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La Procuraduría detalló su teoría final del caso contra los policías involucrados en las chuzadas a la niñera Marelbys Meza, quien trabajaba en la casa de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. A través de la emisión de un pliego de cargos, que significa el llamado a juicio disciplinario, la Procuraduría consideró que las interceptaciones ilegales existieron y por ello deben responder seis uniformados.
Se trata de los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, pertenecientes al Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencias Organizadas GREDO, para la época de los hechos. Además, el capitán, Carlos Andrés Correa, en su condición de investigador criminal del señalado grupo; el patrullero, Jhon Fredi Morales, entonces investigador criminal asignado al Clan del Golfo, del Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Región seis.
Asimismo, los entonces investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera, Dana Alejandra Canizales Bonilla. Todos, según el llamado a juicio, hicieron parte de un plan para interceptar las comunicaciones de quien, para 2023, era la niñera del hijo de Laura Sarabia, quien ya era una de las manos derechas del presidente Gustavo Petro.
Todo inició con la denuncia de Sarabia por el supuesto hurto de $12 millones de pesos, que estaban en una maleta. A partir de allí, el investigador Alfonso Quinchanegua entregó informe del 31 de enero de 2023 solicitando la interceptación de comunicaciones de la línea de Marelbys Meza e información de otros números telefónicos.
“Al parecer, tras la negativa de la fiscal del caso de ordenar estas interceptaciones, el 2 de febrero de 2023, Quinchanegua y Danna Canizalez habrían falsificado el informe de investigador de campo y la declaración de fuente no formal, para obtener la orden de interceptación de las líneas telefónicas de la mencionada Marelbys Meza, su compañero sentimental Yhonson Pineda Sarmiento y su amiga Lucelia Robles, haciéndolos pasar como alias ‘Pini’ y alias ‘Pacho’”, explicó la Procuraduría.
Para el órgano de control, los informes que salieron de esa solicitud indujeron al error al Fiscal 101 de la Unidad contra Hurtos, quien ordenó la interceptación de los números telefónicos celulares. De hecho, a la Fiscalía se le notificó que todo era parte de una investigación contra supuestos miembros del Clan del Golfo, en Chocó.
“Frente a este último hecho se conoció que, un día después de la denuncia formulada por el esposo de Laura Sarabia, el patrullero Morales Cárdenas posiblemente falsificó el informe de campo con destino a otro proceso en el que él fungía como investigador judicial y donde se señalaba que los números de Marelbys Meza y Fabiola Perea correspondían a alias “la Cocinera” y “la Madrina”, integrantes del Clan del Golfo”, se lee en un comunicado de prensa de la Procuraduría.
Al final, la Procuraduría reprochó la conducta de los mayores de la Policía, López Tolosa y Camacho Prada, quienes no habrían verificado y corroborado que la información obtenida sirviera para investigaciones reales. El órgano de control consideró la conducta de los investigados con plena intención y, a partir de ahora, delimitará sus responsabilidades en juicio.
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