Causa Justa advierte irregularidades en iniciativa de referendo antiaborto

La exconcejal de Bogotá y miembro de la Misión Carismática Internacional, Sara Castellanos, presentó la iniciativa del llamado “Referendo por la Vida”, el cual busca modificar el artículo 11 de la Constitución afectando el derecho a la salud de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Ante este proyecto, el movimiento Causa Justa monitorea esta iniciativa desde abril de 2022, y se ha encontrado con varias irregularidades sobre este mecanismo e inconsistencias en la actuación de instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La organización Causa Justa advierte que hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana es peligroso, puesto que cuestiona principios de la Constitución Política como la dignidad humana y la salud. “Es inconstitucional pretender desconocer la dignidad humana, principio de nuestra Constitución, y es oportunista que grupos opositores de los derechos reproductivos y de las mujeres usen un mecanismo de participación como un referendo para limitar derechos fundamentales y atacar a grupos históricamente discriminados”, afirma Juliana Martínez, secretaria técnica del Movimiento Causa Justa.

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Las principales fallas en los procedimientos para el proceso de referendo que encontró el movimiento se da alrededor de fallas en los procedimientos, vulneración del principio de transparencia e incumplimiento al derecho de acceso a la información. En primer lugar, el CNE autorizó injustificadamente una prórroga de tres meses para que la exconcejala Castellanos siguiera recogiendo firmas, a pesar de que la solicitud no cumplía los requisitos legales; la prórroga se justificó bajo las condiciones climáticas por el fenómeno de La Niña, pero no se identificó que se tratase de un evento de fuerza mayor, advierte Causa Justa.

Ante este hecho del CNE, un grupo de abogado buscó anular la prórroga, pero su petición fue rechazada por el Consejo de Estado. El tribunal consideró que como una decisión administrativa de trámite que no podía ser resuelta por sus jueces. De esta manera, se sentó “un precedente sobre la definición de la fuerza mayor en los procesos de recolección de firmas a partir de argumentos que son cuestionables y dejando las decisiones del CNE fuera del control judicial”, explica el movimiento Causa Justa.

(Le puede interesar: Confusión innecesaria y dañina sobre el aborto)

Durante el seguimiento a la iniciativa de referendo en contra del aborto, la organización que, desde 2017, busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, se encontró con que la Registraduría Nacional tardó cinco meses en publicar en su sitio oficial la resolución bajo la cual autorizó la inscripción del comité promotor del mencionado referendo antiaborto, desde el 16 de marzo de 2022 y que fue divulgada en agosto del mismo año. Adicionalmente, dice que el CNE no publicó en la página web de la entidad la prórroga del plazo de recolección de apoyos a la iniciativa de referendo.

A lo anterior, se suma que en el seguimiento de Causa Justa se evidencian contradicciones y engaños con la entrega de casi un millón de firmas a la Registraduría. Según exponen las abogadas, en marzo de 2023, el director del Censo Electoral, Roberto Cadavid, negó que hubiesen sido entregadas las firmas recogidas hasta ese momento. Sin embargo, el 11 de agosto de este año se conoció que sí habían sido presentadas 901.875 y que el acta de recibo estaba firmada con fecha de septiembre de 2022 por Cadavid, sin que todavía se encuentre publicada. El mismo funcionario, el 25 de agosto, indicó que se trató de una imprecisión, inconsistencia de la que no se tiene explicación.

Mediante el mismo proceso de monitoreo, Causa Justa denuncia que se ha contado con múltiples dificultades para acceder a la información por parte de la Registraduría y el CNE. Cuentan, mediante un comunicado, que han obtenido “respuestas tardías, incompletas o evasivas que vulneran el derecho a la información de carácter público, del que depende la participación ciudadana y el control sobre decisiones que deben estar abiertas al escrutinio público”.

Una alerta más, según el movimiento, es que a hoy no se conoce de la entrega de los estados contables de la iniciativa, que debían ser presentados a más tardar el pasado 16 de agosto de 2023. En esa misma línea, explican que se ha verificado que algunas personas que fueron invitadas a firmar lo hicieron bajo información engañosa y confusa, por ejemplo, diciéndoles que era una iniciativa para “que no apruebe el aborto”, “para que se les permita a los bebes nacer” o afirmando que “cuatro magistrados decidieron por toda Colombia que se podía matar los bebés inclusive hasta los 7 meses”. Esto, en el marco de un país que cada día avanza más en la despenalización social, en Colombia el 91% de la población colombiana considera que la maternidad no debe ser forzada.

Por todas las razones mencionadas, el movimiento Causa Justa hace un llamado a las autoridades electorales “para considerar cuidadosamente estos problemáticos indicios que erosionan la legitimidad de la iniciativa y a otras autoridades públicas para analizar los efectos perjudiciales que ponen en juego la democracia”, dice la organización. También llama la atención de líderes de opinión y a la ciudadanía en general para que levanten su voz y hagan veeduría a estos entes y al comité que lidera esta iniciativa de referendo contra el aborto, el cual no ha cumplido con el principio de transparencia y, advierten, ha recogido sus firmas con información falsa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La exconcejal de Bogotá y miembro de la Misión Carismática Internacional, Sara Castellanos, presentó la iniciativa del llamado “Referendo por la Vida”, el cual busca modificar el artículo 11 de la Constitución afectando el derecho a la salud de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Ante este proyecto, el movimiento Causa Justa monitorea esta iniciativa desde abril de 2022, y se ha encontrado con varias irregularidades sobre este mecanismo e inconsistencias en la actuación de instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La organización Causa Justa advierte que hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana es peligroso, puesto que cuestiona principios de la Constitución Política como la dignidad humana y la salud. “Es inconstitucional pretender desconocer la dignidad humana, principio de nuestra Constitución, y es oportunista que grupos opositores de los derechos reproductivos y de las mujeres usen un mecanismo de participación como un referendo para limitar derechos fundamentales y atacar a grupos históricamente discriminados”, afirma Juliana Martínez, secretaria técnica del Movimiento Causa Justa.

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Las principales fallas en los procedimientos para el proceso de referendo que encontró el movimiento se da alrededor de fallas en los procedimientos, vulneración del principio de transparencia e incumplimiento al derecho de acceso a la información. En primer lugar, el CNE autorizó injustificadamente una prórroga de tres meses para que la exconcejala Castellanos siguiera recogiendo firmas, a pesar de que la solicitud no cumplía los requisitos legales; la prórroga se justificó bajo las condiciones climáticas por el fenómeno de La Niña, pero no se identificó que se tratase de un evento de fuerza mayor, advierte Causa Justa.

Ante este hecho del CNE, un grupo de abogado buscó anular la prórroga, pero su petición fue rechazada por el Consejo de Estado. El tribunal consideró que como una decisión administrativa de trámite que no podía ser resuelta por sus jueces. De esta manera, se sentó “un precedente sobre la definición de la fuerza mayor en los procesos de recolección de firmas a partir de argumentos que son cuestionables y dejando las decisiones del CNE fuera del control judicial”, explica el movimiento Causa Justa.

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Durante el seguimiento a la iniciativa de referendo en contra del aborto, la organización que, desde 2017, busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, se encontró con que la Registraduría Nacional tardó cinco meses en publicar en su sitio oficial la resolución bajo la cual autorizó la inscripción del comité promotor del mencionado referendo antiaborto, desde el 16 de marzo de 2022 y que fue divulgada en agosto del mismo año. Adicionalmente, dice que el CNE no publicó en la página web de la entidad la prórroga del plazo de recolección de apoyos a la iniciativa de referendo.

A lo anterior, se suma que en el seguimiento de Causa Justa se evidencian contradicciones y engaños con la entrega de casi un millón de firmas a la Registraduría. Según exponen las abogadas, en marzo de 2023, el director del Censo Electoral, Roberto Cadavid, negó que hubiesen sido entregadas las firmas recogidas hasta ese momento. Sin embargo, el 11 de agosto de este año se conoció que sí habían sido presentadas 901.875 y que el acta de recibo estaba firmada con fecha de septiembre de 2022 por Cadavid, sin que todavía se encuentre publicada. El mismo funcionario, el 25 de agosto, indicó que se trató de una imprecisión, inconsistencia de la que no se tiene explicación.

Mediante el mismo proceso de monitoreo, Causa Justa denuncia que se ha contado con múltiples dificultades para acceder a la información por parte de la Registraduría y el CNE. Cuentan, mediante un comunicado, que han obtenido “respuestas tardías, incompletas o evasivas que vulneran el derecho a la información de carácter público, del que depende la participación ciudadana y el control sobre decisiones que deben estar abiertas al escrutinio público”.

Una alerta más, según el movimiento, es que a hoy no se conoce de la entrega de los estados contables de la iniciativa, que debían ser presentados a más tardar el pasado 16 de agosto de 2023. En esa misma línea, explican que se ha verificado que algunas personas que fueron invitadas a firmar lo hicieron bajo información engañosa y confusa, por ejemplo, diciéndoles que era una iniciativa para “que no apruebe el aborto”, “para que se les permita a los bebes nacer” o afirmando que “cuatro magistrados decidieron por toda Colombia que se podía matar los bebés inclusive hasta los 7 meses”. Esto, en el marco de un país que cada día avanza más en la despenalización social, en Colombia el 91% de la población colombiana considera que la maternidad no debe ser forzada.

Por todas las razones mencionadas, el movimiento Causa Justa hace un llamado a las autoridades electorales “para considerar cuidadosamente estos problemáticos indicios que erosionan la legitimidad de la iniciativa y a otras autoridades públicas para analizar los efectos perjudiciales que ponen en juego la democracia”, dice la organización. También llama la atención de líderes de opinión y a la ciudadanía en general para que levanten su voz y hagan veeduría a estos entes y al comité que lidera esta iniciativa de referendo contra el aborto, el cual no ha cumplido con el principio de transparencia y, advierten, ha recogido sus firmas con información falsa.

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