Ciberataque: así lo vive la Rama Judicial, que atiende lo urgente, pero hay demoras

La Rama Judicial está hackeada. Su página web no responde y la culpa es de uno o varios delincuentes cibernéticos, quienes tienen secuestrada la información digital de la justicia que está en manos de IFX Network: un proveedor de bases de datos que contrata con decenas de entidades públicas que también están, desde esta semana, a la merced del delito digital. El Consejo Superior de la Judicatura tomó medidas urgentes y suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional hasta el próximo 20 de septiembre, a excepción de procesos de solución inmediata como las de tutela, habeas corpus y la función de control de Garantías. El Espectador hizo un recorrido por juzgados con distintas funciones en Bogotá y encontró que, el primer día de la medida, tuvo consecuencias distintas para cada uno.

La Rama Judicial está hackeada. Su página web no responde y la culpa es de uno o varios delincuentes cibernéticos, quienes tienen secuestrada la información digital de la justicia que está en manos de IFX Network: un proveedor de bases de datos que contrata con decenas de entidades públicas que también están, desde esta semana, a la merced del delito digital. El Consejo Superior de la Judicatura tomó medidas urgentes y suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional hasta el próximo 20 de septiembre, a excepción de procesos de solución inmediata como las de tutela, habeas corpus y la función de control de Garantías. El Espectador hizo un recorrido por juzgados con distintas funciones en Bogotá y encontró que, el primer día de la medida, tuvo consecuencias distintas para cada uno.

Los juzgados con función de Garantías, por ejemplo, en Paloquemao, no se han visto afectados en lo absoluto. Únicamente los despachos que funcionan con la plataforma Lifesize, para sus audiencias virtuales, señalaron problemas de conectividad, pero sus bases de datos están seguras, por ahora, del hackeo. La razón es que el Consejo Superior de la Judicatura tiene contratos con IFX Networks de bases de datos para cierto tipo de juzgados. Por ejemplo, los que resuelven la restitución de tierras tampoco se han visto afectados. “Como sabemos, el proveedor IFX manejaba un gran porcentaje de nuestra nube en la Rama Judicial. La posición de la Judicatura es que las audiencias donde estén todas las partes y se puedan realizar, las deben hacer los jueces”, señaló su presidente, Aurelio Enrique Rodríguez.

(En contexto: Ataque digital en Colombia afecta a más de 20 entidades del Estado)

Sin embargo, fuentes cercanas a la gestión de la Rama Judicial le confirmaron a este diario que, en lo penal, algunos despachos suspendieron todo lo concerniente a los procesos: acusaciones, audiencias preparatorias, juicios o libertades por vencimiento de términos. Pero se siguen procesando capturas y allanamientos de viviendas. “La justicia queda en una especie de congelador, salvo aquellas actuaciones más urgentes. Es una para, como la que vemos en diciembre o en Semana Santa. No es grave, solamente abogados y fiscales tendrán días extra para hacer sus peticiones y solicitudes. El sistema no es infalible y por supuesto que hay personas al acecho para hacer daño”, señaló en entrevista el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate.

(Le recomendamos leer: Ciberataques: consejos de seguridad digital para evitar daños y robo de datos)

Por su parte, el penalista Iván Cancino agrega que, estos días de suspensión de términos, terminarán afectando a personas que quieran hacer efectivos títulos judiciales y que dependen de ese dinero. Y un problema real será la reprogramación de las audiencias que estaban fijadas en otros aspectos de la justicia. “Imagínese usted un juzgado con agenda llena de tres meses o más, pues las audiencias se van a aplazar. Si es que suceden al final, se demorarán seis meses en hacerse”, dijo. A esa misma conclusión llegó una fuente de un juzgado laboral capitalino, que explicó que la agenda programada tiene riesgo de correrse. No obstante, aclaró que no hay riesgo de prescripción de procesos, dado que se suspendieron términos, y que en cada juez está la decisión de suspender sus respectivas audiencias.

(Podría interesarle: Corte Suprema pide proteger a servidores judiciales luego de ataque en Tuluá)

En lo que coincidieron los juzgados Laborales y los de Familia es que la comunicación con las partes de los procesos, tal como venía sucediendo en la era digital, está totalmente frenada. No hay forma de notificarle a abogados e interesados las decisiones que los jueces han ido tomando durante los últimos días. “El hackeo frenó todos los asuntos de la gente que está esperando decisión. Tenemos personas esperando resultados sobre sus divorcios, demandas de alimentos y custodias de menores de edad. Y esto es aparte de la congestión que nosotros ya tenemos. Tratamos de seguir trabajando porque los sistemas están lentos, pero nuestro trabajo no lo podemos mostrar al público, porque la página sigue totalmente caída”, señaló una fuente que trabaja en un despacho de Familia.

(Lea también: Ciberataque en Colombia: ¿qué se sabe de los daños a páginas web del Estado?)

Por ahora, las fuentes coinciden en que las funciones de cada juzgado se han superado con normalidad durante los primeros días del hackeo, no obstante, prevén que día a día los despachos se llenarán cada vez más de personas que buscan respuesta. Lo cual significa mayor congestión en términos de tiempo, porque lo que hasta hace unos días se resolvía por correo, ahora deberá explicarse con la palabra. En cuanto al Tribunal Superior de Bogotá, su presidente, el magistrado Manuel Alfonso Zamudio, bajó los ánimos y respondió que, por ahora, lo que se aproxima es una acumulación de notificaciones. “Mientras tanto, el Tribunal Superior de Bogotá y los juzgados están atendiendo a los usuarios de manera normal. Los despachos están abiertos”, le dijo a El Espectador.

(Lea también: Ciberataque en Colombia: suspenden términos judiciales por fallas de sistemas)

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, entregó declaraciones desde Cali, pues no solo tiene un problema cibernético, sino uno dramático tras las amenazas a la Rama Judicial del Valle por cuenta de armados en Tuluá. La prensa cuestionó a Rodríguez sobre si es posible que este ciberataque termine con una pérdida masiva de datos. Ante ello, el presidente respondió: “Eso no se lo puedo contestar, hasta que IFX nos responda lo que está pasando”. Y, ante las preguntas sobre si cambiarán de proveedor de base de datos, Rodríguez dijo: “No se sabe”. Por ahora, hay tensa calma en los juzgados, que están a la expectativa de saber cómo se va a recuperar el sistema. Mientras cerrábamos este artículo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema se unió a la suspensión de términos porque, hasta a la cúpula de la justicia, también llegaron los hackers.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.