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La Procuradora Margarita Cabello Blanco anunció que presentará una acción de tutela con el objetivo de avanzar en la recuperación de los $70.00 millones de pesos perdidos en el escándalo de contratación de Centros Poblados, en el cual ese dinero que hacía parte del anticipo de un megacontrato para llevar internet a zonas rurales del país.
“Procuraduría fue quien inmediatamente presentó una acción popular, con medidas cautelares de embargos de bienes de todos los involucrados en centros poblados, para efectos de recuperar los dineros. Acción popular que todavía en nuestro pensar, fue dada por terminada abruptamente, y contra eso interpusimos recursos”, declaró Cabello.
Cabello destacó que la Procuraduría ha sido el único ente de control que ha tomado decisiones definitivas sobre el caso, y frente a la negación de la acción, señala que dentro de la visión del Ministerio Público “no se debió dar por terminado esa acción popular, interpusimos recursos, no fueron negados y estamos listos para presentar una acción de tutela a efectos de que esa acción popular siga su recorrido. Es decir se han recuperado dineros y tenemos tres líneas de acción en donde es la Procuraduría la que más ha trabajado en esos temas”.
En relación con el cierre del proceso disciplinario de la exministra de las TIC, Karen Abudinen —realizado ayer martes 24—, la procuradora mencionó que no se halló pruebas que demuestren su participación en el proceso licitatorio, el cual fue responsabilidad de la Secretaría General. Además, señaló que la exministra fue quien detuvo el proceso, denunció irregularidades en las pólizas y ordenó la investigación.
Contexto: Procuraduría cierra proceso contra Karen Abudinen por caso de los $70.000 millones
“La Sala correspondiente determinó que no habían pruebas ni elementos suficientes que demostraran que ella fue la que participó en el proceso licitatorio, y que ella fue la que ordenó parar la licitación, anunció de los problemas en las pólizas, y también fue la que ordenó la investigación por lo que estaba observando que no era correcto en ese proceso licitatorio que se cayó” señaló la procuradora.
Anteriormente, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría había ordenado la recopilación de pruebas, incluida la revisión del expediente relacionado con el contrato estatal No. 1043 de 2020, firmado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados. Esto se hacía para trasladar las evidencias pertinentes que ayudaran a esclarecer los hechos en investigación, en cumplimiento con el principio de economía procesal.
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