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Un juzgado de Conocimiento de Bogotá condenó a Luis Fernando Duque Torres a 52 meses de prisión, es decir, poco más de cuatro años, por el escándalo de corrupción de los centros digitales para la niñez rural en Colombia, el cual estalló durante el gobierno de Iván Duque.
La Unión Temporal Centros Poblados fue elegida en 2020 por el Ministerio de las Tecnologías, entonces en cabeza de Karen Abudinen, para crear 7.000 centros digitales, con una inversión de un billón de pesos. Duque, representante legal de la unión, presentó garantías bancarias falsas para quedarse con el millonario contrato de MinTIC, del cual alcanzó a recibir un anticipo de $70.000 millones.
En la sentencia, Duque también tendrá que pagar una multa de más de $7 mil millones —que deberá consignar en un plazo de 12 meses—, y será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo plazo de su condena de prisión.
La lectura de la sentencia contra Duque se presenta oficialmente luego de un proceso en el que el contratista aceptó responsabilidad temprana de los hechos. En el caso concreto, según la hipótesis del caso de la Fiscalía, por haber inducido al error a los funcionarios del MinTIC al haber presentado documentación falsa durante el proceso de licitación.
La responsabilidad era mayúscula para el Ministerio, como sí lo establece el expediente de la Procuraduría, la cual sancionó con inhabilidad para ejercer cargos públicos a tres exfuncionarios de alto grado. La inversión propuesta, para la región B de los centros digitales, encargados a Centros Poblados, era de más de un billón de pesos. Al final, el Ministerio quedó retratado contratando con una unión temporal corrupta, a la que le delegó servicios de planeación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura.
El proceso tuvo un yerro que pasó tan inadvertido por el Ministerio que el mismo Banco Itaú tuvo que alertar, en junio de 2021, casi medio año después de la firma del contrato, que la unión temporal Centros Poblados de Duque había incorporado garantías bancarias falsas y nunca expedidas por esa entidad financiera. Ese fue el detonante para que la exministra Karen Abudinen detuviera la ejecución de un contrato que, de todas maneras, seguía en obra gris.
Duque es penalmente responsable de haber falsificado tres documentos que constituían la garantía bancaria del acuerdo público. Pero no solo eso, también “se apropió en provecho de terceros por el valor de $15.244.952.946, esto en favor de Emilio Tapia Aldana (el corrupto zar de la contratación) y Ángel Cáceres Bayona (propietario de una de las empresas integrantes de la UT Centros Poblados), dinero que correspondía al anticipo del contrato”. Es decir, gran parte de los $70 mil millones terminó directamente en los bolsillos de terceros.
Así las cosas, el juzgado capitalino ordenó al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao librar una boleta de detención inmediata contra Duque, con fines de cumplimiento de la pena impuesta. Asimismo, se ofició al Inpec para que le haga un lugar en alguno de sus centros de reclusión en Colombia. Hasta antes de esta decisión, Duque se encontraba con medida de aseguramiento en casa, en su lugar de residencia en Puerto Colombia (Atlántico).
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