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La Fiscalía General anunció que para el próximo 23 de febrero de 2022 quedaron programadas las audiencias de imputación de cargos contra cinco personas que estarían involucradas en las presuntas irregularidades que rodearon el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objeto era garantizar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes regiones del país.
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Una fiscal especializada contra la Corrupción le imputará cargos a cinco empresarios, que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato. Se trata de los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.
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Los cinco empresarios serán imputados por delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En octubre de 2021, la defensa de Emilio Tapia pidió el cambio de reclusión para garantizar su seguridad y por su delicado estado de salud. Ante esto, un juez señaló que tendrá que ser recluido en una prisión de alta seguridad en el país.
Inicialmente, fue enviado a la cárcel La Modelo, en Bogotá, pero su abogado pidió que le cambiaran el centro de reclusión para estar más cerca de su familia y porque su salud es delicada. El abogado, además, reveló en la audiencia que Tapia sí ha buscado colaborar con la Fiscalía en el proceso. Tapia fue enviado a la cárcel el pasado 24 de septiembre por un juez de garantías de Bogotá, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
El funcionario judicial concluyó que el “zar de la contratación”, como también es llamado el contratista cordobés, representa un peligro para la sociedad, por sus antecedentes de corrupción, y además podría obstaculizar la investigación que adelanta el ente investigador para establecer qué ocurrió con el billonario contrato que pretendía llevar internet a zonas rurales de Colombia.
Tapia sería el “hombre de atrás” de al menos tres de las cuatro empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados, que se ganó la licitación por $1,07 billones para construir centros digitales en la ruralidad. Según la Fiscalía, para presentarse a ese concurso, Tapia, en compañía del representante legal de la UT, Luis Fernando Duque, y del agente de seguros Juan José Laverde habrían adquirido una garantía bancaria que resultó falsa.
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