En operación desarrollada entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capturaron, en las últimas horas, a 20 integrantes de una organización que, en cinco años, le proporcionó recursos producto del lavado de activos, tráfico de estupefacientes y contrabando al Clan del Golfo, a cargo de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, por un valor de $212 mil millones en los últimos cinco años.
En esta operación fueron capturadas 18 personas mediante orden judicial y otras dos en flagrancia. Según la Policía, todos los detenidos serán procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento ilícito y contrabando ante un juez de control de garantías. Asimismo, las autoridades incautaron más de 470 millones de pesos en efectivo, cuatro armas de fuego, munición, 49 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y 2 tabletas.
Se pudo establecer, dice la Policía, que el dinero incautado tendría como destino final varias zonas del Urabá antioqueño. Eso llevó a que las autoridades, tras dos años de indagaciones, descubrir una red ilegal que estaría encabezada por alias Matías o Maxi, señalado, según la Policía, de hacer parte del círculo cercano de Aristides Manuel Mesa Páez, alias El Indio, uno de los principales jefes del Clan del Golfo.
Asimismo, las autoridades establecieron que Matías, al parecer, era el encargado de mantener activas las finanzas del grupo armado organizado para conseguir armas, equipos de comunicaciones, pago de nóminas y la adquisición de lujosos vehículos y propiedades en la región del Urabá. En cuanto al lavado de activos, la Policía señaló que era a través de diez empresas, que tenían como fachada la venta de bebidas y tabaco, pero que, de acuerdo con los informes, se nutrían con recursos que recibían narcotraficantes en Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá, y de actividades de contrabando.
Esta operación, que hace parte de la ofensiva desplegada por el Gobierno como Agamenón II, se hicieron 32 allanamientos y registros a establecimientos comerciales, oficinas y viviendas en Bogotá, Medellín y Montería, y en los municipios antioqueños de El Santuario, Apartadó, Montebello, Turbo y Mutatá.