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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de los desmovilizados de la guerrilla del Epl Jhon Ubaté y Gloria Bogotá, desaparecidos en Cali en 1995. El organismo interamericano señaló que emitió un informe que ya fue entregado al Gobierno colombiano con las recomendaciones de la Comisión sobre este caso y le dio el plazo de dos meses para que informe qué ha hecho para cumplir lo recomendado por la CIDH.
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Asimismo, la Comisión lea pidió a los abogados de las víctimas entregar dentro de un mes su postura sobre que el caso de Ubaté y Bogotá pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y sus pretensiones en materia de reparación. Jhon Ubaté cuando fue desaparecido tenía 23 años y se había graduado como administrador de empresas luego de que se desmovilizó del Epl por los Acuerdos de Paz de 1991. Cuando se fue a vivir a Cali, se instaló en la zona de Siloé, en la comuna 20, y luego integró el Comité de Derechos Humanos de esta comuna.
El 19 de mayo de 1995, frente a la Clínica Tequendama de Cali, varios policías del Gaula vestidos de civil capturaron a Jhon y Gloria, que en ese momento estaba con él. Dentro de la información que ha recogido en 26 años Sandra Ubaté -hermana de Jhon- cuenta que más de 40 testigos vieron cómo ambos fueron golpeados, que su hermano se subió al vehículo en la que iban los policías y gritaba que lo iban a desaparecer, y posteriormente vieron cómo se los llevaban en ese mismo carro.
“El argumento de la Policía es que mi hermano estaba haciendo una extorsión. Pero si era eso realmente, por qué no hacen una captura legal. Luego pude descubrir que ese grupo de policías estaba trabajando con particulares de mucho poder en Cali. Hay muchas similitudes con lo que ha pasado ahora en el paro: el apoyo de particulares a la fuerza pública, las capturas, las desapariciones. Cali ha sido como un laboratorio de violencia”, le dijo Sandra Ubaté a este diario el 10 de julio de 2021.
El caso de Jhon y Gloria entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un mes después de la desaparición, junio de 1995. Aunque el mayor Manuel de Jesús Lozada, quien estaba a cargo del operativo del Gaula cuando desaparecieron los dos reincorporados, fue privado de la libertad en 1999, cinco años después el juzgado lo absolvió sin que se le notificara a la familia Ubaté Monroy y a su abogado. Por este tiempo en prisión, Lozada demandó al Estado y fue indemnizado.
Sandra Ubaté ha insistido en que los restos de su hermano y Bogotá aparezcan. “Encontrar a mi hermano es una meta personal. Y también es por darles un poco de paz a mi papá y a mi mamá. Que tengan un lugar donde ir a llorar a mi hermano y que dejen de esperarlo todas las Navidades, de celebrar todos sus cumpleaños, de esperarlo el día de la madre”, le dijo a este diario Sandra Ubáté. Sandra tuvo que salir exiliada hacia Chile en 1997, tras las constantes amenazas contra ella y su familia por insistir en la búsqueda.