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Colombia enfrenta una nueva demanda relacionada con el galeón San José. En esta ocasión, la compañía estadounidense de cazatesoros Sea Search Armada pide que la Nación pague 10 mil millones de dólares. Según la empresa, se les expropiaron sus derechos sobre el Galeón San José, la histórica embarcación que está en disputa por diversos países y que está ubicada en algún punto de la profundidad del mar, cerca a las Islas del Rosario (Colombia).
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Ante la billonaria demanda, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representará a Colombia a nivel internacional, empezó a preparar sus argumentos para buscar tumbarla. De acuerdo con lo dicho por la Andje, esta demanda “se trata de las pretensiones más altas presentadas contra Colombia en el marco de un arbitraje internacional de inversión”.
El caso es manejado por un tribunal de arbitraje que está compuesto por el abogado canadiense Stephen Drymer, quien actuará como presidente; Stephen Jagusch KC, especialista en comercio internacional; y por el abogado Claus Von Wobeser. Sin embargo, el 22 de julio de este año la Anje objetó el tribunal, “cuestionando la competencia del Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre esta disputa”.
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La estrategia de la Andje es impedir que el proceso contra los cazatesoros avance “y así evitar destinar más recursos públicos a la defensa del Estado en este caso”. Dentro de los argumentos presentados en el caso del galeón San José está que Sea Search Armada “nunca realizó una inversión en Colombia, en los términos exigidos por el Acuerdo”.
Igualmente, la Andje sostiene que “las conductas que supuestamente vulneraron los derechos de Sea Search Armada, LLC ocurrieron antes de la entrada en vigor del Acuerdo en 2012 y, por ende no se encuentra protegido por éste”. Asimismo, manifiestan que los reclamos de la compañía ya prescribieron, pues “la demanda fue presentada más de 3 años después de que ésta conoció o debió conocer de los supuestos actos que vulneraron sus derechos”.
La Andje insiste que Sea Search Armada nunca “aportó pruebas que demostraran que es un inversionista protegido bajo los términos del Acuerdo”. Asimismo, el Estado reitera que la empresa no posee ningún derecho sobre el galeón San José, debido a que, dice la Anje, “como había sido demostrado desde tiempo atrás, en el supuesto hallazgo reportado en 1982 no se encontraba ningún naufragio. En su lugar, el Galeón San José había sido hallado en 2015 por la República de Colombia y su ubicación es, por supuesto, un asunto reservado”.
En palabras de la Agencia, la nueva demanda que se presenta en el caso “lo que se buscaba era revivir una controversia ya resuelta tanto de manera local por la Corte Suprema de Justicia, como de manera internacional por las Cortes de Estados Unidos”. Los argumentos para hundir el caso contra los cazatesoros serán presentados en Bogotá el 14 y 15 de diciembre de 2023, fechas en las que se realizará la audiencia del caso internacional.
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El conflicto por el galeón inició en la década de 1980, cuando la compañía Glocca Morra Company, predecesora de Sea Search Armada, obtuvo autorización de Colombia para buscar e informar de cualquier descubrimiento en aguas de nuestro país. La compañía halló entonces el galeón San José, navío que en su interior tiene un tesoro avaluado en más de USD$20.000 millones, según la prestigiosa revista CIAR Global.
Por haber hallado la embarcación, Colombia reconoció en ese momento a la compañía Glocca como reclamante por el descubrimiento, lo cual le daba derecho al 50% de los objetos y además otorgaba acceso preferente a un contrato para el salvamento del galeón. Sin embargo, en medio de las negociaciones de un contrato de salvamento, el proceso se estancó e empezaron los litigios en Colombia y a nivel internacional para determinar a quién le pertenecía la embarcación y su contenido.
En 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó que Sea Search (antes Glocca), tenía derechos sobre el 50% del tesoro que había descubierto y comunicado. Ya con la decisión del alto tribunal, el Ministerio de Cultura, en 2020, emitió una resolución declarando que el San José no era un “tesoro”, sino un “Bien de Interés Cultural de la Nación”, lo cual lo excluía de la sentencia de la Corte Suprema.
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