía relación con el expediente del exsenador.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Se completan un poco más de 10 sesiones de audiencia de preclusión en el proceso judicial que se surte contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos. Aunque aún falta por intervenir el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del exsenador, y el delegado del Ministerio Público, el caso promete entrar en su etapa final.

Este jueves, el turno fue para el procurador delegado, Jorge Sanjuán Gálvez, quien en un poco más de dos horas, explicó la relación que existe entre la indagatoria (Ley 600 de 2000) y la imputación de cargos (Ley 906 del 2004). La puja sobre este caso, básicamente, empezó porque el exsenador Uribe inicialmente fue investigado por la Corte Suprema de Justicia que tiene en su ordenamiento jurídico la Ley 600 de 2000 que rige a los aforados y que, una vez se abre un proceso judicial, son llamados a indagatoria.

El expresidente, a su juicio, por falta de garantías renunció a su curul en el Congreso y el expediente quedó en manos de la Fiscalía. Desde ese entonces se cuestionó si Uribe tenía la condición de imputado y si la indagatoria rendida en octubre de 2019 le daba calidad de procesado por los delitos de fraude procesal y soborno.

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La Corte Constitucional en un reciente fallo de tutela le dio la razón a varios expertos que aseguraban que la indagatoria se podía equiparar a la imputación de cargos. El magistrado Alejandro Linares presentó su ponencia y con una reñida votación le dio la calidad de imputado. Mientras eso ocurría, el proceso penal en el que piden cesar la investigación penal en su contra avanzaba. Intervinieron los representantes de las víctimas, entre ellos, el abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda; el abogado Miguel Ángel del Rio, que representa a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en contra de Uribe.

También expusieron sus argumentos el exfiscal Eduardo Montealegre y su coequipero en su paso por el búnker, el exvicefiscal Jorge Perdomo. Y este jueves, en el turno del procurador Sanjuán le explicó a la juez que en la imputación de cargos debe haber coherencia con el escrito de acusación y este a su vez con el fallo. Resaltó que, aunque la indagatoria y la formulación de cargos no se puede equiparar las precisiones que se hagan sobre las mismas siguen teniendo validez.

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Señaló, entre otras cosas, que “nos apartamos a una de las consideraciones de la Fiscalía en su postulación de preclusión al señalar que: según decisión judicial se ha perdido vigencia en esta decisión de medida de aseguramiento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez”.

Sanjuán explicó que la equiparación entre la indagatoria y la imputación da margen de validez entre lo que se adelantó en el proceso judicial en la Ley 600 y que lo equipara la Ley 906. “Entonces no es cierto que la resolución jurídica (proceso judicial) haya perdido vigencia. Lo único que perdió vigencia fue la medida de aseguramiento que dejó sin piso el juzgado de garantías una vez el proceso quedó en manos de la Fiscalía”, sostuvo.

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El procurador que pidió suspender la diligencia para este viernes a las 8:00 de la mañana, aseguró ante el Juzgado 28 de Conocimiento que tiene alrededor de tres puntos más en los que definirá su postura sobre la determinación de la Fiscalía de solicitar el cese de la investigación en contra del expresidente Uribe.

Previo a decretar la suspensión y en el marco de la diligencia que completó alrededor de ocho horas, la Juez decidió compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá contra la abogada Laura Valentina Muñoz Osorio, por pretender “entorpecer” y “retardar” la audiencia.

La abogada pedía declararse como víctima en el proceso debido a que, siendo defensora de Enrique Pardo Hasche, otro de los testigos en el proceso contra el expresidente, ha sido perseguida en múltiples ocasiones. La juez negó sus pretensiones por considerar que su intención no tenía relación con el expediente del exsenador.

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