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Acaba de ser declarada nula la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años contra Mario Alejandro Aranguren, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el segundo gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez. La Procuraduría, en dos decisiones de 2010, lo sacó del cargo ante el escándalo de las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cual bajo ordenes de la Casa de Nariño -como se ha conocido en procesos penales- ordenó escarbar información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, así, iniciar una campaña de desprestigio contra los altos funcionarios judiciales.
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La Sección Segunda del Consejo de Estado estudió una demanda de Mario Aranguren, quien solicitó declarar nulas dos decisiones de la Procuraduría que terminaron en su destitución. Argumentó que recibió ordenes de Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia, para que adelantara una investigación contra el señor Asencio Reyes Serrano y sus supuestos nexos con el narcotráfico. Se trataba de una persona que solo había contratado un vuelo chárter con el cual magistrados de la Corte Suprema viajaron a Neiva en junio de 2006. Aranguren, entonces, estaba a cargo del órgano e inteligencia financiera de Colombia.
El caso, desprendido del escándalo de las chuzadas del DAS, es conocido como la operación paseo. Un plan orquestado por miembros de la Presidencia y el extinto DAS, con el cual intentó ubicarse información que pudiese comprometer a los magistrados y, así, entregar revelaciones a la prensa. Una campaña de desprestigio. La Procuraduría destituyó a Aranguren por una reunión del 24 de abril de 2008, en la Casa de Nariño, en la cual funcionarios de la UIAF entregaron información confidencial de los togados a Bernardo Moreno, al parecer el congresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo -exsecretario jurídico de Uribe Vélez- y María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS condenada por las chuzadas.
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Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que Aranguren permitió se entregara información confidencial a una autoridad competente. Es decir, actuó en el marco de sus funciones, tras la orden que en su momento aparentaba legitimidad. “(Aranguren) recibió un requerimiento de una autoridad competente o receptora de productos de inteligencia, el cual por ser conexo y vinculado a la actividad de la Unidad que dirigía, impulsó internamente; y no propició la comisión de un ilícito, ni el desconocimiento del principio de reserva y derecho a la intimidad”, señaló la alta corte.
En este punto, cabe destacar que la Procuraduría lo procesó por supuestamente entrometerse sin justificación en la vida íntima de las personas, en este caso magistrados que, para entonces, iniciaban sus procesos investigativos por la denominada parapolítica. A pesar de que bajo ese cargo el Consejo de Estado consideró que cumplió con sus funciones constitucionales, la alta corte dio validez a la condena penal que pesa sobre el exdirector de la UIAF por orden del Tribunal Superior de Bogotá en 2018. Está sentenciado a 11 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción, pues tras entregar la información participó de un entramado de desprestigio contra quienes fueron al paseo de Neiva.
Volviendo al contexto del Consejo de Estado, la alta corte anotó que la UIAF atiende los requerimientos de las autoridades nacionales y las unidades de inteligencia financiera de otros países y, además, que realiza informes con destino permanente a la Fiscalía. “Su fin es prevenir amenazas como el terrorismo y el crimen organizado, y proteger intereses vitales para la Nación como la integridad territorial y sus recursos naturales. El resultado del ciclo de inteligencia es un producto cuyo fin último es nutrir la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional”, agregó el Consejo.
Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, confesó en versión libre que el 21 de noviembre de 2007 entregó un sobre al director de la UIAF Aranguren para que adelantara labores de inteligencia contra Ascencio Reyes. El Consejo de Estado encontró que entre las funciones del secretario general está en asistir al presidente de la República en calidad de jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. “Al preguntársele al primer mandatario de la época, señor Álvaro Uribe Vélez, si dio una instrucción para que el señor Bernardo Moreno Villegas recibiera reportes de la UIAF, respondió que ‘Sí, bajo los principios de la sana administración y de la legalidad jurídica’”, fue otro de los episodios descritos por el Consejo.
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Así entonces, el Consejo tumbó la destitución de Aranguren en la UIAF, sin embargo, no recibirá los salarios dejados de percibir. En otros procesos penales, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado enfrenta una condena de 14 años de prisión por la operación Paseo y otros casos de chuzadas a periodistas, magistrados y congresistas opositores del gobierno Uribe Vélez. César Mauricio Velásquez, exjefe de prensa, y Edmundo del Castillo, altos funcionarios de esa presidencia, también fueron declarados responsables por las chuzadas del DAS. Hurtado espera su segunda ronda en la Corte Suprema, mientras los casos de Velásquez, del Castillo y Aranguren son resueltos allí mismo, en primera instancia, en el tribunal que habrían buscado desprestigiar hace más de una década.