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José David García Fernández, el hombre que hace una década estaba a cargo de la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado a siete años de prisión. Un juzgado penal encontró que en lugar de proteger a los miembros del alto tribunal, conspiró contra ellos, haciendo parte de un plan para grabar sus conversaciones privadas y que era orquestado desde Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño.
El exmiembro de la Policía aceptó cargos durante la audiencia y al finalizar de la misma fue capturado y enviado a una prisión.El exjefe de seguridad de los miembros del alto tribunal admitió haber reclutado, entre 2007 y 2009, al conductor del entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez y la exauxiliar de servicios generales que servía los tintos en la Sala Plena de la Corte Suprema, para que grabaran las sesiones reservadas de ese alto tribunal.
En este contexto, el magistrado Iván Velásquez era el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los legisladores que habían sido vinculados al escándalo de la parapolítica, aquellos parlamentarios investigados por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Entre ellos, Erik Morris, Mario Uribe (primo del expresidente Álvaro Uribe), Álvaro García, Álvaro Araujo, Dieb Malof, Luis Eduardo Vives, entre otros congresistas miembros de la coalición de gobierno.
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En esta labor, García Fernández actuó bajo las órdenes de la exdetective del DAS Alba Luz Flórez Gélvez, conocida como la Matajari. Según las pruebas recaudadas por el ente investigador, también obtuvieron copias de expedientes de las investigaciones que el alto tribunal adelantaba contra excongresistas relacionados el escándalo de la parapolítica.
En 2010, Flórez Gélvez le confesó al país cómo el organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño no sólo fotocopió expedientes de la parapolítica reservados, sino que además persiguió e infiltró los esquemas de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto de instalar grabadoras en sus salas plenas para espiar todos los movimientos del alto tribunal.
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También, según lo investigado por la Fiscalía, se recopilaron los números de los celulares de los magistrados. Por estos mismos hechos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en abril de 2015, condenó a la directora de este organismo de seguridad adscrito a la Presidencia de la República, María del Pilar Hurtado Afanador y al secretario general de Palacio, Bernardo Moreno Villegas.