La Corte Suprema de Justicia acaba de darle un revés a las intenciones del senador Iván Cepeda por intentar, vía acción de tutela, que la Fiscalía presente el escrito de acusación y llame oficialmente a juicio al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. El expediente que lo vincula a presunta manipulación de testigos para resultar favorecido en otros procesos por supuesto apoyo al paramilitarismo. La Corte declaró improcedente el reclamo y, así, el llamado a juicio sigue dependiendo de la Fiscalía.
En contexto: De fiscal en fiscal: así se ha dilatado el caso Uribe por manipulación de testigos
La acción de tutela fue radicada en noviembre de 2023, mismo mes que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la petición. El senador Cepeda, no obstante, apeló ese fallo, buscando que la Corte Suprema le diera la razón en última instancia. Sin embargo, la alta corte consideró que no es posible emitir tal tipo de orden a la Fiscalía, cuando el mismo ente investigador se encuentra en proceso de decisión. Desde el pasado 16 de enero, el fiscal Gilberto Villareal, por encargo del exfiscal general Francisco Barbosa, está considerando si presentar una solicitud de preclusión o llamar a juicio al primer expresidente en la historia de Colombia.
Lo cierto es que han pasado más de tres años y medio desde que el expediente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez aterrizó en la Fiscalía. A pesar de contar con una robusta documentación recopilada por la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de la justicia penal que, cuando era competente, ordenó la detención domiciliaria del exmandatario, el ente investigador ha dedicado su trabajo a buscar que la justicia considere que Uribe no cometió delitos.
Le puede interesar: Caso Uribe: Tribunal rajó el trabajo de la Fiscalía. ¿Qué le dijo?
La hipótesis inicial contra Uribe está definida, pero en el engranaje de la justicia no se ha hecho un solo procedimiento que signifique un avance real desde que el caso lo tiene la administración Barbosa. Desde agosto de 2020, la Corte Suprema aseguró tener pruebas de que Uribe Vélez habría intentado controlar testigos para que declararan a su favor en procesos por apoyo al paramilitarismo y, al mismo tiempo, enlodaran al senador Iván Cepeda. Con las mismas pruebas, el abogado Diego Cadena, quien representó al exmandatario, está en juicio por decisión de otros fiscales y le suspendieron su tarjeta profesional.
La decisión de llamar a juicio a Uribe está en manos de la Fiscalía desde noviembre de 2020, cuando el juez Cuarto Penal de Circuito de Bogotá consideró que, una vez el caso aterrizó desde la Corte Suprema, el exmandatario mantiene la calidad de imputado. La siguiente fase procesal, en una pesquisa que la Fiscalía quisiera llevar a condena, es la presentación del escrito de acusación. Sin embargo, han pasado cuatro fiscales por el proceso y ninguno ha querido hacerlo, argumentando que no hallan delitos en las pruebas del expediente. El primero fue Gabriel Jaimes, luego siguió Javier Cárdenas, este año Víctor Salcedo salió recusado, y ahora Gilberto Villareal estudia qué hacer con esta historia judicial.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.