Cepeda acude a la Corte Penal Internacional por “impunidad” de violencia del Paro
El senador Iván Cepeda envió una comunicación a la CPI, en la que pidió que se incluya en el examen preliminar sobre Colombia los homicidios, torturas y hechos de violencia sexual ocurridos durante el paro nacional de 2021. Según dice, estos episodios tienen las características de delitos de lesa humanidad y no estarían siendo juzgados imparcialmente.
El senador Iván Cepeda y seis organizaciones de derechos humanos enviaron una nueva comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) en la que aseguran que existe una demora injustificada para investigar los hechos de violencia ocurridos en el paro nacional iniciado el 28 de abril de este año. Así mimo, el informe que presentó el senador del Polo sostiene que estos hechos, entre los que hay homicidios, denuncias de tortura y violencia sexual, ya habrían adquirido las características de crímenes de lesa humanidad. Piden que estos hechos sean incluidos en el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
De la misma manera, la misiva presentada a la CPI sostiene que “en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales”. Según los firmantes, en la investigación de los casos de violencia, en algunos casos policial, las indagaciones están siendo llevadas por la Justicia Penal Militar y, según el informe, “la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos”.
Lea también: Cinep pide respetar DD. HH. en protesta social
En las cifras contenidas en el informe que Cepeda hizo llegar al tribunal internacional, se da cuenta de 3.954 víctimas de violaciones a derechos humanos. Según el documento, del 7 de junio de 2021 a la fecha ocurrieron 136 nuevos hechos violentos que habrían dejado más de mil víctimas. Los casos denunciados por los firmantes incluyen asesinatos, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física y hasta desaparición forzada.
En lo hechos denunciados por Cepeda y las ONG, aseguraron que muchos de estos serían atribuibles “al expresidente, Álvaro Uribe Vélez; al presidente, Iván Duque Márquez; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda y al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas”. Según la misiva, ellos serían los posibles máximos responsables de estas conductas por “su posible promoción, tolerancia y permisibilidad”. Además, dijeron los firmantes, “ninguno de los presuntos máximos responsables está siendo investigado por su participación en las conductas descritas por parte de la justicia colombiana”.
Podría interesarle: Así van las investigaciones por civiles armados en Cali: más allá de Andrés Escobar
En la comunicación se hace énfasis en la autoridad que lleva las investigaciones. Según sus cifras, la Justicia Penal Militar adelanta 52 procesos y “es importante señalar que dentro de la conducta de lesiones personales se investigan hechos relacionados con mutilaciones oculares y otros actos de tortura ocasionados por el uso excesivo de la fuerza”. Así mismo, Cepeda manifestó que, aunque el derecho internacional señala que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a “un tribunal independiente, imparcial y competente”, esta situación no se estaría respetando en Colombia.
Lea aquí: Gobierno emite lineamientos para proteger estatuas y otros bienes culturales
En este panorama, Cepeda, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo Orlando Fals Borda, Temblores ONG, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente le hicieron un llamado al fiscal de la CPI, Karim Khan: que, durante su próxima visita a Colombia, planeada para octubre de este año, se reúna con las víctimas del Paro Nacional. También pidieron que la Corte preste particular atención en la investigación, judicialización y sanción en la justicia colombiana al personal policial y “los máximos responsables involucrados en los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas sociales del país”.
El senador Iván Cepeda y seis organizaciones de derechos humanos enviaron una nueva comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) en la que aseguran que existe una demora injustificada para investigar los hechos de violencia ocurridos en el paro nacional iniciado el 28 de abril de este año. Así mimo, el informe que presentó el senador del Polo sostiene que estos hechos, entre los que hay homicidios, denuncias de tortura y violencia sexual, ya habrían adquirido las características de crímenes de lesa humanidad. Piden que estos hechos sean incluidos en el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
De la misma manera, la misiva presentada a la CPI sostiene que “en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales”. Según los firmantes, en la investigación de los casos de violencia, en algunos casos policial, las indagaciones están siendo llevadas por la Justicia Penal Militar y, según el informe, “la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos”.
Lea también: Cinep pide respetar DD. HH. en protesta social
En las cifras contenidas en el informe que Cepeda hizo llegar al tribunal internacional, se da cuenta de 3.954 víctimas de violaciones a derechos humanos. Según el documento, del 7 de junio de 2021 a la fecha ocurrieron 136 nuevos hechos violentos que habrían dejado más de mil víctimas. Los casos denunciados por los firmantes incluyen asesinatos, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física y hasta desaparición forzada.
En lo hechos denunciados por Cepeda y las ONG, aseguraron que muchos de estos serían atribuibles “al expresidente, Álvaro Uribe Vélez; al presidente, Iván Duque Márquez; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda y al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas”. Según la misiva, ellos serían los posibles máximos responsables de estas conductas por “su posible promoción, tolerancia y permisibilidad”. Además, dijeron los firmantes, “ninguno de los presuntos máximos responsables está siendo investigado por su participación en las conductas descritas por parte de la justicia colombiana”.
Podría interesarle: Así van las investigaciones por civiles armados en Cali: más allá de Andrés Escobar
En la comunicación se hace énfasis en la autoridad que lleva las investigaciones. Según sus cifras, la Justicia Penal Militar adelanta 52 procesos y “es importante señalar que dentro de la conducta de lesiones personales se investigan hechos relacionados con mutilaciones oculares y otros actos de tortura ocasionados por el uso excesivo de la fuerza”. Así mismo, Cepeda manifestó que, aunque el derecho internacional señala que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a “un tribunal independiente, imparcial y competente”, esta situación no se estaría respetando en Colombia.
Lea aquí: Gobierno emite lineamientos para proteger estatuas y otros bienes culturales
En este panorama, Cepeda, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo Orlando Fals Borda, Temblores ONG, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente le hicieron un llamado al fiscal de la CPI, Karim Khan: que, durante su próxima visita a Colombia, planeada para octubre de este año, se reúna con las víctimas del Paro Nacional. También pidieron que la Corte preste particular atención en la investigación, judicialización y sanción en la justicia colombiana al personal policial y “los máximos responsables involucrados en los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas sociales del país”.