Castaño y Chiquita Brands

Como asesor jurídico por varios años de la multinacional Chiquita Brands, Reinaldo Escobar de la Hoz conoció de cerca los secretos y maniobras de la empresa, que desde hace tiempo se encuentra en el ojo del huracán por el apoyo que les prestó a grupos paramilitares para financiar la espiral de violencia que sacudió al Urabá. Uno de esos secretos fue cómo se iniciaron los contactos entre los directivos de Chiquita y los jefes paramilitares interesados en combatir a un enemigo común: las Farc.

Aunque dijo no recordarlo con exactitud, sostuvo que en 1997 fue llamado para que hiciera la gestión de llevar a Charles Keiser, principal funcionario de Banadex, que en aquella época era la filial de Chiquita en Colombia, a una reunión importante en materia de seguridad. “A mí me llamó el señor Irvin Bernal, quien era miembro de la junta directiva de Augura, como lo era yo también. A mí no me dijeron en ese momento el sitio de la reunión, ni con qué personas eran, sólo que era un asunto de seguridad”.

Señaló que Bernal los fue a recoger y fueron a una casa de familia cerca a un club campestre donde los recibió el jefe paramilitar Carlos Castaño. Tras una corta presentación en la que afirmó que entendía que era señalado como un delincuente, les comentó que tenía un plan para sanear a Urabá. “(Dijo) que requería el apoyo económico de las empresas agroindustriales de la zona y agregó que esperaba que las empresas que pagaban a la guerrilla dejaran de hacerlo y en su lugar pagaran a las Auc para sacar la guerrilla”, sostuvo Keiser.

De ese año en adelante la empresa comenzó a entregar US$3 centavos por cada caja de banano exportado, como lo contó a Justicia y Paz el ex comandante paramilitar Raúl Emilio Hazbún, conocido como Pedro Bonito. Por estos hechos la empresa fue condenada en Estados Unidos a pagarles a las víctimas de la barbarie paramilitar US$25 millones. Pero mientras los directivos de la multinacional pagaban el “impuesto” sin preocuparse por la suerte de la violencia desatada en Urabá, los campesinos pagaron con sus vidas y sus tierras.

En descarnado relato de la actividad de las Auc, Ludys del Carmen Palencia, campesina productora de plátano de exportación, recordó en declaración a la Fiscalía que en 2000 llegaron a la vereda California, en zona rural del municipio de Turbo, el empresario bananero Felipe Echeverry Zapata, el administrador de una finca de nombre Epitafio Arboleda y el jefe paramilitar Camacho. Ella, al igual que otros labriegos, vendían el producto a comercializadoras como Banacol, Uniban y Suninsa. Echeverry Zapata se presentó como representante de Raúl Hazbún y dijo que el jefe paramilitar había mandado a decir que debían pagar las tierras o desocuparlas antes de que hubiera algún muerto.

Al final los campesinos fueron obligados a pagar $11 millones por hectárea. Poco después, narró la afectada, llegaron los ‘paras’ con funcionarios de una notaría de Apartadó y con hojas en blanco le hicieron firmar a la comunidad poderes a favor de Banacol para que les descontara el dinero de las cajas de banano que le vendían a esa empresa como pago por la tierra. Dieciséis personas que no pudieron cancelar vendieron la tierra a un precio muy inferior de lo que realmente valía. De ese precio les descontaron lo que no habían podido pagar.

Como asesor jurídico por varios años de la multinacional Chiquita Brands, Reinaldo Escobar de la Hoz conoció de cerca los secretos y maniobras de la empresa, que desde hace tiempo se encuentra en el ojo del huracán por el apoyo que les prestó a grupos paramilitares para financiar la espiral de violencia que sacudió al Urabá. Uno de esos secretos fue cómo se iniciaron los contactos entre los directivos de Chiquita y los jefes paramilitares interesados en combatir a un enemigo común: las Farc.

Aunque dijo no recordarlo con exactitud, sostuvo que en 1997 fue llamado para que hiciera la gestión de llevar a Charles Keiser, principal funcionario de Banadex, que en aquella época era la filial de Chiquita en Colombia, a una reunión importante en materia de seguridad. “A mí me llamó el señor Irvin Bernal, quien era miembro de la junta directiva de Augura, como lo era yo también. A mí no me dijeron en ese momento el sitio de la reunión, ni con qué personas eran, sólo que era un asunto de seguridad”.

Señaló que Bernal los fue a recoger y fueron a una casa de familia cerca a un club campestre donde los recibió el jefe paramilitar Carlos Castaño. Tras una corta presentación en la que afirmó que entendía que era señalado como un delincuente, les comentó que tenía un plan para sanear a Urabá. “(Dijo) que requería el apoyo económico de las empresas agroindustriales de la zona y agregó que esperaba que las empresas que pagaban a la guerrilla dejaran de hacerlo y en su lugar pagaran a las Auc para sacar la guerrilla”, sostuvo Keiser.

De ese año en adelante la empresa comenzó a entregar US$3 centavos por cada caja de banano exportado, como lo contó a Justicia y Paz el ex comandante paramilitar Raúl Emilio Hazbún, conocido como Pedro Bonito. Por estos hechos la empresa fue condenada en Estados Unidos a pagarles a las víctimas de la barbarie paramilitar US$25 millones. Pero mientras los directivos de la multinacional pagaban el “impuesto” sin preocuparse por la suerte de la violencia desatada en Urabá, los campesinos pagaron con sus vidas y sus tierras.

En descarnado relato de la actividad de las Auc, Ludys del Carmen Palencia, campesina productora de plátano de exportación, recordó en declaración a la Fiscalía que en 2000 llegaron a la vereda California, en zona rural del municipio de Turbo, el empresario bananero Felipe Echeverry Zapata, el administrador de una finca de nombre Epitafio Arboleda y el jefe paramilitar Camacho. Ella, al igual que otros labriegos, vendían el producto a comercializadoras como Banacol, Uniban y Suninsa. Echeverry Zapata se presentó como representante de Raúl Hazbún y dijo que el jefe paramilitar había mandado a decir que debían pagar las tierras o desocuparlas antes de que hubiera algún muerto.

Al final los campesinos fueron obligados a pagar $11 millones por hectárea. Poco después, narró la afectada, llegaron los ‘paras’ con funcionarios de una notaría de Apartadó y con hojas en blanco le hicieron firmar a la comunidad poderes a favor de Banacol para que les descontara el dinero de las cajas de banano que le vendían a esa empresa como pago por la tierra. Dieciséis personas que no pudieron cancelar vendieron la tierra a un precio muy inferior de lo que realmente valía. De ese precio les descontaron lo que no habían podido pagar.