Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Corte Suprema de Justicia acaba de soltar el juicio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el que habría incurrido cuando ejercía como alcalde de Bucaramanga (2016-2019). A las manos de la alta corte había llegado cuando el excandidato presidencial alcanzó un escaño en el Congreso, como resultado de su segundo lugar en las elecciones de 2022.
En contexto: ¿Qué pasará con la investigación a Rodolfo Hernández si llega a la Presidencia?
Dado que los hechos que le reprocha la Fiscalía a Hernández no tendrían relación con las pocas funciones que asumió Hernández, entre agosto y octubre de 2022, la Corte Suprema de Justicia decidió dejar el caso en manos del Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bucaramanga. El proceso llega de nuevo a la justicia ordinaria, luego de transitar por unos meses bajo las reglas de la alta corte y máxima autoridad en la justicia penal.
El caso Vitalogic
El 10 de agosto de 2020, la Fiscalía radicó la acusación contra el exalcalde de Bucaramanga, señalando de participar, presuntamente, en hechos de corrupción en un contrato de asesoría para la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Al parecer, intervino para que el acuerdo 096 de 2016 fuera adjudicado a la empresa Vitalogic RSU, para implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.
Lea también: Rodolfo Hernández presentó la renuncia oficial a su curul en el Senado
Según los señalamientos de la Fiscalía, el hijo de Hernández, Luis Carlos Hernández, habría pactado repartir comisiones por la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic RSU. El documento, dice el ente investigador, contó con las firmas del asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jorge Hernán Alarcón, y el contratista de Vitalogic, Carlos Gutiérrez.
“Antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado unas ‘calaveras’ como vulgarmente las llama; es decir, unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández recibiera un pago de US$100 millones”, dice en el expediente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.