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El caso del millonario contrato que firmó el Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados se acerca a sus primeras condenas. Después de que la Fiscalía imputara cargos a Juan José Laverde, Jorge Enrique López y Luis Fernando Duque, los tres señalados en el entramado de corrupción habrían llegado a un preacuerdo con el ente investigador para recibir una condena anticipada. Los señalados serían responsables del desfalco en el contrato que buscaba llevar conectividad de internet a miles de escuelas rurales del país y que le costó el cargo a la entonces ministra de esa cartera Karen Abudinen.
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En el caso de Jorge Enrique López, la Fiscalía logró un preacuerdo con el empresario el 30 de agosto de 2022, pero aún falta que un juez decida si lo avala o no el próximo 19 de octubre. López fue señalado por el ente investigador en 2021 de ser el encargado de conseguir las pólizas falsas con las que la Unión Temporal Centros Poblados logró hacerse con el millonario contrato durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Por estos hechos, López fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.
Luis Fernando Duque, representante legal de la controvertida Unión Temporal, fue imputado por el delito de peculado por apropiación por su rol dentro del entramado de corrupción. En su momento, Duque no aceptó los cargos que se le imputaban y alegaba su inocencia, pero ahora estaría dispuesto a aceptar los cargos mediante un preacuerdo que será revisado el 28 de septiembre de 2022. En febrero de 2022, Duque debió ser trasladado de la prisión donde se encontraba recluido tras supuestas amenazas.
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El primero de los señalados en salir a buscar un preacuerdo con la Fiscalía fue el representante de la empresa aseguradora, Rave Seguros, Juan José Laverde. En mayo de 2022, el empresario acordó con el ente investigador el reintegro de más de $186 millones y el pago de cuatro meses de prisión. Este acuerdo, que deberá ser avalado por un juez el próximo 14 de diciembre, se logró gracias a la colaboración de Laverde para testificar contra los otros implicados en el entramado de corrupción.
Mediante el acuerdo, el empresario de seguros aceptaría los cargos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Laverde habría participado en la falsificación de la garantía bancaria que permitió a Centros Poblados adjudicarse el contrato de $1.07 billones de pesos. Hasta el 20 de mayo de 2022, fecha en la que se conoció el preacuerdo, el empresario solo habría reintegrado $80 millones de lo que recibió por su participación en el desfalco.
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Según la Fiscalía, los tres imputados actuaron de la mano con Emilio Tapia, zar de la contratación, para hacerse con el contrato de conectividad y desfalcar al Estado por más de $70.000 millones. El condenado por el escándalo del carrusel de la contratación le fueron imputados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por ser el “hombre de atrás” de al menos tres de las cuatro empresas que conforman la Unión Temporal. Según la Fiscalía, Tapia se unió junto a Duque y Laverde para adquirir un seguro bancario falso a través de López.
Actualmente, Tapia se encuentra a la espera de la audiencia de acusación que tendrá lugar el 28 de septiembre a las dos de la tarde. Durante anteriores audiencias, la defensa del zar de la contratación aseguró que Tapia sí ha buscado colaborar con la justicia en el proceso de corrupción. El empresario cordobés fue enviado a prisión el pasado 24 de septiembre después de haber sido imputado por ser el presunto coordinador del millonario desfalco.
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